Países poco frugales

El debate sobre la forma y contenido que las instituciones de la Unión Europea (UE) deben dar para una salida rápida, justa y eficiente a la crisis sanitaria, social, económica y política derivada de la COVID-19 en el continente, la posición y justificación de los llamados “países frugales” (Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos) ha empezado a tomar fuerza incluso entre algunas personas de nuestro país.

Países Bajos está desempeñando una especie de portavocía informal de su grupo, recogiendo el hilo que ya inició durante las actuaciones de la UE a raíz de la crisis de 2009, actuaciones que a día de hoy están unánimemente consideradas como insuficientes, tardías y contraproducentes. Muchas personas recordarán aún las declaraciones de presidente del ECOFIN en 2017, el holandés Dijsselbloem, sobre la gente del Sur gastándose “todo el dinero en licor y mujeres”. Y seguramente también recuerden las más recientes del ministro de finanzas del mismo país, Wopke Hoekstra, acusando a los mismos países de admitir a personas “demasiado viejas con COVID-19 en las UCIs”. Ambos casos (al margen de ser buenos ejemplos de la catadura moral de los profetas que las eructaron) ligan la situación presupuestaria de su país comparada con la del Sur a una práctica exigente de determinadas virtudes morales de las que supuestamente aquí no tenemos.

Este tipo de relaciones siempre son de difícil demostración por el mero hecho de que las virtudes morales son individuales y no patrimonios nacionales y las variables macroeconómicas son resultados estadísticos extraídos en un territorio durante un tiempo determinado de tiempo, incluyendo en él los resultados de las empresas y los balances contables de los Estados, a los que suele resultar muy complicado atribuir voluntad o conducta moral. Tampoco resulta conveniente en un proyecto político común como debiera ser la Unión Europea imputar de manera colectiva virtudes y defectos morales a tenor de la pertenencia a una nación determinada o a un grupo humano determinado. Puede también que estos argumentos tan poco inteligentes como altisonantes estén destinados a desviar la atención de algunas circunstancias objetivas que concurren respecto de la economía de los propios Países Bajos, asuntos muy importantes y significativos en el asunto que se debate: una salida reglada basada en la solidaridad.

El sistema fiscal holandés concede ventajas especiales a las empresas que tributen en su territorio, lo que en el seno de la UE provoca un importante efecto de deslocalización fiscales de grupos empresariales del resto de la Unión, muchos de los cuales tienen filiales operativas en Holanda a fin de poder imputar sus beneficios ahí, pagando bastante menos impuestos de los que correspondería si se comportasen de manera (aquí sí) moralmente correcta.

Prácticas fiscales lesivas

A diferencia del licor y de prestar a las personas mayores la asistencia sanitaria que les es propia, las prácticas fiscales que abona y cobija Holanda están reconocidas por la mayoría como una de las más lesivas para los sistemas fiscales internacionales, hasta el punto de que la propia OCDE tiene un proyecto dedicado a evitar que prolifere, el llamado BEPSI.

De cara a evitar la competencia desleal que Países Bajos practica dentro del mercado único, la UE ha intentado en repetidas ocasiones establecer unas condiciones mínimas comunes al impuesto de sociedades –como por otra parte ha reclamado desde hace mucho la Unión General de Trabajadores–. El último intento fue en el año 2018, pero la iniciativa fue al traste principalmente por la oposición de importantes grupos del gran capital para los que prestaron su voz y voto Luxemburgo y (sorpresa) Holanda.

Según un trabajo de Torslov, Wier y Zuckman (2018) el impacto directo de esta deslocalización de beneficios en la recaudación del impuesto de sociedades en España es del 14%. Esto se traduce en que España pierde aproximadamente ingresos fiscales por un equivalente al 1,2% de su PIB anual. De la cantidad perdida por el fisco español por empresas que no pagan aquí lo que les correspondería, el 85% se hace en beneficio de otros países pertenecientes a la UE, siendo Holanda el país directamente más beneficiado (con aproximadamente 1.500 millones de euros al año), seguido de Luxemburgo (con algo más de 1.000 millones de euros anuales).

