Un país en venta por una Corona brillante
Arabia Saudí ha sido el histórico aliado de Estados Unidos y de la Unión Europea en Oriente Medio. Una alianza siempre incómoda, pero que respondía a unos intereses geoestratégicos particulares: Arabia Saudí ganaba protección occidental frente a la expansión del socialismo verde pujante en los proyectos panárabes durante la segunda mitad del siglo XX y, tras la revolución iraní que derrocó al Shah en 1979, contenía la expansión del chiismo en la región. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea ganaban con Arabia Saudí un control más o menos efectivo de las mayores reservas de petróleo del planeta y vías seguras para transportarlo a Occidente.
Ante los últimos acontecimientos, ha estado bajo el foco mediático un falso debate sobre la venta de armas a Arabia Saudí, pues somos uno de sus principales productores: fabricamos y vendemos corbetas, misiles de alta precisión y diferentes tipos de armamento para que los saudíes los utilicen en sus salvajes guerras de la región. Principalmente en Yemen, donde llevan tres años sometiendo a su población a la hambruna y bombardeando a población civil inocente. La ONU ha cifrado en seis mil las muertes producidas por la campaña bélica de Arabia Saudí contra Yemen, aunque The Washington Post eleva la cifra a cincuenta mil.
Digo falso debate porque un Gobierno debe cumplir y respetar la ley. La ley española sobre el control de comercio exterior de material de defensa dictamina que no se puede autorizar la venta de armas «cuando existan indicios de que puedan ser utilizadas de manera contraria a la dignidad inherente al ser humano». Y hablo también de falso debate cuando se intenta enfangar con la disyuntiva entre los derechos fundamentales de los trabajadores o el cumplimiento de la ley. Es responsabilidad del Gobierno crear las condiciones para que haya alternativas laborales, y hay que asegurar esas alternativas. Se trata de un falso debate cuando existen propuestas y cuando se ha conocido, por ejemplo, que Navantia rechazó un contrato con la Armada brasileña u otro contrato con un armador vasco para la construcción de un petrolero alegando mucha carga de trabajo. Es un intento de falso debate en el que tenernos encerrados sin levantar la cabeza y obligarnos a mirar en otra dirección.
La posición común de la Unión Europea insta también a los países miembros a no vender armamento si hay riesgo de que se utilice para violar los derechos humanos. Hay un consenso fuerte en la comunidad internacional para detener esta guerra atroz, el Parlamento Europeo solicitó el 24 de octubre un embargo de toda la Unión Europea a la venta de armamento en Arabia Saudí, pero ¿qué ocurre en España? No parece que vaya a cambiar demasiado esta relación. ¿Por qué?
La defensa de los derechos humanos en venta, la política internacional en venta, un país en venta… por la defensa del brillo de una Corona.
Amistades personales
La relación de España con Arabia Saudí se ha mantenido principalmente a través de las amistades personales de la familia real española con la familia real saudí. Una relación que poco tiene que ver con los intereses nacionales de ambos países; obedece mucho más a un intercambio de favores para que ambas familias reales se hayan enriquecido, presuntamente, de manera mutua.
Esta relación personal ha conllevado jugosos acuerdos y fortunas para ambas familias. Ya en 1977, el príncipe amigo de Juan Carlos I de Borbón, Fahd Bin Abdulaziz, supuestamente le prestó cien millones de dólares que —al parecer— nunca se devolvieron. Treinta y cinco años más tarde, y según conocimos por las filtraciones de las escuchas de Corinna, el rey emérito supuestamente podría haberse beneficiado nada menos que de más de ochenta millones de euros en comisiones por el contrato del proyecto del AVE a La Meca; un proyecto que ha pasado bastante desapercibido a nivel mediático, pero que arrastra sospechas de corrupción y agujeros negros extremadamente preocupantes, y donde, una vez más, empresas privadas como OHL, ACS o Indra cobran por la construcción mientras que son las empresas públicas como Renfe (que se ocupa de la explotación comercial) y Adif (encargada del mantenimiento de la infraestructura) las que asumen los riesgos.
Esos riesgos anuncian ya posibles pérdidas de más de mil millones, al rebajarse las previsiones de facturación a un 10% de lo estimado en el proyecto inicial, unas pérdidas que asumirían las empresas públicas en su operación, es decir, que asumiría una vez más la ciudadanía española.
Un país en venta por el brillo de una Corona
La comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía que Podemos está intentando impulsar en el Congreso podría esclarecer los hechos sobre las comisiones, pero Cs, el PP y el PSOE la siguen bloqueando. Flaco favor hacen al prestigio de nuestras instituciones, al prestigio de la casa real, a la transparencia y al futuro de nuestro país.
La política exterior es una herramienta fundamental en nuestro desarrollo: proyecta la imagen de España en el mundo, sirve para construir el entorno internacional en el que queremos construir un futuro y, al mismo tiempo, debe responder a los intereses generales del pueblo español.
Los negocios privados de la monarquía española podrían estar costando muy caros a España. Mientras la mayoría de países, con Alemania a la cabeza, han enviado un mensaje al detener el suministro de armamento a Arabia Saudí tras el brutal descuartizamiento del periodista Khashoggi, el Gobierno español se ha quedado de brazos cruzados, mirando hacia otro lado, como si no ocurriera nada.
El pueblo de España no se puede poner de rodillas frente a dictaduras que utilizan técnicas del ISIS para callar a sus disidentes; el pueblo de España no se puede poner de rodillas ante los que presuntamente compran favores del rey con comisiones que no quieren investigar. No somos súbditos, somos un pueblo digno, moderno y democrático que no da permiso a nadie ni para matar ni para enriquecerse en nuestro nombre.
Debemos ser capaces de cambiar el rumbo por completo y dejar de ser embajadores en la exportación de la corrupción y de la mala gestión. Tenemos que repensar nuestro modelo de relaciones internacionales, que debe obedecer a una estrategia nítida: una diplomacia de paz y no de guerra.
En un momento tan convulso a nivel internacional, en el que se está definiendo el nuevo orden mundial, España debe decidir del lado de quién está. Tener un rumbo claro. Volver a poner a España en el lugar que se merece: al lado de la democracia, la paz y la justicia; lejos de la vulneración de los derechos humanos y de los que crean redes de corrupción globales. España no puede estar en el lado de la generación de guerras, de las bombas que siembran personas refugiadas, de la vulneración de los derechos fundamentales; debe estar en el lado de la estabilización y el desarrollo justo de los países.
Nuestro país no puede ser rehén de viejas instituciones heredadas que no se someten a ningún control democrático. En tiempos donde crecen los monstruos, España tiene la tarea histórica de liderar una agenda europea de derechos humanos y de paz. Una agenda democrática y valiente que vuelva a poner el proyecto europeo y sus relaciones internacionales a la altura de la gente de este país.
Necesitamos reconfigurar las arquitecturas de las instituciones de gobernanza global para que sean más eficaces y trabajen por una agenda sostenible con el medio ambiente, que esté basada en la justicia social, la justicia fiscal, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, y que sea capaz de acometer los grandes retos que afrontamos.
Es hora de ponerse a trabajar en una dirección clara, con otros pueblos que nos están esperando, y dejar atrás los intereses únicamente privados y de la monarquía. España debe desprenderse de viejas ataduras y liderar la alternativa hacia un nuevo horizonte de ciudadanía y dignidad.
