Crimen y castigo en la COVID-19

“Que el más osado es el que más razón tiene a los ojos ajenos; que quien desafía a los hombres y los desprecia conquista su respeto y llega a ser su legislador”

Fiódor Dostoyevski

Se ha abierto en un juzgado de Madrid la instrucción de una causa penal por la gestión del coronavirus, en este caso por la no prohibición del 8M por parte de la Delegación del Gobierno. Un disparate lógico y una perversión de la salud pública dentro de una estrategia de desestabilización. Estaba previsto: la derecha anunció que su modelo de oposición al Gobierno, que antes y después de la investidura ha tratado de ilegítimo, incluiría la utilización de la justicia (su justicia) como ariete. Siguiendo una vez más la estela de la extrema derecha y de su modelo de oposición y agitación frente al procés. Su oposición ya apuntaba desde un principio, más que a la crítica política, a un sórdido relato criminal para caracterizar penalmente la supuestos delitos de negligencia y prevaricación del Gobierno. Un falso relato más de los inscritos en el clima de populismo autoritario.

Un falso relato de corta y pega de medios ultras y redes sociales casi negras, que se resume atropellado y sin mayor esfuerzo en la denuncia, tan llena de bulos como falta de rigor. El problema es que este libelo se incorpore al informe policial, pero sobre todo que tan frágiles mimbres den para abrir una causa judicial en descrédito de la justicia.

El libelo del 8M dibuja los perfiles de una catástrofe sanitaria y económica provocada por el retraso- negligente o culposo- y por una nefasta gestión del Gobierno, al que se hace responsable último, sino único, de unas cifras de afectados y fallecidos desmesuradas, más allá de los previsibles efectos de una pandemia global. Se trata de un relato de criminalización preventiva del adversario político. No es el primero ni será el último y su objetivo es llegar hasta el presidente del Gobierno, al que denominan ilegítimo y felón para acabar por la vía sumaría con la legislatura. Le han cogido el gusto.

Pretende situarse con ello, más allá de la oposición y la legitima exigencias de responsabilidades políticas, en la esfera de lo penal y las penas de prisión, incluyendo en la criminalización a la ciencia, los técnicos y a la salud pública por su supuesta connivencia y sumisión a la imprudencia, sino al insinuado proyecto criminal del Gobierno. Una justicia y policía de parte, que con el uso y abuso del Código Penal se presentan a sí mismos como una legalidad constitucional paralela y como contrapoder duro frente a las veleidades del Gobierno rojo y la democracia pluralista. 

El peligro de la involución en un tiempo de peste no es algo nuevo. La muerte, y el miedo han sido una constante en las pandemias y en las plagas, también lo ha sido la gestión de la culpa y la intervención sobrenatural. La plaga se ha visto como un castigo de los dioses por los pecados, las herejías, la insania o las revueltas. La culpa se ha atribuido a las minorías: cristiana, judía, las brujas, los pobres, los untadores, los heterodoxos o el enemigo, y como chivos expiatorios han sido sometidos al ostracismo, la Inquisición o al potro de tortura como purificación y castigo. En el lado opuesto, ya con el final feliz de la epidemia aparecerán los exvotos y los milagros. Se intentaba evitar con ello que la crisis sanitaria, económica y social provocadas por la plaga agudizaran la dinámica del cambio y evitaran la rebelión, reforzando la resignación, la fe, el statu quo y si era preciso la coacción.

Hoy, en medio del clima de nacionalismo populista, al principio de la COVID-19, la culpa se ha atribuido al virus chino para continuar con la lógica del enemigo y para acallar el malestar y eludir rectificación y responsabilidad.

Por eso se ha señalado al Instituto de virología de Wuhan como origen de los experimentos para la guerra bacteriológica que generaron el virus. Poco importa que se haya demostrado que el origen del virus es natural y que no hubo nada de guerra biológica ni de conspiración. Lo cierto es que la dinámica de bloques enfrentados ya existía antes y la pandemia solo ha hecho que catalizar la escalada de lo que China ya denomina como una nueva Guerra Fría.

También la ciencia está siendo cuestionada, directa o indirectamente, para sustituirla por la teoría de la conspiración o la mera gestión de la trasmisión del virus. Todo ello para eludir la reflexión y los cambios sobre las causas y consecuencias políticas de la pandemia: el modelo territorial, alimentario, turístico y de movilidad globales y el reto de abordar la rectificación.

Finalmente le llegó el turno a la culpa por la complicidad de la OMS con China y de paso el ataque al otro adversario del multilateralismo y los organismos internacionales.

La consecuencia de todo esto es cuestionar las medidas de confinamiento a cambio de tratamientos individuales y la inmunidad de rebaño. En resumen, el sálvese quien pueda. 

En España, la culpa por definición es siempre de la política y del Gobierno. Tiene su origen en la ficción épica de que el gobierno lo puede todo, pero que no hace nada o provoca por impericia o por propio interés más problemas y por tanto que es responsable de todo.

En ese sentido, el virus ya no es el problema. El problema vendría de antes. El pecado original para las derechas es el socialcomunismo, pero sobre todo su presencia en el Gobierno al que se considera advenedizo, ilegítimo y peligroso para la unidad y la esencia patrimonial de España. Es la antipatria.

Según ellos, el verdadero virus para España sería la coalición socialcomunista y su incapacidad originaria para gobernar la pandemia al anteponer la ideología a la gestión. El feminismo del 8M lo demostraría.

El feminismo se convertiría así en el vehículo del contagio, independientemente de lo que ocurrió antes, durante y después del 8M. Todo ello al margen del resto de actividades y acontecimientos de masas y de la gran movilidad habida durante todo el fin de semana del 8M. Utilizando, paradójicamente como dogma de fe, las recomendaciones previas de la agencia Europea y de la OMS.

Por supuesto, haciendo caso omiso de lo que ya sabemos de la transmisión silenciosa ya desde el mes de febrero. Al margen de que las alertas fueran casi coincidentes en el tiempo con las de toda Europa. Pero sobre todo independientemente de que la transmisión obedezca a la concentración urbana a la movilidad y el turismo y que eso explique la alta transmisibilidad e incidencia en Italia, Francia o España.

Impugnando, en definitiva, la totalidad de la gestión del Gobierno central, omitiendo interesadamente la corresponsabilidad de la autonómicas e ignorando las dificultades de los mercados colapsados para todo el mundo de epis, de test y respiradores.

Proponiendo inicialmente como alternativa el cierre y el control total del modelo autoritario asiático. Para pasar inmediatamente y sin sonrojarse a cuestionar el confinamiento a medida que obtenía buenos resultados y a defender lo contrario: el modelo sueco de inmunidad de rebaño con el desconfinamiento. Ahora, los mismos que atribuyen al 8M el origen de la transmisión comunitaria se manifiestan en rebeldía con la continuidad de la declaración de alerta movilizándose con cacerolas y coches en la calle, con el señuelo de la libertad.

En resumen, tanto el confinamiento como la desescalada, han sido, al parecer, solo un intento del Gobierno socialcomunista de encubrimiento de sus responsabilidades criminales en la pandemia y a la vez un proyecto de control social al objeto de evitar el funcionamiento parlamentario, la libertad económica y el ejercicio de los derechos fundamentales en un estado de excepción y un toque de queda no declarados. En definitiva, asistimos a algo más que un falso relato. Nos enfrentamos a la teoría conspirativa sobre un delirante proyecto eugenésico y dictatorial que no existe, pero que pretende vestirse de largo con el ropaje de la justicia. Espero que fracase