Los abusos sexuales que le interesan a la derecha

Para el Partido Popular y Vox los abusos sexuales contra la infancia son, por lo general, un tema tabú. Solo los sacan a relucir cuando les pueden reportar algún tipo de rédito político. El dónde tienen lugar y, sobre todo, a quién pueden salpicar es lo que determina su posición a favor o en contra de comisiones de investigación, peticiones de dimisión, reprobaciones, preguntas parlamentarias y, por supuesto, de opciones de reparación de las víctimas. Si los abusos son cometidos por miembros de la Iglesia Católica o las víctimas son chicas adolescentes tuteladas por la Comunidad de Madrid, la derecha política en este país relativiza y defiende que no hay caso. Zanja el tema. Unas veces no hay tema porque las instituciones también cometen errores –tal y como afirmó Díaz Ayuso en referencia a la Iglesia Católica- y otras porque “la explotación de menores no se produjo dentro de los centros” -que fueron las palabras de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ante uno de los casos más graves de los que se ha tenido noticia en los últimos años. 

Sin embargo, esta relativización de la violencia sexual infantil por parte de los representantes políticos del PP y Vox desaparece cuando los casos suceden en comunidades autónomas gobernadas por partidos de izquierda, es decir, cuando son sus adversarios políticos los que deben rendir cuentas de los fallos del sistema. Entonces sí hay tema. Hay tema, hay ruido y hay hasta desinformación. Así es como viene sucediendo desde 2019 con los casos que tuvieron lugar en Baleares y en Valencia, donde las víctimas tenían en común con el caso de la Comunidad de Madrid zanjado por el PP, que eran chicas tuteladas por las administraciones autonómicas que vivían en centros de protección. 

El problema es que, ante situaciones tan graves, lo único que consigue ese ruido político es que se mire al dedo mientras que expertos y organizaciones llevan años pidiendo que se mire a la luna. La luna, es decir, el problema, el gravísimo problema, afecta a todas las comunidades autónomas desde hace años y, en el caso concreto de las chicas menores tuteladas víctimas de explotación sexual, estamos ante prácticas muy extendidas que han venido ocurriendo en toda España, algo que ha motivado que en el título IV de la “Ley integral de Protección a la Infancia y la adolescencia frente a las violencias” (LOPIVI) se introdujera una referencia expresa a la necesidad de una protección reforzada para evitar estos casos en los centros de protección, además de los protocolos, la formación a profesionales y una mayor supervisión del fiscal de la situación de los centros.

Ya desde 2017 (y entonces gobernaba Rajoy), un informe de Unicef, con más de 300 entrevistas a responsables, educadores y personas menores de edad, alertaba de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas donde se estudió. Por tanto, el ruido político no ayuda nada en estos casos, ni tampoco a que se tome en serio la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Algo que refuerza la impunidad, ensancha el manto de silencio y deja indefensas a las víctimas. 

Ese ruido, la gresca política de la derecha contra los gobiernos que no son suyos, olvida y hace olvidar, precisamente, que la LOPIVI se aprobó hace apenas nueve meses por todos los grupos parlamentarios (a excepción de Vox) y está en vigor desde el 25 de junio. Una Ley que recoge todas las recomendaciones que han venido realizando profesionales y organizaciones para prevenir las violencias sexuales, para detectarlas y también para dar una atención integral a las víctimas menores de edad de estas agresiones, algo que no podemos nunca olvidar, que las víctimas necesitan apoyo, acompañamiento y cuidado especializado y público. Aplicar esta Ley debería ser la máxima preocupación de los legisladores conservadores, pero surgen serias dudas de que sepan siquiera qué obligaciones, garantías y medidas establece la LOPIVI para acabar con esta lacra. 

Los abusos sexuales, la prostitución infantil, la explotación sexual... los delitos sexuales de los que son víctimas niñas, niños y adolescentes en un entorno institucional (religioso, tutelado, deportivo...), y también en su entorno familiar, son un hecho terrible ante el cual solo cabe unidad de acción en todos los ámbitos que son contexto vital de un niño o una niña. Por eso, es desolador haber comprobado y comprobar que también este tema lo instrumentalizan PP y Vox como parte de su estrategia para atacar, desgastar y desacreditar al rival que gobierna. Este tema debe abordarse lejos de la demagogia del barro político y cerca de lo que necesitan las víctimas. Lejos del ruido.

Para acabar con las dinámicas institucionales que permiten la impunidad en el sistema de protección, en el seno de la Iglesia Católica, en las actividades deportivas, en el entorno digital, en el ámbito familiar... necesitamos de leyes pioneras como la que tenemos, pero somos los actores clave y la sociedad los que debemos sentirnos concernidos e interpelados a tomarnos en serio el daño y sufrimiento que causan las violencias sexuales a miles de niñas, niños y adolescentes, a nuestras niñas y niños. El ruido político nos usurpa la posibilidad de conocer, analizar, preguntar y actuar ante una problemática social que sabemos que no es un caso aislado ni que tampoco son casos que le sucedan solo a los hijos e hijas de otros que no conocemos. La violencia contra la infancia es una lacra, no un arma política.