Una recuperación del conjunto de la UE

La población de los Países Bajos es aproximadamente un tercio de la española, por lo que con un cálculo rápido podría decirse que cada virtuoso y frugal holandés se mete en el bolsillo 82 euros al año procedente de ingresos que deberían ir a las arcas fiscales españolas. No somos partidarios de empezar a hacer este tipo de sumas, pero pueden hacerse porque el propio país las hace, por ejemplo: el monto total de lo que Holanda ingresa mediante su especial mecanismo fiscal procedente solo de las cuatro mayores economías de la zona Euro (Alemania Francia, Italia y España) es de aproximadamente 10.000 millones de euros al año, un 3% del total de sus ingresos fiscales. Se calcula que España podría recibir aproximadamente una cantidad similar del fondo SURE para cubrir los ERTES que se han puesto en marcha a raíz de la COVID-19. Es decir, España recibiría de manera extraordinaria la misma cantidad que Países Bajos recibe anualmente gracias a su manera de entender la solidaridad y la moral.

No obstante, no son éstos los únicos que pueden usarse a la hora de discutir posiciones como la holandesa en el debate sobre los recursos necesarios para la recuperación del conjunto de la UE.

Uno de los más interesantes es el que apunta a que la UE (el proyecto común que mayor periodo de paz y crecimiento democrático, social y económico ha dado al continente) nos beneficia a todos, pero no a todos los países por igual. Así, un estudio Mion y Ponattu (2019), estimaba que los países más cercanos al centro geográfico de la UE, como Alemania, Austria u (otra vez) Holanda obtenían unos beneficios del mercado único muy superiores a los que obtienen los de la periferia. Los factores no son solo geográficos, pero evidencian que las asimetrías que denunciamos existen, de tal manera que el beneficio de pertenencia al mercado único per cápita en Holanda duplica al italiano y casi triplica al de España. A tenor de estas cifras, parece aún más injusto que sean estos dos países los obligados a asumir el coste del mantenimiento de una estructura cuyos beneficios no reciben en una proporción tan elevada como la de otro y que asuman como suyo un problema que no les es exclusivo (el de las crisis que ha provocado la COVID-19). Pedir a Italia y a España, enormes beneficiadas de su pertenencia a la Unión Europea, que acepten recortes, pérdidas de bienestar sostenidas y deterioro de su crecimiento potencial debido a las inversiones no realizadas, todo por mantener un mercado único que beneficia especialmente a empresas o entidades financieras alemanas y holandesas (dicho de una manera muy sucinta) y que continúan presionando para que España incida en grandes procesos de privatización de sus servicios públicos o de sus pensiones, parece poco solidario, de dudosa moralidad y técnicamente poco frugal.

Lo que la COVID-19 ha sacado a la luz

La crisis de la COVID-19 también ha sacado a la luz en nuestro país ha resucitado (¡por fortuna!) asuntos como la privatización brutal de la sanidad y de los servicios sociales en gran parte de España. Resulta en este debate especialmente significativo el que algunos hospitales y residencias de ancianos nacidas durante el furor privatizador estén hoy en manos de empresas holandesas o empresas que, gracias a la arquitectura fiscal y a la frugalidad de los Países Bajos, tributan allí lo que en justicia debieran hacer aquí. Pero esta crisis también ha revelado como la política industrial y comercial librecambista de la UE (de la que Suecia, otro de los frugales, siempre ha sido gran abanderada) ha tenido como consecuencia el que muchos de los estados de la UE no pudieran tener abastecimiento de productos imprescindibles y que hayan tenido que comprarlos a un mercado internacional que, a tenor de los acontecimientos, a menudo se asimilaba más a un bazar poco fiable.

La Unión General de Trabajadores ha hecho un llamamiento a la Confederación Europea de Sindicatos, de la que es fundadora, para que el conjunto de la clase sindical europea reclame mecanismos económicos solidarios para el conjunto de la Unión. Por convencimiento en el proyecto europeo, en sus valores fundacionales y en las evidentes bondades que la UE trae al continente. Pero también porque sólo esa salida sería justa, habida cuenta de los beneficios acumulados que otros Estados miembro (como Países Bajos) obtiene gracias a la generosidad de nuestro país. Generosidad por generosidad, podríamos decir.

La visión y postura de frugales como Países Bajos puede ser defendida en el entender y visión de los que niegan los enormes beneficios que asumen y que no debieran asumir en una Unión Europea simétrica, justa y convergente. Los que aquí en España lo hacen son los mismos abanderados de la austeridad, la privatización y reformas laborales o de pensiones que siempre benefician sólo a la parte más pequeña y con frecuencia insolidaria del conjunto de la sociedad española. Los mismos que hacen campaña contra lo que ellos llaman paguita: una miseria comparado con la enorme cantidad que todos los años se llevan a tributar al país cuya postura avalan.