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La plantilla de Nestor Martin se siente "estafada" por Ignacio Diego, al que exigen que dé la cara

"Él nos ha traído hasta aquí, y él tendrá que darnos una solución", reclaman los antiguos trabajadores de Teka, que con la recolocación han perdido 3,5 millones de euros y un año de paro. 

Dos miembros del comité de empresa muestran todas las solicitudes de reunión que han cursado a Ignacio Diego, que hasta ahora no ha respondido a ninguna.

Dos miembros del comité de empresa muestran todas las solicitudes de reunión que han cursado a Ignacio Diego, que hasta ahora no ha respondido a ninguna.

Estafados, engañados e hipotecados. Así se sienten los trabajadores de Nestor Martín, que este viernes han vuelto a concentrarse frente a la sede del Gobierno regional para exigir al presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), que "dé la cara". Desde hace más de un mes, la plantilla viene requiriendo, sin éxito, un encuentro con el jefe del Ejecutivo cántabro, al que consideran el máximo responsable de la difícil situación laboral y personal que están atravesando.

El centenar de trabajadores de la factoría radicada en Camargo está sometido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el segundo desde que hace apenas tres años arrancó la producción, lo que ha provocado que ya hayan 'consumido' cerca de un año de paro.

En este sentido, los antiguos empleados de Teka han querido dejar claro ante la opinión pública que no son ningunos "privilegiados". Todo lo contrario. Para la puesta en marcha de la fábrica de estufas, cada trabajador puso sobre la mesa entre 30.000 y 40.000 euros de media. En total, casi 3,5 millones de euros provenientes de las liquidaciones que les correspondían por el despido en Teka, un dinero que ni siquiera llegó a pasar por sus manos sino que fue directamente a la saca de los dos inversores -Jesús Lavín y Andrés de León- que, por su parte, aportaron 3.000 euros de capital, el mínimo exigido para crear la nueva sociedad, según apuntan.   

Ahora están pendientes del Plan de Viabilidad que están elaborando los nuevos gestores, y que prevén será "muy duro". Las expectativas que manejan no son nada halagüeñas. El comité de empresa cree que habrá una reducción "drástica" de la plantilla y que quienes se queden sufrirán una bajada considerable en la nómina. Además, para que la empresa salga adelante es necesario buscar un nuevo inversor y, por el momento, desconocen que haya nadie interesado.

El Gobierno, que ha aportado más de diez millones de euros de dinero público, ha tomado el control de la compañía y se ha comprometido a dar a conocer este documento el próximo lunes día 20. Si no cumple, como ya ha sucedido en otras dos ocasiones, los trabajadores anuncian que subirán el tono de sus movilizaciones, especialmente, a partir del 4 de mayo, cuando oficialmente arranca la campaña electoral.     

Durante el acto de protesta, los empleados han recordado que Ignacio Diego fue quien trajo a los inversores y quien les 'empujó' a firmar el acuerdo, que además de la pérdida del finiquito supuso una reducción de un 12,5% del salario. "Él nos ha traído hasta aquí, y él nos tendrá que dar una solución", reclaman.

Sin embargo, hasta ahora el presidente ha ignorado todas sus solicitudes. Están convencidos de que "se esconde en la sombra" y que les están "mareando" para que pase el tiempo porque a Diego, candidato a la reelección, no le interesa que éste escándalo pase a primer plano político ante la proximidad de la cita electoral.

Igualmente, recriminan a los dirigentes del Gobierno de Cantabria que no hayan hecho un "seguimiento" de la evolución de la factoría, pese a haber aportado cinco millones de euros en créditos y otros cinco millones más en avales. El 30% de las acciones corresponde a la empresa pública Sodercan. Al hilo de estos, los trabajadores afectados han resaltado que ellos son "los primeros perjudicados, y los segundos todos los cántabros". De ese Plan de Viabilidad también depende una nueva ayuda pública de 3 millones de euros para reflotar la compañía.   

Mientras tanto la situación laboral comienza a hacer mella en la moral y el estado de ánimo de los trabajadores. Hace seis años que se vieron sorprendidos por el anuncio de Teka de despedir a parte de la plantilla con el ánimo de llevarse la producción de cocinas a Turquía. Después de un año de movilizaciones, luchas y negociaciones -que se saldaron con 171 despedidos, 70 más de los inicialmente acordados por el comité de empresa-, casi un centenar de empleados aceptaron la propuesta del Gobierno de Diego de recolocarse en Nestor Martín. A cambio cedieron el importe de la liquidación del despido pero lo que no sospechaban entonces es que la nueva empresa fuera a darles más quebraderos de cabeza que otra cosa.  

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