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El PP da por perdidos más de 600.000 euros del alquiler del Iradier Arena

Dicha cantidad corresponde a los importes no cobrados por siete eventos organizados en el multiusos tras aplicarles descuentos no contemplados en la ordenanza de precios públicos.

El gobierno muncipal esgrime un informe de la asesoría jurídica que concluye que se utilizó el multiusos tras un "acuerdo válido y legal".

La polémica gestión del recinto es investigada por un juez por un posible delito de prevaricación.

El perjuicio económico que provocó a las arcas municipales la aplicación de descuentos por el alquiler del recinto del Iradier Arena asciende, según estimaciones de los socialistas, a al menos 617.053 euros.  Esa cantidad no cobrada no regresará a la cuenta del consistorio porque el Gobierno popular no la va a reclamar. Así lo ha manifestado el concejal de Hacienda Manu Uriarte amparándose en un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

Dicho documento señala que la utilización del multiusos en esos casos se realizó tras un "acuerdo válido y legal". Uriarte hacía estas declaraciones tras la interpelación de la concejala socialista Marian Gutiérrez sobre las instrucciones de su departamento a ese respecto.

Precisamente el grupo socialista denunció ante los tribunales la gestión irregular por los supuestos beneficios fiscales aplicados en los contratos de utilización del multiusos.  En los siete usos denunciados se cobró entrada y el Consistorio sólo recaudó entre todos ellos 9.000 euros. Las promotoras privadas que alquilaron el multiusos no merecían esa bonificación.  Las deducciones, atendiendo a la normativa vigente, sólo se han de otorgar a aquellas actividades que son de interés social y sin ánimo de lucro y está condición no la cumplen esos espectáculos celebrados en el Iradier Arena mencionados por los socialistas. Se trata de tres conciertos musicales, de Melendi, Manolo García y Marea respectivamente y de los espectáculos de LEo Harlem, el Circo Wonderlam, el Rasteiz Festi Reggae y el Motor Show Freestyle.

Además un informe de la Secretaría General del Pleno calificó estas prácticas como actos nulos de pleno derecho.  Actualmente el caso está en manos del juez que deberá determinar su archiva la causa o sigue adelante con la instrucción por supuesto delito de prevaricación.

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