El PP retuerce datos de abusos a menores tutelados para pedir en Bruselas una investigación al Gobierno valenciano

El PP retuerce un informe sobre abusos a menores para solicitar una investigación al Gobierno valenciano en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La portavoz del Grupo Popular, Maria José Catalá, ha indicado en una rueda de prensa este lunes que la situación de los menores tutelados por la Generalitat “se ha convertido en un escándalo” y ha asegurado que existen 175 casos de abusos en un año, de los que “el 72% estaban en acogimiento residencial”. El mismo informe en el que se basa la denuncia del PP indica que los abusos se han producido fuera de los centros públicos y por personas ajenas a los recursos de protección, con cuatro sospechas vinculadas a Educación y Deportes.

Los datos en los que se basa la denuncia de la portavoz del PP proceden de un informe de la Sindicatura de Greuges, que requirió información y documentación a los servicios de atención de la Conselleria de Igualdad a raíz de una queja de una parlamentaria popular. La misma parlamentaria, Elena Bastidas, solicitó el pasado noviembre a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que dirige la exministra del PP Dolors Montserrat, abrir una investigación al departamento de Mónica Oltra por la desprotección de los menores. La portavoz del PP, amparándose en estos datos, ha anunciado que pedirá una ampliación de la investigación de Bruselas.

Los servicios del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, de donde procede la información de la Sindicatura, han recopilado 175 casos de entre los 4.000 menores tutelados por la Generalitat Valenciana en los que existe sospecha de abusos entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021, activando los protocolos correspondientes de protección del menor y trasladando los casos a las autoridades para su investigación. Los casos de estos menores, que viven realidades especialmente complejas y en las que se cruzan una serie de vulnerabilidades antes de llegar al sistema de protección, han sido trasladados a la Fiscalía de Menores. De estos casos en investigación, 127 menores estaban en situación de acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar en el momento en el que se activaron los protocolos.

El sistema de recogida de datos establece indicadores como el lugar en el que se han producido los abusos denunciados y la relación entre la víctima y el principal sospechoso de la agresión. El desglose de esos datos muestra que son 15 los abusos producidos en la residencia de acogida, sin determinar el autor de la agresión –un compañero, un superior o personal relacionado con el centro–. El informe de la Sindicatura indica expresamente que el 9,7% de los abusos se produjeron en el centro residencial y el 42% en el domicilio familiar de la víctima, sin indicar el vínculo con el agresor.

La mayoría de los casos de abusos recogidos se circunscriben al entorno familiar de la víctima, con 75 de ellos en el domicilio familiar y 15 en el domicilio del agresor. Respecto a la naturaleza de la persona agresora, en la mitad de los abusos investigados (88) se trata de una persona con relación de parentesco con la víctima, y en 26 de los casos se desconoce. Del total, 145 son personas ajenas al sistema de protección de menores y no consta ningún educador en el periodo investigado –entre junio de 2020 y junio de 2021– bajo sospecha de abuso o agresión. Respecto a profesionales del centro educativo o de actividades de ocio y deportivas, se han recogido cuatro casos de abusos. Sobre la edad, las investigaciones indican que 48 abusos habrían sido cometidos por menores y más de un centenar por mayores de edad.

“Un notable esfuerzo”

El mismo informe que el PP utiliza para la denuncia indica que la Conselleria de Igualdad “ha realizado un notable esfuerzo” en “generar y adecuar protocolos que permitan la detección de casos”, así como en formar a personal. No obstante, añade, resulta “imprescindible” activar todos los recursos en protección de menores recogidos en la estrategia de infancia y adolescencia“ y alerta sobre la diversificación de los tipos de abusos, con los vinculados a la tecnología –el grooming– como principal riesgo creciente.

El grupo parlamentario de Compromís ha emitido este lunes un comunicado en el que considera especialmente graves las acusaciones de la portavoz del PP. “Decir que el 72% de los casos [de abusos] fueron en acogida residencial es acusar directamente a los y las profesionales de los centros de acogida de niños y niñas, cuando la información que tiene la diputada a su alcance, pero que ha obviado, señala que ninguna de las agresiones se produjo por parte de un educador o educadora”.

El diputado Carles Esteve recuerda que la estrategia de infancia y adolescencia, aprobada el pasado noviembre, ha puesto en marcha protocolos de detección y actuación ante un caso de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes del sistema de protección, anteriormente inexistentes. “En este sentido, es el Gobierno del Pacto del Botánico el que ha establecido la obligatoriedad de contar con una base de datos específica donde se recopilan, entre otros, el número de denuncias policiales y procedimientos judiciales iniciados por supuestos casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes con medidas de protección”, subraya el parlamentario.

La portavoz del PP añade el informe a la decisión de la Audiencia de Valencia de investigar la gestión de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos a una menor por un educador y a la recomendación de la Sindicatura de Greuges al Ejecutivo autonómico de reforzar los controles y unificar los protocolos para la población especialmente vulnerable. En esta línea, reclama al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asumir responsabilidades políticas y anticipa una serie de interpelaciones en las Corts Valencianes sobre el sistema de protección de menores.