Somos nuestros, no de Dios: cinco años de la Ley de eutanasia

Cuando se debatía en el Congreso y en los medios de comunicación la Ley orgánica de regulación de la eutanasia (LORE), que ahora cumple cinco años, se lanzaron contra el gobierno acusaciones terribles. Se dijo que la Ley solo pretendía reducir costes sociales y económicos ahorrándole al Estado el gasto sanitario de los enfermos y el dinero de las pensiones que dejarían de cobrar los ancianos a quienes la Ley empujaría a la muerte. Se acusó a sus partidarios de fomentar una “cultura de la muerte” que, en países con leyes parecidas (especialmente Bélgica y Países Bajos), habría conducido a una aplicación descontrolada de la eutanasia a categorías de pacientes cada vez más amplias y con requisitos cada vez más laxos, hasta el punto de provocar que muchos enfermos huyesen aterrorizados a otros países. Y algún diputado de un partido político especialmente vociferante y torticero llegó a interpretar esta regulación como una legalización de la situación vivida en las residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus.

Como nada de todo eso era verdad, la Ley entró en vigor sin que, hasta el momento, se hayan producido esos efectos apocalípticos que pronosticaban sus detractores. Es una Ley muy garantista —más estricta, en algunos aspectos, que las leyes vigentes en Bélgica y Países Bajos, por cierto—, y basta leerla con atención para que se disipen algunas de las reticencias que suele suscitar la eutanasia. Por ejemplo, la Ley no sustituye los cuidados paliativos de los enfermos incurables, sino que, por el contrario, establece como un requisito para la eutanasia que el paciente sea debidamente informado acerca de las alternativas que le asisten, siendo una de ellas el acceso a cuidados paliativos integrales. Fija un procedimiento bastante estricto —con la desventaja de resultar a veces demasiado lento—, a fin de asegurar que la decisión de poner fin a la propia vida se toma de manera voluntaria y autónoma. Y no autoriza en ningún caso la eutanasia no voluntaria, puesto que, si una persona no se encuentra en condiciones de solicitar expresamente la eutanasia, solo es posible hacerlo en su nombre si esa persona firmó previamente un documento de voluntades anticipadas que así lo disponga. Por supuesto, podemos debatir si debería mejorarse el procedimiento o reforzar las garantías que establece actualmente la Ley, pero ese debate presupone ya la licitud de la eutanasia, y no difiere del que puede plantearse a propósito del consentimiento informado para algunos tratamientos médicos, o de otras prácticas que requieran cerciorarse de la voluntariedad de los participantes. 

Tampoco se encuentran motivos de alarma cuando se examinan los datos de la aplicación de la Ley. Según el último informe publicado (en diciembre de 2025) por el Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 929 solicitudes y se realizaron 426 prestaciones de ayuda para morir (las restantes solicitudes fueron rechazadas o revocadas, y en otros casos el paciente falleció antes de que pudiese practicarse la eutanasia). La mayoría de estas personas tenían más de setenta años y padecían enfermedades oncológicas o neurológicas, y conviene subrayar que la proporción de estas muertes en el total de fallecimientos producidos en España en 2024 es del 0,1%. No conocemos otros datos relevantes, como las condiciones económicas y sociales de las personas solicitantes, y sería importante disponer de ellos para asegurarnos de que la decisión de morir es realmente voluntaria, y no está condicionada por presiones externas como la soledad o la pobreza. No obstante, parece claro que la realidad de la eutanasia en España poco tiene que ver con el tsunami homicida que algunos auguraron. 

