Propuestas para la reconstrucción (I): fortalecer el sistema de salud para hacer frente a los retos

El Hospital Clínic de Barcelona, el pasado lunes 30 de marzo.

Cuando el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en España está ya en su tercer mes, llevamos más de dos meses en estado de alarma, y nos encontramos en las fases finales de este ciclo epidémico y del consiguiente proceso de desescalada, es oportuno iniciar una reflexión y un debate sobre qué aspectos del Sistema Nacional de Salud (SNS) han funcionado bien y cuáles no durante esta crisis sanitaria. Con vistas a su mejora en un periodo de reconstrucción general de la economía y la sociedad a la que habrá de abocarse España en los próximos meses. Más aún cuando ya se ha dado a conocer la composición y el calendario de trabajo de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica en el Congreso de los Diputados que abordará, entre otras, las mejoras que deben ponerse en marcha en materia de atención sanitaria y de salud pública; esto es algo que nos concierne a todos y sobre lo que aportamos algunas propuestas en esta y en dos tribunas próximas.

Sin duda, lo primero a destacar del ingente esfuerzo sanitario desplegado en estos dos meses y medio es la dedicación, entrega y capacidad de los profesionales del SNS. Y también su efectividad a la hora de detectar casos, rastrear contactos, efectuar pruebas diagnósticas, hacer triaje de pacientes, manejar aislamientos domiciliarios y tratar tanto casos leves como aquellos que han requerido hospitalización. Todo ello ha permitido salvar vidas y poder tener a estas alturas alrededor de 150.000 infecciones resueltas o dadas de alta. Si se comparan las cifras totales de casos, de fallecidos y de recuperados de los cuatro países de la UE con mayor número de casos notificados, esto resulta evidente: el esfuerzo y la entrega más allá de la llamada del deber de los trabajadores sanitarios españoles ha sido ejemplar.

Lo han hecho pagando, desafortunadamente, un precio elevado en términos de contagios y de fallecimientos. Este es uno de los aspectos más negativos que deben ser analizados y corregidos. Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas deberán entrenar y proteger mejor a sus profesionales para hacer frente a este tipo de situaciones. Eso implicará rediseñar edificios, redefinir circulaciones de insumos y personas, fortalecer los servicios de medicina preventiva de los hospitales, establecer planes de contingencia, realizar simulacros periódicos y contar con reservas estratégicas especialmente de equipos de protección individual.

Los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas deberán escuchar más a sus trabajadores, aumentar su número, motivarles más, eliminar la precariedad, y gestionarlos y retribuirlos mejor. Por cierto, la mayoría de ellos son ellas. Casi el 70% de la fuerza de trabajo del SNS son mujeres y se impone el revisar horarios y facilitar la conciliación de la vida personal y la vida laboral. A ello se suma el que hay que profesionalizar en mucha mayor medida los cargos de dirección y gestión sanitaria mediante concursos centrados en competencias y promocionar mujeres a puestos de dirección y gestión (¿cuántas gerentas de hospitales del SNS hay hoy en España?)

Lo segundo que ha llamado la atención es la importancia de contar con sistemas de información epidemiológica y de respuesta asistencial que sean fiables, rápidos, sensibles y transparentes. Sin duda, durante los últimos tres meses se ha hecho un gran esfuerzo tanto por parte de las Comunidades Autónomas como del Ministerio de Sanidad por desarrollarlos y perfeccionarlos. Pero al mismo tiempo, se han evidenciado insuficiencias, retrasos, inexactitudes e incongruencias entre los datos ofrecidos por unas Comunidades Autónomas y otras. Y entre estos y los ofrecidos luego por el Ministerio de Sanidad. La dependencia que tiene el Ministerio de Sanidad con respecto los datos que le proporcionan las CCAA ha quedado más que demostrada.

