El Mecanismo de Equidad de las pensiones, vacuna frente a quienes buscan el conflicto entre generaciones

Archivo - Varias personas de la tercera edad cruzan un paso para peatones con ropa de abrigo, en Madrid (España), a 7 de noviembre de 2019.

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El Mecanismo de Equidad Intergeneracional acordado por el Gobierno y los sindicatos sustituye a un Factor de Sostenibilidad que reducía las pensiones futuras de forma creciente en el tiempo, con un impacto mayor para las personas más jóvenes. El recorte iría desde un 10% a quien hoy tiene 50 años hasta un 23% para quien tiene 18 años actualmente.

El nuevo mecanismo (MEI) se centra en los ingresos y no en reducir las pensiones. Se sufraga de forma colectiva durante 10 años, más por quienes tengan mejores salarios y menos por quienes sufren con mayor intensidad precariedad laboral, temporalidad, tiempo parcial indeseado y elevada rotación laboral. Es decir, población más joven y mujeres.

Por tanto, se trata de un esfuerzo colectivo, proporcional a los costes salariales, que contradice cualquier irresponsable intento de provocar conflictos intergeneracionales sobre la financiación del sistema de pensiones, a menudo propiciados por quien defiende simplemente la disminución de su cobertura.

No es una medida que pretenda un impacto presupuestario comparable al del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y factor de Sostenibilidad (FS), ahora en curso de derogación, que pretendían una reducción sustancial de las pensiones.

El MEI es una medida más, entre otras, que contribuye a mantener el sistema de pensiones durante los años de mayor exigencia, aportando una cantidad adicional de ingresos netos a la Seguridad Social para recuperar un Fondo de Reserva que se había consumido demasiado rápido, superando las previsiones de su regulación y financiando políticas de empleo desde las cotizaciones a la Seguridad Social. Este último, otro asunto que viene a corregir el Acuerdo de Pensiones del pasado julio, al garantizar que esas políticas de interés general se financien con aportaciones presupuestarias, reforzando la separación de fuentes de financiación. 

A modo de ejemplo, si tuviésemos que buscar alguna referencia para dimensionar el impacto del MEI, podríamos utilizar el efecto que tiene la esperanza de vida sobre el incremento del gasto. Las previsiones indican que la esperanza de vida en el momento de la jubilación aumentará, entre 2021 y 2050, algo más de 2 años. Este MEI permitirá financiar una cuarta parte de ese aumento.

Una constante de los acuerdos del Diálogo Social ha sido reforzar los ingresos y la contributividad del sistema de Seguridad Social. El MEI incide en lo primero; con la ya pactada cotización de autónomos por ingresos reales y la comprometida negociación para elevar bases máximas de cotización (muy bajas en España), reforzaremos la contributividad. Al cotizar por ingresos reales más de 4.5 millones de personas que hoy no lo hacen se contribuirá a una mejor y más justa financiación, tratando a todas las personas que cotizan a la Seguridad Social en iguales condiciones, mejorando ingresos del sistema y sus propias pensiones futuras.

Es de lamentar que el compromiso firmado en julio no haya sido mantenido por las organizaciones empresariales, más aún cuando en términos de incremento de cotizaciones el nuevo MEI se ha definido de forma muy moderada. Se olvida la fuerte disminución de cotizaciones empresariales entre 1982 y 1995 (3,68 puntos porcentuales frente al incremento del 0,5% que supone el MEI para las empresas), además de los inferiores costes laborales en España respecto a nuestro entorno y que son las empresas las principales beneficiarias de los sistemas de bonificaciones y reducciones que se han desarrollado en las últimas décadas.

Lo que se acaba de acordar es un moderado esfuerzo para empresas y trabajadores. A título de ejemplo, sobre bases de cotización de 1.050 y 4.070 euros, significa mensualmente poco más de 5 euros para la empleadora y 1 euro menos en nómina, en el primer caso; 20 euros para la empleadora y cuatro menos en nómina cuando se cotiza por 4.070 euros/mes, actual máximo. En el caso del trabajo autónomo, la cotización más frecuente es la mínima (944 euros mes) y este incremento de cotización es, en ese caso, de 5,6 euros mes (algo más de 24 en los pocos casos en que se cotiza por base máxima en la actualidad).

Si tenemos en cuenta además que esa cotización adicional disminuye la base tributaria de la declaración fiscal correspondiente en cada caso, IRPF o Impuesto de Sociedades, es decir reduce la contribución fiscal en el tipo marginal del declarante, el impacto real individual es, como digo, muy moderado. Además, directamente relacionado con los ingresos laborales y con un impacto relevante en términos de aportación agregada a la Seguridad Social, algo más de 2.000 millones de euros anuales durante 10 años.

La distribución de esfuerzos –0,5% empresas y 0,1% descuento en nómina– es justa en un país que generó esa distribución de cotizaciones entre empresa y trabajadores cuando la estructura fiscal que financiaba al Estado era fundamentalmente el extinto Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal, es decir, los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Algo que hoy, con una estructura fiscal mucho más compleja y formalmente alineada con estándares internacionales sigue siendo, esencialmente así, como consecuencia de las debilidades de nuestro sistema tributario.

Cualquier actuación adicional necesaria, en el futuro, se hará sobre las materias que se acuerden, sin predeterminar que sea en primer lugar por el lado del gasto, como se pretendía. Y una vez hayamos perfeccionado y puesto en marcha todas las medidas acordadas o pendientes de implantarse en las reformas de pensiones de 2011 y 2021/22, puedan ser evaluadas y determinado su impacto en el objetivo de mantener y mejorar nuestras pensiones, incluso en el periodo de mayor exigencia por razones demográficas, que se inicia y concluirá en algo más de tres décadas.

Ahora hay que seguir ultimando los desarrollos pendientes del Acuerdo de pensiones de julio pasado. En la mayor parte de su contenido ya está en tramitación parlamentaria, a la que ahora debe sumarse el MEI, junto con otros avances en materia de viudedad de parejas de hecho, cotización de jóvenes durante los periodos de prácticas no laborales, mejora de protección para trabajadores fijos discontinuos y cuidadores no profesionales de personas dependientes. Además, ha de concretarse el proyecto de ley que instrumente la puesta en marcha de la cotización por ingresos reales en el trabajo autónomo.

Todo ello, antes de iniciar una última fase de negociación comprometida, que aborde materias tan relevantes como la cotización por ingresos reales de los salarios más altos y la mejora de las pensiones mínimas, entre otras materias. 

En fin, un nuevo paso en buena dirección, que se aparta de intentar garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a costa de la suficiencia de las prestaciones, apuesta por reforzar el sistema con mecanismos de financiación más potentes y un refuerzo de la contributividad mejorando la relación de las prestaciones causadas con las aportaciones efectuadas en forma de cotizaciones.

Suficiencia, equidad, solidaridad interpersonal e intergeneracional, contributividad y mejora de la garantía de pensiones mínimas como base de la sostenibilidad financiera y social de la Seguridad Social.

Una vez más, el Diálogo Social ha estado a la altura, para complementar el acuerdo político amplio que nos permita cuidar y reforzar nuestras herramientas de protección colectiva. Desgraciadamente, esta vez, no nos han acompañado las organizaciones empresariales. Esperamos que se pueda corregir pronto esa situación. La responsabilidad y capacidad de concertación de los interlocutores sociales es una clave de bóveda en este asunto.

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Publicado el
16 de noviembre de 2021 - 22:32 h

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