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Caso De Miguel: Ertzaintza versus PNV

¿Realmente alguien cree que la Ertzaintza que dirige el PNV va a intentar manipular unas pruebas para imputar a una trama política de líderes del propio PNV?

Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011

Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011 NURIA GONZÁLEZ

La importancia del 'caso De Miguel' es muy superior a lo que parece indicar la cuantía de lo recaudado por dicha trama, al menos si nos atenemos a las cifras que se manejan hasta ahora. De hecho, el caso supone en mi opinión un importante salto cualitativo en el mapa de la corrupción política en Euskadi.

Resulta difícil hacer una radiografía exhaustiva de la corrupción en las instituciones vascas. No ayuda el hecho de que en Euskadi no exista una Fiscalía especial anticorrupción, a pesar de que ha sido reivindicada de forma insistente por parte de distintas entidades, incluido el exfiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Tampoco ayuda el hecho de que la Unidad de delitos económicos de la Ertzaintza tenga adjudicados sólo 23 agentes de un total de 8.000. Si dividimos estos agentes entre los turnos de trabajo por jornada laboral y por provincias, resulta que en cada territorio histórico no hay más de un agente de guardia para encargarse de todos los delitos, no sólo de corrupción, sino en general de los delitos económicos. La falta de una Fiscalía especializada y la escasa dotación de la Ertzaintza son sólo dos datos, pero son sintomáticos de la voluntad política que subyace a la lucha anticorrupción.

Volvamos ahora al macrojuicio. Es evidente que su inicio se ha atrasado demasiado. Pero cuando uno escucha esta queja en boca de los responsables políticos del PNV, se le plantea si no creen que habría ayudado el que la investigación hubiera contado con más medios y colaboración. El raquitismo de la unidad de delitos económicos es responsabilidad directa del propio PNV. Además, ese mismo partido ha firmado importantes acuerdos con el PP, pero entre ellos nunca se ha contemplado la dotación de una Fiscalía anticorrupción en Euskadi.

Todavía más grave me parece que la defensa base su estrategia en el intento de anular las pruebas, extendiendo la sospecha de que no hay garantías de que la Ertzaintza no haya manipulado las grabaciones. ¿No se van a desmarcar los responsables políticos de la Ertzaintza de esta estrategia de cuestionar sin pruebas el buen hacer del cuerpo? ¿Qué ha quedado de la defensa del corporativismo a ultranza de la Ertzaintza y de las instituciones de autogobierno? Cubrir de sospechas la actuación de la Ertzaintza no parece lo más coherente desde el partido que dirige la consejería a cuyas órdenes actúa el cuerpo. Y yendo más allá, ¿realmente alguien cree que la Ertzaintza que dirige el PNV va a intentar manipular unas pruebas para imputar a una trama política de líderes del propio PNV? La misma preocupación por anular las pruebas de cargo parece indicar la contundencia de esas pruebas.

En todo caso, considero que el 'caso De Miguel' marca un antes y un después en la corrupción política en Euskadi. Al margen de las cuantías económicas que se barajan, no se trata de un caso más. Hasta ahora, la mayoría de los casos de corrupción destapados tenían la naturaleza de lo que se conoce como nepotismo o trato de favor a personas o a empresas vinculadas a las redes clientelares del partido en el gobierno. Y es evidente que en Euskadi las redes clientelares poseen una densidad específica. Ningún despacho de abogados, estudio de arquitectos o empresa de obras públicas de este país, por poner sólo unos ejemplos, desconoce algunas de la muchas prácticas de trato de favor que las administraciones vascas utilizan. Algo parecido sucede también con las puertas giratorias entre la política y las finanzas, que encuentran un actor privilegiado en el PNV.

Sin embargo, en algunos lugares del mundo y también de España, la corrupción política da un paso más adelante y constituye auténticas tramas organizadas en el seno de las instituciones políticas que articulan formas estables de extorsión económica, mediante la exigencia a las empresas de “mordidas”  a cambio de la adjudicaciones. Hasta el 'caso De Miguel' no había habido ninguna imputación por esta forma agravada de corrupción en las administraciones vascas. Y el PNV hacía gala de esa situación, que llevó a acuñar la metáfora del “oasis vasco”.

Unos meses más tarde de que Maragall hiciera público el cobro por parte de Convergencia del famoso “tres per cent”, se publicó la autobiografía de Arzalluz, en la que afirmaba que cuando llegas al poder, “empiezas a tener la posibilidad de que te den dinero…..ante lo cual se te abren dos posibilidades. La primera es exigir que te paguen un porcentaje sobre el precio total del encargo: te concedo esta obra, o te recalifico este terreno, o te encargo la fabricación de estos uniformes, o te asigno la contrata de tal o de cual, si tú pagas a mi partido el 4, el 5, el 8 ó el 10%”. La segunda posibilidad consiste en que “tú atribuyes estos trabajos conforme a la ley, por las vías de adjudicación establecidas, pero no ocultas a los empresarios que tu partido tiene necesidades que cubre con mucha dificultad….. Es más limpio y evita muchas corrupciones”. Estas palabras son ilustrativas de los criterios del que fuera máximo dirigente de un partido que ni siquiera se planteaba como hipótesis la posibilidad de resistirse a alguna de las formas de corrupción.

Pues bien, al margen de que el dinero acabara financiando al partido o en los bolsillos de sus miembros, este caso repite los elementos fundamentales de las principales tramas de corrupción de naturaleza mafiosa juzgadas en otros territorios. Y también la respuesta del PNV repite uno a uno los elementos de defensa que ha solido utilizar el PP o Convergencia: los líderes afirman que se trata de comportamientos individuales y que el partido no tiene nada que ver con ellos y que “a diferencia de los demás partidos” ha tomado todas las medidas en su mano desde el primer momento. Por supuesto que esas medidas se limitan a reunirse personalmente con los imputados y pedirles en un clima de camaradería que devuelvan el carné y asuman personalmente las consecuencias para no perjudicar al partido. Y mientras los dirigentes hacen eso, los medios de comunicación afines califican el proceso de montaje mediático contra el partido y ponen en marcha la maquinaria de cuestionar los comportamientos de la denunciante, de la Fiscalía, de la instrucción e incluso de la Ertzaintza.

En resumen, el hecho diferencial del 'caso De Miguel' es que indica que no todos en el PNV seguían los criterios de Arzalluz de optar por las formas más sutiles y sibilinas de la corrupción. Y una vez puestos a dar mordidas, ¿por qué iban a conformarse con el 3%?

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