Carles Puigdemont, el sorpresivo candidato que ha sucedido al candidato ladeado -Artur Mas ya se puso de perfil en la lista electoral-, es ya presidente de la Generalitat de Cataluña. Hay que reconocer que un acuerdo, aunque haya sido in extremis, entre Junts pel Sí y la CUP para sacar adelante un gobierno para Cataluña, entraba en lo probable, al menos. ¿Por qué tanto extrañarse? Sabemos que la chapuza parlamentaria que ha dado paso a tal salida del bloqueo en que se hallaba la situación política catalana no es muy honorable, ¿pero sorprende? La verdad es que no debiera sorprender, por más que pueda considerarse que todo ello tiene componentes de huida hacia el lado del expresidente Mas -ha hecho época su expresión de “dar un paso al lado”- y de inmersión total de la CUP en sus propias contradicciones internas. Al mesiánico Mas le ha salido la jugada de evitar para su formación política el trago de unas elecciones anticipadas, aunque sea al precio de aparcar su candidatura a la presidencia de la Generalitat catalana. Y la CUP ha conseguido apear a Mas de dicha presidencia, a la vez que comprometer al nuevo gobierno que salga a políticas sociales más consistentes, aunque ello haya sido dejándose la coherencia democrática en los entresijos de una negociación culminada en una opacidad contraria a los procesos asamblearios que son su seña de identidad.
Resulta que en el nuevo contexto que se ha dibujado, una vez que hay gobierno de signo independentista en Cataluña, hay quienes insisten en la crítica al “derecho a decidir”. Si desde el independentismo sostienen que ya pasó el momento en que eso era pertinente, están por otro lado los que lo rechazan descalificándolo como secesionismo encubierto o asimilándolo de manera improcedente a derecho de autodeterminación. Se pasa por alto precisamente que los que mantenemos esa propuesta lo hacemos en consonancia con algo que es esencial a las democracias constitucionales: conjugar el principio democrático de participación de la ciudadanía en todo aquello que le afecta con el principio de legalidad que obliga al respeto a las leyes que nos damos -la combinación de liberalismo y democracia radical tan lúcidamente expuesta por el filósofo Habermas, por ejemplo-. En virtud de esa conjugación abogamos por abordar, en el marco de un proceso de reforma constitucional para el cual tendría que ser paso previo, la necesidad de proceder a consultar a la ciudadanía catalana el modo de encarar para el futuro la relación de Cataluña con el Estado español. Dado que es en Cataluña donde la actual estructura territorial del Estado se halla cuestionada hasta un nivel muy elevado de deslegitimación, es obligado atender a la voluntad que exprese su ciudadanía en las urnas para orientar la misma reforma constitucional que se pretende. Una matizada observación hay que añadir en medio del debate: se puede hacer un buen discurso contra el “derecho a decidir”, pero eso no implica acierto en la decisión que se adopte respecto a Cataluña.
Cuando quienes insistimos en llevar la reforma constitucional hacia el objetivo de un Estado federal plurinacional ponemos el acento también en la necesidad de realizar en algún momento un referéndum consultivo en Cataluña, nos encontramos, pues, con que llueven sobre nosotros acusaciones de desvariar políticamente y situarnos fuera de lo que la izquierda debiera sostener. Habrá que recordar que es imposible en la situación actual acometer las políticas económicas y sociales necesarias para salir de la crisis sin afrontar a la vez la crisis del Estado. Y eso es así, además, no sólo por motivos coyunturales, sino por razones de principio. Sin resolver las cuestiones de reconocimiento fallan las bases para abordar lo relativo a redistribución de cargas y beneficios. Y en España está por resolver adecuadamente la cuestión de las naciones y, por lo que ahora nos ocupa, el reconocimiento constitucional explícito de Cataluña como nación. Con todo, dado que hay quienes irónicamente nos desean suerte ante una propuesta que juzgan aventurada, la respuesta no puede ser sino ésta: ¡suerte para el Estado español, y más que le hará falta esa suerte si no se hace un referéndum! La retórica de la unidad de España no resuelve la grave crisis de su Estado.
En medio de la situación en que ahora mismo estamos en España, si razones había para defender un pacto a favor de un gobierno de izquierda, dichas razones tienen más peso aún tras los hechos que van ocurriendo. Ante un gobierno independentista en Cataluña, el cual ciertamente va a iniciar su andadura sorteando la legalidad a la que se debe, es imperioso articular una respuesta política que no se puede limitar, como ya ha hecho el presidente en funciones del Gobierno español, a decir que, frente a la Generalitat, se pondrá en marcha toda la “maquinaria del Estado” -por más que se recuerde que se trata de un Estado de derecho-. Sigue siendo imprescindible como lo más acertado el mantener la propuesta, ante Cataluña y la sociedad española en general, de una hoja de ruta encaminada a un federalismo plurinacional. Abandonar esta propuesta para replegarse sometiéndose a la derecha en una “gran coalición” PP-PSOE, adobada con Ciudadanos, sería encerrarse en una vía con cariz regresivamente españolista que ni será solución para el Estado, ni valdrá para salir de la crisis social y económica como se debe hacer. Sería, además. el triunfo del miedo a la democracia.
Necesitamos izquierdas, por tanto, que pacten para proponer federalismo plurinacional como la salida, incluso ahora, ya con gobierno en la Generalitat con programa secesionista. Es tal pacto lo que podrá permitir presentar ante la ciudadanía catalana y ante la ciudadanía española la importancia y la urgencia del pacto federal que necesitamos para reconstruir en España el edificio constitucional en el que tengan cabida las naciones que existen en nuestra realidad política hispana, suficientemente reconocidas y solidariamente coordinadas. Es para lograr ese pacto para lo que el PSOE, con su Secretario General al frente, ha de empeñarse a fondo, invitando a los demás partidos de izquierda -especialmente Podemos- a hacer otro tanto. Las presiones para que tal acuerdo de las izquierdas no se dé van a ser fuertes; ya lo están siendo. Desde las derechas se quiere aprovechar la coyuntura catalana para presentar como solución un gobierno fuerte presidido por Rajoy, como lo obvio en las actuales circunstancias, que tendría que ser apoyado por el PSOE, sea mediante pacto parlamentario o incluso como gobierno de coalición. Sin embargo, no es esa la solución que debe darse, por la lejanía entre las políticas propugnadas por PP y por PSOE, respectivamente, y por los diferente enfoques respecto a cómo afrontar la crisis del Estado. La alternativa ha de quedar clara.
La izquierda en general, y el PSOE en particular, tienen buenas y sólidas razones para un acuerdo que se ofrezca como trampolín para plantear, también ante la derecha, el indispensable pacto federal con el que trascenderíamos la agotada realidad del actual Estado de las autonomías. Dichas razones, que se apoyan en la idea del federalismo como proyecto de convivencia desde la diversidad y de profundización en la democracia, son las que se deben hacer valer en defensa de una propuesta política que no debe sucumbir frente a las presiones de una derecha que no ha dejado de ser centralista en sus convicciones más genuinas. Superando las presiones del nacionalismo españolista podrá la izquierda ofrecer una alternativa creíble también frente a las presiones del independentismo, las que operan ya desde las posiciones ventajistas en las que se ha situado colonizando el núcleo de la institucionalidad catalana aprovechando una mayoría parlamentaria a la que no acompaña una mayoría de votos de la ciudadanía de Cataluña. Los procesos políticos, además de ser legales, han de cargarse de una legitimidad fuera de toda duda.