En ocasiones ha parecido como si el Ministerio fuera más el custodio fiel de la supuesta confidencialidad de los datos proporcionados que un organismo del Estado cuya obligación es contar con datos sólidos para diseñar políticas, tomar decisiones e informar a la opinión pública sobre los asuntos relacionados con la pandemia. No hay que olvidar que la información que se produce y se elabora con recursos públicos en todo el Estado español pertenece al público y no es propiedad de ninguna administración ni de ningún gobierno y que solo actuando con total transparencia en todos los niveles se puede lograr la máxima colaboración.

Ello requiere definir sin más dilación un sistema de información que permita monitorizar la evolución de aquellos problemas de salud sobre los que se requieran actuaciones coordinadas y comunes en todo el SNS, aprovechando la digitalización disponible ya en el conjunto del sistema y mejorando los aspectos que resulten necesarios.

Lo tercero es que el estado de alarma (con su correspondiente limitación de movimientos) y el mando único han funcionado. Mas allá de los debates políticos que su duración o ciertos detalles de su aplicación puedan suscitar, los datos demuestran que han servido para frenar la propagación de la pandemia, han conjurado el riesgo de colapso asistencial y han evitado un número muy superior de fallecimientos. Además, la cogobernanza establecida durante este periodo se ha revelado como un mecanismo fructífero para tomar decisiones que afectan a la salud y a la economía. Se trata de mecanismos excepcionales sobre los que se deberá reflexionar y, en su caso, habrán de ser debidamente regulados en un futuro.

Por lo que se refiere a la gobernanza del SNS conviene recordar que el Consejo Interterritorial del SNS, como el resto de las conferencias sectoriales, es un órgano meramente deliberativo sin capacidad ejecutiva alguna. No puede adoptar decisiones vinculantes, los consejeros que lo integran se deben a sus gobiernos respectivos. Por tanto, convendrá reflexionar si en condiciones excepcionales (por ejemplo, en las establecidas en la Ley de Medidas Urgentes de Salud Pública de 1986), el Consejo Interterritorial, previo informe de la Comisión de Salud Pública, debería contar con la capacidad de adoptar decisiones que vinculen a todas las Comunidades. O, al menos, con la posibilidad de elevar propuestas a la Conferencia de Presidentes. Sin perjuicio de ello, debería considerarse la pertinencia de tramitar una nueva normativa que permita una respuesta específica a cualquier amenaza de salud pública y que asegure el fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia de la salud pública que cuente con un amplio apoyo del arco político parlamentario.

En cuarto lugar, se ha comprobado que disponer de una Reserva estratégica para responder con rapidez al suministro de determinados insumos (EPIS, pruebas diagnósticas e insumos parala toma de muestras, respiradores, medicamentos, sistemas de geolocalización, etcétera) de calidad confiable, puede ser un elemento determinante para hacer frente de forma adecuada a ciertos riesgos para la salud. Está claro que no se puede confiar con adquirirlos en mercados internacionales cuando más se necesitan.

Que el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas compitan en esos momentos los mismos mercados por los mismos productos en lugar de contar con mecanismos consolidados de compras y de logística de distribución incluso de ámbito europeo o mundial, parece un completo contrasentido. Aun si se tiene que recurrir a mercados internacionales, se debería disponer también de una cierta capacidad instalada para producirlos en el país y distribuirlos rápidamente allí donde se requieran. Además de eso, el SNS debería poder extender mucho más sus incipientes y poco desarrollados mecanismos de compra y distribución conjunta de medicamentos y productos sanitarios, un asunto en el que el Consejo Interterritorial debería jugar un papel mucho más proactivo.

En quinto lugar, ha quedado claro que vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y que somos un país extraordinariamente interconectado con los demás países. Nuestro modo de vida y nuestra economía están fuertemente condicionadas por ello. Todo parece indicar que en el futuro lo estaremos más y no menos. Por tanto, necesitamos anticipar y prevenir en la medida de lo posible, y en estrecha coordinación con la OMS, la Unión Europea y otros centros de referencia mundial, determinados riesgos para la salud y no solamente reaccionar ante ellos.

