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La Policía confirma las citaciones a vecinos que colocaron pancartas de Sanfermines 78 por presuntas calumnias contra instituciones del Estado

La Delegación del Gobierno relaciona los carteles con una “campaña de incriminación, desprestigio e incitación al odio contra los miembros de la Policía Nacional”

Considera “una excusa” la reivindicación de los “trágicos sucesos de 1978”

Pancarta reivindicativa sobre los sucesos de Sanfermines 78.

Uno de los modelos de pancarta reivindicativa sobre los sucesos de Sanfermines 78 que investiga la Policía..

La Delegación del Gobierno en Navarra ha confirmado que la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía ha notificado citaciones judiciales para prestar declaración por un presunto delito de calumnias a vecinos de Pamplona en cuyos domicilios se exhiben pancartas alusivas a los sucesos ocurridos en Sanfermines de 1978. 

En una nota de prensa, la Delegación considera las pancartas “de contenido calumnioso contra Instituciones del Estado", y advierte de que "otras, a pesar de no constituir por sí mismas un presunto delito, se exhiben en unidad de acción dentro de una campaña de incriminación, desprestigio e incitación al odio contra los miembros de la Policía Nacional con la excusa de rememorar los trágicos sucesos de 1978 en los que fue asesinado Germán Rodríguez”.

La Delegación explica que la citación judicial se realiza para que los vecinos presten declaración como investigados por un presunto delito de calumnias contra las instituciones del Estado “y poder así esclarecer los hechos”.

Asimismo, detalla que las diligencias policiales  han sido iniciadas “de oficio” por Policía Nacional y recuerda que es "el procedimiento habitual cuando se detectan indicios de delito y que, en todo caso, será la autoridad judicial competente la que valore si existe o no tal delito”.

La representación del Gobierno central en Navarra asegura que la “voluntad” es que se puedan llegar a esclarecer los sucesos de 1978 y matiza que “por supuesto, se defienden los derechos y libertades fundamentales de las personas”. “Pero todo ello ni justifica ni ampara el descrédito de las instituciones del Estado ni de la labor que realiza Policía Nacional en aplicación de la legalidad vigente”.

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