Piden la imputación de varios cargos del Ayuntamiento de Murcia por el incendio en las discotecas de Atalayas

Los familiares de varias de las trece víctimas del incendio en Atalayas (Murcia), han exigido la imputación, entre otros, de los concejales de Urbanismo Andrés Francisco Guerrero Martínez (PSOE) y Antonio Navarro Colchón (PP), ambos por no ejecutar la orden de cierre de la sala Teatre. Además, piden que se persone como testigo el alcalde José Ballesta (PP). El local incendiado, junto a Fonda Milagros, operaba sin licencia desde que se segregaron en dos a partir del Teatre original en junio de 2019.

En la petición, presentada por el letrado Pedro López Graña, la acusación denuncia que el anterior edil Guerrero Martínez “no procedió a la verificación de su ejecución, constituyendo tal actuación una obligación suya el control de la ejecución de las resoluciones que dictan en su concejalía”. Por su parte, las familias consideran “directamente responsable” al popular Navarro Colchón, de revocar “las directrices e instrucciones que establecían los criterios sobre la normativa que regulan las licencias, provocando una ausencia de criterios que permitían la total arbitrariedad en el funcionamiento del servicio”. Lo consideran también responsable de omitir que la inexistencia de licencia “era un dato conocido desde el principio del acontecimiento del hecho”.

También exigen la investigación de los dos funcionarios públicos, Jefes de Servicios de Intervención y Disciplina Urbanística y Jefe de Servicio Técnico de Obras y Actividades que han sido suspendidos de forma cautelar de sus funciones, “separados por el alcalde de Murcia por su implicación en los hechos, derivada por no ejecutar la Orden de Precinto y Cierre de 11 de octubre de 2022”, resume la acusación. Por último, han solicitado copia de las agendas electrónicas de los concejales desde el año 2019; y de las visitas y acceso que han tenido todos los expedientes de Teatre.

“Maltrato judicial”

La acusación de las familias ha tenido que solicitar amparo al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por lo que consideran un “maltrato judicial” por parte del Juzgado que instruye la investigación de las muertes de las 13 víctimas de la tragedia.

En un escrito presentado por el letrado de varios familiares de las víctimas, Pedro López Graña, se denuncia una “dilación indebida” por parte del Juzgado instructor en la provisión de su personación en calidad de acusación particular: “Una merma de nuestro legítimo derecho a la instrucción de la causa y defensa de los intereses de mis representados”, subraya el abogado.

Según Graña, desde el Juzgado instructor ha habido una negativa a “dar traslado e información de las actuaciones procesales obrantes en autos a las representación procesal” de los mandantes en calidad de víctimas/perjudicados en las actuaciones judiciales“: ”Hemos ido a hablar personalmente con la juez y nos dice que la semana que viene tendremos acceso a la información, pero eso no es posible. No podemos aceptar ni tolerar la espera“, explica el letrado.

También afea que solo han recibido datos de la instrucción “por capítulos” a través de la prensa, pese a que el secreto de sumario se levantó el pasado 3 de octubre. La noticia del levantamiento de secreto de sumario, asegura, también la recibió a través de los medios de comunicación.