El falso debate sobre la regularización de migrantes

Todas sabíamos hace tiempo que llegaría y, sin embargo, el anuncio de que en abril se abrirá un nuevo proceso extraordinario de regularización para dotar de permisos de residencia y trabajo a personas extranjeras ha generado una nueva polémica artificial. Como era de esperar, el actual magma de polarización ha desatado reacciones extremas, dejando en un segundo o tercer plano cualquier intento pedagógico de explicar el sentido del proceso, su necesidad, sus causas y consecuencias. Y eso que los antecedentes son relativamente recientes y muy esclarecedores.

Aunque en los años 80 y 90 se llevaron a cabo varios procesos extraordinarios, no es hasta 2001 cuando se produce en España la primera convocatoria de cierto volumen para documentar la situación de personas extranjeras. Aquel proceso que pretendía sacar de la clandestinidad a una bolsa de trabajadores y trabajadoras en situación irregular se saldó con alrededor de 230.000 permisos concedidos.

El crecimiento de aquellos años era tan acelerado y la demanda de mano de obra tan vigorosa que, sólo cuatro años después, en 2005, otro Gobierno se vio en la necesidad de llevar adelante un nuevo proceso que calificó de “normalización”. Alrededor de 550.000 personas más obtuvieron la documentación que regularizaba su situación en nuestro país, firmaron contratos de trabajo y comenzaron a cotizar.

Fue entonces, hace más de 20 años, cuando se entendió que los procesos extraordinarios debían ser una solución excepcional a problemas concretos, y cuando se optó por reenfocar la política migratoria para evitar los graves embolsamientos. Pero después vino la gran crisis de la que tanto nos ha costado recuperarnos y la inmigración se frenó en seco sencillamente porque no había oferta de empleo ni siquiera para todos los que ya vivíamos en España.

Los cambios orquestados en los últimos años que pretendían evitar que aquella situación se volviese a repetir no han tenido los resultados deseados. Las primeras reformas de la regulación de extranjería fueron muy tímidas y la reformulación del reglamento, en 2024, ha llegado cuando la situación había adquirido un volumen difícil de resolver. De nuevo, dos décadas más tarde, la demanda de mano de obra ha vuelto a sobrepasar por mucho la capacidad del sistema administrativo para regularizar la situación de quienes habían acudido a España alentados por esa creciente oferta laboral.

Pero ya se sabe que en estos tiempos de reels que duran 10 segundos, la memoria colectiva es muy limitada. La regularización ha vuelto a dar espacio mediático a quienes, sin datos que puedan contrastarse, ofrecen la visión apocalíptica de que las personas migrantes que ahora obtendrán permiso de residencia colapsarán la sanidad, la educación o el sistema público de servicios sociales, quitando a los nacionales los derechos que les pertenecen.

El estudio “Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la inmigración en España: Percepción social versus efectos reales”, elaborado por la profesora de la Universidad Carlos III y miembro de FEDEA Raquel Carrasco, de octubre de 2024, resulta muy explicativo a la hora desmontar muchos de los mitos sobre los efectos de las migraciones en nuestro país. En él se deja claro que la la llegada de personas migrantes no afecta significativamente las oportunidades de empleo y salarios de los trabajadores nativos en España. Asimismo, constata que el uso del Sistema Nacional de Salud por parte de quienes llegan sin permiso de residencia es similar al de los nativos en los mismos grupos de edad, solo que la media de edad entre ellos es mucho más baja que la de quienes tienen la nacionalidad española y, lógicamente, su demanda menor.

Por lo que se refiere a la utilización del sistema público de servicios sociales, la ausencia de documentación empuja a estas personas a buscar ayuda allí donde poseer el permiso de residencia no es requisito indispensable para obtenerla, las organizaciones del tercer sector. Cáritas constata que casi la mitad de las demandas que atiende son de población no española. Eso no quiere decir que no se les estén prestando esas ayudas, sino que se realizan a través de cauces ajenos a la administración pública por organizaciones que, en buena parte, reciben subvenciones del Estado.

Que en España haya más de medio millón de personas que sobreviven sin un permiso de trabajo supone, además de una importante merma de recursos para el Estado, la negación de una evidencia. Ofrece una tramposa ventaja competitiva a aquellas personas sin escrúpulos que, eludiendo los controles, les contratan de forma irregular. Y, por encima de todo, representa un ejercicio de hipocresía que una sociedad moderna y solidaria como la nuestra no debería permitirse.