Eso requiere desarrollar una importante capacidad de inteligencia sanitaria, de procesar mucha más información, de analizarla y compartirla con otros países e instancia internacionales y supranacionales, de usarla oportunamente para diseñar las distintas políticas de salud, así como de disponer de los recursos humanos y organizativos adecuados para ser capaces de implementarlas con la precisión y la rapidez requeridas. La seguridad sanitaria se ha ido convirtiendo en un componente cada vez más importante de la seguridad de las sociedades y de la seguridad mundial. Sin embargo, los dispositivos de sanidad exterior (una de las pocas competencias exclusivas del Estado en salud) así como los servicios de salud pública de las Comunidades Autónomas, están descapitalizados y son en la actualidad muy débiles. Esto hace más que urgente la necesidad de fortalecer la infraestructura y las capacidades en materia de salud pública en todo el país a fin de asegurar que se tenga un buen desempeño de las funciones esenciales de salud pública que deben desempeñar los sistemas sanitarios de todas las CCAA y el Estado español en su conjunto.

Para afrontar estos desafíos, además de contar con una nueva normativa como la señalada anteriormente para la gestión de alarmas sanitarias que entre otras cosas dote de los recursos necesarios para tal efecto, sería muy conveniente crear, en desarrollo de lo establecido en la Ley de Salud Pública de 2011, una Agencia Estatal de Salud Pública dependiente del Ministerio de Sanidad. Esta agencia debería contar con personalidad jurídica y presupuesto propios. Su director debería ser un experto de reconocido prestigio propuesto por el/la Ministro/a de Sanidad y ratificado por el Congreso, para un mandato de duración limitada renovable por una sola vez. Su personal estaría formado por profesionales y técnicos de reconocido prestigio. La Agencia agruparía algunos organismos actualmente dispersos de la Administración General del Estado, de su consejo de dirección deberían formar parte expertos propuestos por las Comunidades Autónomas, sociedades científicas y universidades y su misión fundamental sería producir información relevante, análisis de determinantes y riesgos, criterios técnicos y propuestas útiles para el diseño de las políticas de salud. Su creación y puesta en marcha fortalecería al mismo tiempo al Gobierno y a las Comunidades y enviaría una señal muy potente para dinamizar y fortalecer el conjunto de las actividades de salud pública en nuestro país.

En sexto lugar, pero no por ello último, conviene recordar que nuestro gasto público per cápita en salud se encuentra por debajo de la media de los países de la Unión Europea con quienes solemos compararnos. Y que, tras los recortes sufridos durante el periodo 2010-2015, se encuentra prácticamente estancado desde hace varios años. Sin un incremento neto de este gasto para nivelarlo con la media de la UE-15, mucho de lo anterior no podrá hacerse. Habrá de ser un incremento progresivo y orientado a fortalecer las capacidades de los establecimientos de gestión directa, que son quienes, a la hora de la verdad, han soportado la casi totalidad del esfuerzo, frente a aquellos de gestión no directa. Y también que retribuyan más a quienes más y mejor trabajan. No por casualidad, algunas de las Comunidades Autónomas que más lo disminuyeron en el pasado han sido aquellas que más cerca han estado del colapso de sus dispositivos sanitarios. Sin duda, en esto han influido otros factores, particularmente la incidencia de la pandemia en esos territorios. Si algo ha quedado claro en esta pandemia que gastar en salud no es un gasto sino una inversión fundamental.

Estas seis ideas son solo unas cuantas consideraciones preliminares que no agotan todas las posibles propuestas para fortalecer nuestro SNS en un proceso de reconstrucción de cara a hacer frente a los futuros retos de salud pública que puedan plantearse. Por ejemplo, las que se refieren al fortalecimiento de la atención primaria, a la reducción de las listas de espera, a la humanización de la atención sanitaria, a la formación de los profesionales, a la escasez de determinadas profesiones sanitarias, a la práctica imposibilidad de mover personas e insumos entre los diferentes servicios autonómicos de salud, a la digitalización, y a la articulación de políticas de equidad y cohesión, entre otros temas que iremos abordando en sucesivas tribunas.

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Publicado el
18 de mayo de 2020 - 23:08 h

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