“Si el Gobierno aplica bien la ley de vivienda nadie acudirá a la justicia a reclamar un alquiler”
Bixen Itxaso, portavoz del PSE en materia de vivienda, se siente como el soldado que ha cumplido con su deber tras lograr llevar a buen puerto el proyecto de ley de vivienda. Tras dos años de trámite y debate parlamentario, el texto será una realidad en junio gracias al acuerdo tejido por el PSE (impulsor de la iniciativa) con UPyD y con EH Bildu. Una ley que aspira a dar respuesta a las necesidades sociales en materia de vivienda ya que “sin un techo, el resto de los derechos, como la educación o la sanidad, quedan en entredicho”.
¿Cree que la futura ley de vivienda va a tener un efecto llamado a nivel mundial, tal y como augura el Gobierno vasco?
Si eso fuera así, en los países centroeuropeos donde ya hay políticas de vivienda similares estarían reventados de gente y no se ha producido ningún fenómeno apocalíptico como al que apela el Gobierno.
Lay ley reconocerá el derecho subjetivo, pero hay requisitos.
El espíritu de la ley no es reventar las cuentas públicas ni regalar pisos. Es una lectura absurda, un argumento para ridiculizar una propuesta que trata de garantizar un derecho esencial. El Gobierno crea alarma social de manera infundada y lo que tendría que hacer es dimitir. Al Gobierno se le ha olvidado que en democracia existe un reparto de poderes y el legislativo es un poder independiente. Y al Gobierno no le quedará más remedio que cumplir la ley, como todo el mundo.
Ya, pero el Gobierno es el que hace el reglamento.
La ley no se hace contra el Gobierno. Al contrario, le emplazamos a que abrace los contenidos de la ley porque plantea políticas de vivienda que no son una ocurrencia, sino que se homologan a las políticas europeas más avanzadas, las que dan respuesta a las necesidades sociales. Se trata de ajustar la demanda de vivienda a las posibilidades que ofrece el parque público y privado.
Después de dos años de trámites, supongo que el PSE habrá tenido que renunciar a algunas propuestas y ceder para cerrar el acuerdo con UPyD y EH Bildu.
He culminado la tarea que se me ha encomendado. He tenido que transaccionar mucho, pero los elementos más emblemáticos se mantienen de acuerdo al espíritu original. Hemos aceptado planteamientos de los otros partidos, tal y como corresponde a una negociación, como el hecho de que toda la política de vivienda sea de alquiler.
La imposición de un canon a las viviendas vacías es una de las claves y no ha sido muy bien recibida por algunos partidos.
El canon permitirá aflorar pisos vacíos y ponerlos en el mercado de alquiler. Si los poderes públicos van a asumir déficit por sufragar el alquiler a las familias que lo necesiten, esa factura será menor si existe más oferta de alquiler. Cuantos más pisos en el mercado, precios menores.
Precisamente el mercado de alquiler libre parece que se mantiene inmune a la crisis, apenas ha bajado 45 euros de media el precio en el periodo 2007-2014.
La puesta en marcha de la ley sufrirá dificultades, pero si se cumple con su espíritu se logrará llegar a una política de vivienda donde las necesidades y la oferta del parque público se ajusten de manera ideal, de manera que no será necesario llegar a las medidas excepcionales. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho subjetivo. Si las políticas de vivienda son adecuadas nadie tendrá necesidad de acudir a la justicia a reclamar un alquiler. Tampoco harán falta las expropiaciones temporales de uso ni alquileres forzosos porque los propietarios entenderán que un piso vacío no puede seguir así cuando hay demanda acreditada. La carencia de un techo es el síntoma más claro de exclusión social y la ley lo que persigue es garantizar ese techo. No es una ley contra el Gobierno ni contra los bancos, es una ley a favor de los ciudadanos con necesidades de alquiler. El derecho a la vivienda hay que concretarlo.
¿La ley podrá dar satisfacción a las necesidades de vivienda?
La gran paradoja de esta sociedad avanzada es que hay desahucios masivos y la gente es sacada de sus casas casi con una épica casi medieval. Y eso no es compatible con la sociedad del siglo XXI. La larga marcha por las libertades públicas y los derechos civiles todos los días tiene una batalla que librar. Si la ley se hubiera parido hace 15 años y al calor de otros momentos, seguro que pasa inadvertida. Pero la ley aparece ahora, donde se producen dos o tres desahucios al día. Mientras queden personas en desamparo, familias expuestas a ser expulsadas o no que pueden acceder a un piso el resto de los derechos, como a la sanidad, educación o el trabajo, quedan en entredicho. No son caprichos bolivarianos. Es una ley para defender derechos del siglo XXI.
¿Es sostenible económicamente destinar todo el parque de vivienda protegida al alquiler y nada a la venta?
Es una contradicción adjudicar a alguien una VPO y que con el paso del tiempo vaya prosperando económicamente y siga con ella. Por eso hay que avanzar hacia el mercado de alquiler, que permita rotar y cuando las condiciones de una familia mejoran pues pasa a otro tipo de piso en el mercado libre o protegido, pero con una renta diferente.
Euskadi es la única comunidad autónoma sin ley de vivienda, pero es una de las más avanzadas en políticas de VPO.
A día de hoy, lo que se demuestra es que las políticas públicas de vivienda no han servido para garantizar un techo a las personas. Y en la medida en que se producen desahucios exige un cambio normativo, una nueva ley. No resolverá todos los problemas, pero las instituciones deben buscar remedios a algo tan grave. El tiempo dirá si la ley da una respuesta efectiva. Lo que es seguro que no dará respuesta es permanecer de brazos cruzados.
