Miren y Aitor necesitan un piso de alquiler social ya: el 31 de diciembre se quedan en la calle

Miren y Aitor viven la cuenta atrás. Si nada lo remedia, el próximo 31 de diciembre tendrán que dejar el piso de alquiler en el que viven en la localidad guipuzcoana de Pasaia una vez que ha vencido su contrato de arrendamiento de tres años. El problema es que esta joven pareja, con una niña pequeña y otra en camino, no tiene dónde ir porque se encuentra al borde de la exclusión social. Hasta ahora han podido pagar las cuotas del alquiler debido a que apenas rondaban los 450 euros, muy por debajo del precio en el mercado libre. Pero ahora el propietario de la vivienda la necesita para su hijo, quien también vive de alquiler.

Desde hace meses están buscando, con ayuda de los Servicios Sociales de Pasaia, otra vivienda desde Irún a Andoain, pero las más económicas no bajan de 750 euros. Teniendo en cuenta que ambos viven de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de 915 euros más una prestación de 250 euros de ayuda al pago del alquiler, la situación es insostenible. Un dato: el alquiler medio en el mercado libre en el territorio de Gipuzkoa gira en torno a los 1.000 euros y en el caso concreto de San Sebastián se va a los 1.300 euros.

La situación de esta pareja ejemplifica la urgente necesidad de contar con un amplio parque de vivienda protegida para hacer frente a estas situaciones. Si al final se tienen que marchar el 31 de diciembre del piso, su caso no figurará en la estadística de desahucios porque oficialmente se trata de un desalojo. Pero es un desalojo con las consecuencias tan dramáticas como las de un desahucio.

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa se va a concentrar frente a las oficinas del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide (dependiente del Gobierno vasco) para exigir a las instituciones que incrementen el parque público de viviendas de alquiler social. En la actualidad, en la comunidad autónoma  hay inscritos en Etxebide 62.000 demandantes de una vivienda de alquiler social y 10.000 en Etxegintza (viviendas municipales de Donostia). 

“La situación de esta pareja con una hija menor y esperando la segunda es la de miles de familias, tanto las que perciben ayudas sociales, como las que dependen de nóminas precarias que no pueden acceder al mercado privado de alquiler por sus especulativos precios”, denuncia Stop Desahucios.

Mientras tanto, el Gobierno vasco y de los ayuntamientos se esfuerzan para movilizar las viviendas vacías, pero ni con medidas incentivadoras, ni mediante la aplicación del canon consiguen  sacar al mercado un número suficiente.

Por eso, Stop Desahucios Gipuzkoa reclama medidas para poner freno a la “escandalosa” subida de precios en el mercado libre como es la de aplicar los índices de referencia por municipios y barrios fijados por el Observatorio Vasco de la Vivienda.  “Existe en Gipuzkoa y en Euskadi una situación de emergencia social para acceder a una vivienda y las instituciones tienen el deber de garantizar el acceso a una casa digna y asequible”.