Navarra estudia medidas contra los colegios del Opus Dei que prometieron aulas mixtas y siguen segregando

Los dos centros privados del Opus Dei que segregan por sexos en Navarra, que hasta ahora han venido recibiendo financiación pública a través de un concierto educativo, sólo han convertido en mixtas dos aulas de primero de Primaria y han dejado el resto de niveles separados por sexo. Esto supone el “incumplimiento” del acuerdo firmado con el Gobierno foral que el pasado mes de marzo motivó la renovación del concierto hasta 2027, según ha apuntado este lunes el consejero de Educación, Carlos Gimeno. El objeto del acuerdo alcanzado entonces era condición 'sine qua non' para mantener los conciertos, por estipularlo tanto la LOMLOE estatal como una disposición de la ley foral que regula dicha financiación. “Ha quedado constancia de que han incumplido lo que han firmado”, ha señalado Gimeno, quien ha advertido que “el Gobierno lo que tiene que hacer es exigir el cumplimiento de la ley”.

Los cuatro colegios del Opus Dei en Pamplona, con cerca de 4.500 alumnos y 350 docentes, recibieron 11,5 millones de euros de fondos públicos en 2018. En concreto, Miravalles-El Redín contó con 6.465.227,12 euros, mientras que para Irabia-Izaga fueron 5.108.649,02 euros. Cabe recordar que dichos colegios se unieron jurídicamente en su momento en estos dos centros para continuar optando a la financiación pública, y se comprometieron finalmente el pasado marzo a mezclar alumnos y alumnas en todas sus clases. La consecuencia de ello fue la renovación por parte del Ejecutivo foral del concierto hasta el 31 de agosto de 2027. No obstante, comenzado el curso escolar, el contenido de lo pactado no se está efectuando. Según ha señalado el consejero Gimeno, un servicio de Inspección ha realizado un informe sobre el seguimiento del acuerdo y a falta de “matizar” las actas, en los colegios Miravalles e Izaga –ambos de alumnas- la educación mixta está organizada sólo en primero de Primaria, mientras que el resto de aulas -de segundo a sexto de dicha etapa- continúan segregadas al contar únicamente con niñas en sus filas. Por su parte, los centros masculinos El Redín e Irabia no cuentan ya con aula de primero de Primaria al unificarse con las anteriores, para dejar el resto de niveles organizados de manera separada. Es decir, sólo con chicos.

A partir de ahora, ha indicado el consejero, será la Inspección la que traslade el acta oficial a la Dirección General de Educación, que será la encargada de analizar la situación. Pero ha sido claro: “Un Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la ley, no concibo un Gobierno que no haga cumplirla. Ahora bien, de qué manera se va a cumplir y cómo se va a trabajar esta cuestión, lo estamos analizando. Los servicios jurídicos comienzan a analizar esta situación, a trasladar los posibles procedimientos administrativos que estén contemplados en la normativa educativa en primera instancia. A partir de ahí, en los próximos días, de forma entiendo que rápida, el departamento de Educación establecerá el procedimiento administrativo más adecuado al respecto para restituir la legalidad”, ha señalado.

Con todo, el titular de Educación ha reconocido que no ha tenido ninguna comunicación formal con los mencionados centros: “No se ha mantenido ningún tipo de contacto ni entendemos que tengamos que mantenerlo, básicamente analizaremos la situación y a partir de ahí estableceremos la manera de cumplir la ley”, ha asegurado. En este sentido, ha confiado en que los servicios jurídicos de su departamento le trasladen “una descripción de las posibilidades jurídicas, normativas y administrativas, para tomar una decisión política”.

Reacciones políticas

A este respecto se han pronunciado los diferentes grupos políticos con representación en el Parlamento de Navarra. Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma (la coalición que aglutina UPN, Ciudadanos y PP) ha criticado que cuando “los colegios anunciaron lo que iban a hacer hace semanas y meses y el Gobierno no dijo absolutamente nada ni manifestó [a los colegios] que era insuficiente”. “Nosotros no vamos a renunciar a seguir defendiendo libertad que tienen las familias. Aquí ha habido un ataque en toda regla a los derechos de las familias. Se ha roto la igualdad, porque hasta ahora todos podíamos elegir el centro que queríamos para nuestros hijos y ahora no todo el mundo puede elegir”, ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Ramón Alzórriz, ha señalado que la decisión a adoptar debe basarse en lo establecido por la ley tras la evaluación de los informes remitidos por la Inspección. A la vez, ha valorado que “un consejero y un Gobierno progresista y valiente, después de 60 años, sea el que haya puesto la subvención encima de la mesa a quien no discrimine por sexo”.

Desde Geroa Bai, su portavoz Uxue Barkos, ha considerado que, como partido socio de gobierno, ha trasladado que es “el departamento [de Educación] quien debe establecer si el cumplimiento de la ley y de los acuerdos alcanzados son o no son. Y por tanto la aplicación de la ley en toda su dimensión”.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, ha acusado a los colegios de intentar “huir por una gatera” al buscar una “solución” no ajustada a la normativa. Ha abogado por aplicar las disposiciones vigentes y por “advertir” a los centros que, de mantenerse la situación, deben “rescindirse los conciertos”.

En esta línea también, Mikel Buil, portavoz del grupo parlamentario Podemos ha calificado de “traición” al acuerdo por parte de los centros y ha abogado por rescindir los conciertos. “Deberíamos de tomar cartas en el asunto de una forma beligerante”, ha sentenciado.

Por último, Marisa de Simón, portavoz de Izquierda-Ezquerra (I-E), ha recordado que su grupo ya advirtió que esto “iba a ocurrir”. “El departamento tiene que actuar inmediatamente, debe exigir a estos centros que recompongan su organización”. Ha acusado finalmente a los colegios de “tomar el pelo” al departamento de Educación y al Gobierno foral.