¿Qué ocurre con la ley audiovisual?

Pensemos por un momento en cómo veíamos la televisión en 2010. Es difícil pensar que una ley aprobada entonces se adapte al medio de ahora, que además de lineal es no lineal, que tiene presencia de grandes del Estado y de gigantes internacionales, que ha cambiado profundamente el paradigma.

Claro que hacía falta una ley. Nos hacía falta al sector y a la ciudadanía. Y además lo mandata Europa, puesto que estaba pendiente trasponer la directiva destinada a proteger la diversidad audiovisual.

Entonces ¿dónde están los problemas? Como siempre en el cómo. Y el cómo siempre ha sido más que si se iba a poder ver Netflix en catalán. Ese eje simplificó lo que tendría que haber sido un debate más rico. La ley audiovisual tenía que acometer una serie de tareas pendientes.

La primera: la creación, por fin, de un Consejo Audiovisual. Algo que estaba en la ley de 2010 y que la modificación que el gobierno del PP hizo en 2012 se la llevó por delante. Somos el único país de Europa que no tiene un orgánico específico del audiovisual. Y no, la solución no está en poner más recursos para que la CNMC, que es quien desarrolla esa tarea, siga encargándose. Aquí está uno de los principales problemas que atraviesan la redacción de esta ley: asumir que tiene que ser la perspectiva del mercado la que regule el sector audiovisual.

Además, se trata de trasponer la directiva europea y por tanto de proteger la diversidad. Eso supone hablar de la realidad plurilingüe del estado, pero también de cómo respaldar a la parte más vulnerable del sector, la de la producción independiente. Además de incorporar una perspectiva de género, interseccional pensando en la accesibilidad, y de comprender que la crisis climática no se aborda solo en la ley de cambio climático sino que tiene que permear todos los textos legislativos, más aquellos que abordan cómo nos comunicamos. La diversidad implica  además que hay que proteger los medios públicos de comunicación y los medios comunitarios.

Sin embargo, la ley no se hace cargo o directamente continúa en la línea trazada por Rajoy en 2012. Seguimos sin Consejo Audiovisual, los medios comunitarios siguen en una situación en la que su subsistencia tiene mil trabas, especialmente para las radios libres, y la protección de la diversidad brilla por su ausencia cuando plataformas de productoras independientes, distintas lenguas del estado y de mujeres cineastas ven con preocupación el texto final.

No deja de sorprender, a poco que se conozca el sector, que un mismo manifiesto vaya firmado por Proa, Profilm, Diboos, Aecine, Piaf, Mapa (que componen la Plataforma de Productoras Independientes) y también por PATE Productoras audiovisuales. No es fácil poner de acuerdo a unas y otras y la redacción de esta ley, a través de lo que se planteó como mejora técnica, lo ha logrado. Sustituir “un” por “dicho” pasa de la posibilidad de proteger a la producción independiente a favorecer la retroalimentación del duopolio audiovisual.

La jerga parlamentaria hace que multitud de enmiendas se justifiquen como “mejora técnica”. Lo técnico siempre suena a desideologizado. Como si alguien llegara con una calculadora y dijera: es que el resultado de 2 + 2 siempre es 4. Pero lo cierto es que “mejora técnica” viene a decir que el firmante de la enmienda la ve mucho mejor así. Y ya. Más que nada porque de limitarse a una mejora de redacción, y si realmente tantísimas productoras se equivocan al interpretar que ese cambio de palabras va a ser un destrozo para ellas, ¿no cabría admitir que el texto genera equívoco y cambiarlo? La obstinación que ha llevado a perder el apoyo de los grupos de la mayoría de investidura solo se puede explicar porque realmente sí dice lo que el sector ha entendido y lo dice a conciencia.

Tan preocupante como esto es el artículo 71. En él se obvia una prohibición sin la cual Álvarez Cascos, en su breve mandato como presidente de Asturies, habría podido cerrar la televisión pública en 2011.

Se abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas cuando no se impide externalizar la edición del servicio de informativos. Esto lo han advertido sindicatos y trabajadoras de televisiones públicas.

Por las mismas, el ahogo a los medios comunitarios deja todavía más frágil el tejido para que puedan existir discursos distintos de los que el duopolio mediático quiera difundir.

Porque esta es la cuestión clave y el problema de abordarla desde una perspectiva de mercado. La ley de comunicación audiovisual trata sobre todo de la libertad de expresión, del derecho a la información veraz y del derecho de acceso. Eso no se puede regular ni legislar desde la perspectiva del mercado. E incluso así, es de una enorme torpeza creer que el mercado es solo lo que quieran que sea los grandes grupos mediáticos.

Tenemos un tejido audiovisual produciendo una ficción y no ficción de una calidad altísima y que se celebra y reconoce internacionalmente. Miles de personas empleadas, profesionales de referencia, que pueden ver cómo lo que deberíamos proteger (sí, ser proteccionistas con una industria de alto valor añadido) pasa a ser una burbuja que explotará y pronto.

Apoyar la cultura, el cine, la creación audiovisual del país no consiste en pisar alfombra roja, posar en un photocall y tuitear que viva el cine español. Apoyar es tomarse en serio la apuesta por el audiovisual como sector estratégico de la economía, dejándole ser, facilitándole ser y estar en iguales condiciones a las de los países vecinos.

No es chovinismo decir que nuestro audiovisual es de referencia. Es problemático no ver que es así.

¿Qué ocurre con la ley audiovisual? Que no vale hoy para el sector, más allá del duopolio. Y que no vale para garantizar derechos a la ciudadanía. No somos consumidores, somos personas que necesitamos poder participar de la comunidad a través de qué nos contamos y cómo lo contamos. Sin diversidad, ese derecho no es tal.

Estamos a tiempo no de darle la vuelta como un calcetín pero sí de evitar el daño a las productoras independientes y a las televisiones públicas. Tengamos el debate que con una única ponencia y más de 900 enmiendas es evidente que no tuvimos. Démosle a esta ley un sentido común, para todas.