Pero en algunos sectores de la sociedad la eutanasia provoca todavía hoy, como hace cinco años, un profundo rechazo. Un rechazo que resulta incomprensible hasta que nos damos cuenta de que, en el fondo, y aunque no siempre se admita, el único argumento de principio contra la eutanasia es un argumento religioso: la creencia de que la vida es un don de Dios del cual no podemos disponer libremente. “El Señor da la vida, y la quita”, dice un pasaje bíblico (1 Samuel 2:6). Y en otro pasaje leemos: “vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (…), y no sois vuestros” (1 Corintios 6:19-20). Ahora bien, como señaló el filósofo John Rawls, los argumentos abiertamente religiosos no tienen cabida en las instituciones de un Estado aconfesional (aunque puedan circular en la esfera pública), y por eso el rechazo religioso de la eutanasia suele envolverse en argumentos seculares, como la apelación a los derechos de los enfermos, que la regulación de la eutanasia haría peligrar, o como el riesgo de una aplicación abusiva de esta práctica. Pero el principal derecho de los enfermos que está en juego cuando hablamos de eutanasia es, precisamente, el que la Ley reconoce: el derecho a decidir libremente sobre el final de la propia vida. Y en cuanto a la posibilidad de una práctica eutanásica abusiva, siempre puede prevenirse mejorando los protocolos. Se mire como se mire, no hay buenos argumentos seculares contra una regulación que amplía derechos sin obligar a nadie a nada (tampoco, por cierto, al personal sanitario, que siempre puede acogerse a la objeción de conciencia), y es probable que, dentro de algún tiempo, las soflamas contra la eutanasia nos parezcan tan anacrónicas y exóticas como las que en su momento se lanzaron contra el divorcio o contra el matrimonio igualitario.

Pero lo curioso de esta controversia es que rara vez se plantea con claridad una objeción contra la eutanasia que merecería la pena debatir abiertamente. Esa objeción viene a decir que la regulación de esta práctica, y su consiguiente normalización, favorece un cambio preocupante en la percepción social del envejecimiento y el final de la vida. Si al principio —prosigue el argumento— la eutanasia se considera legítima para paliar el sufrimiento insoportable de enfermos terminales o incurables, antes o después se amplía la horquilla de beneficiarios para incluir a personas deprimidas, desesperadas o cansadas de vivir, hasta que finalmente la eutanasia se percibe como una prestación sanitaria entre otras, y tal vez como la mejor alternativa a la enfermedad y la vejez, como sucede en la cruda y mustia distopía eutanásica de Plan 75, la excelente película de la directora japonesa Chie Hayakawa. Nótese que esta objeción no recela de un posible deslizamiento desde la eutanasia voluntaria (solicitada por el paciente) a la no voluntaria (en pacientes que ya no pueden solicitarla por sí mismos) y, de ahí, a una supuesta “eutanasia involuntaria” que no es otra cosa que un eufemismo del asesinato. La objeción apunta, más bien, a una generalización de la eutanasia voluntaria, o a la normalización del suicidio asistido como una opción válida para afrontar el final de la vida. Una tendencia que parece confirmar el hecho de que las sociedades con leyes de eutanasia más veteranas comienzan hoy a debatir sobre el suicidio por “vida cumplida”, es decir: sobre la posibilidad de que las personas mayores que consideran que su vida biográfica ha terminado decidan libremente poner término a su vida biológica ahorrándose, si así lo desean, el calvario de la decrepitud o la enfermedad.

No sabemos si la regulación de la eutanasia conducirá a nuestras sociedades por ese derrotero, pero la objeción es seria. Y es probable que acabe ocupando un lugar importante en la discusión pública, porque el avance de la medicina y el aumento de las posibilidades técnicas de alargar la vida pueden conducir a que no solo las enfermedades terminales, sino también la decrepitud asociada al envejecimiento, comience a percibirse como una etapa de la vida que algunas personas ya no quieran atravesar. Y como los avances técnicos son irreversibles, también suelen serlo los cambios sociales que dependen de ellos, en este caso la percepción social del final de la vida. A los detractores de la eutanasia les preocupa ese cambio de percepción social, pues parece implicar que hay vidas que ya no son dignas de ser vividas. Pero desde una posición más favorable a la eutanasia cabría replicar que aquí no se trata de si hay vidas más o menos dignas, sino de si hay vidas que ya no queremos vivir nosotros mismos, sobre la base de nuestra libertad y nuestra autonomía. Así pues, donde algunos perciben cierta banalización de la muerte o una visión despectiva de la enfermedad y la vejez, otros simplemente observan una evolución social comparable a la que se ha producido en relación con otras prácticas —como el divorcio o el matrimonio igualitario— que en su momento parecían muy controvertidas, casi impensables, y que han terminado por normalizarse completamente. 

Es pronto para plantear estas cuestiones en el debate público, por no hablar ya de darles respuesta. Pero si asumimos que

somos nuestros, y no de Dios, son preguntas que, antes o después, tendremos que hacernos.