Un paso importante que hay que materializar

Plano general del hemiciclo del Congreso

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La propuesta inicial del Gobierno de emprender unos nuevos pactos de la Moncloa, que tras las negociaciones políticas con la oposición fue llevada al ámbito del Congreso de los Diputados donde se estableció una Comisión de Reconstrucción para tal efecto, ha fructificado al alcanzar acuerdos de Estado en áreas críticas aun cuando no en la totalidad de la agenda que se planteó originalmente. La aprobación de los dictámenes de los grupos de trabajo sobre Sanidad y Salud Publica y sobre Unión Europea de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, votados el miércoles 22 de julio por un amplio espectro del arco parlamentario (más de dos terceras partes del total de escaños), ha sido un paso importante para alcanzar acuerdos políticos que permitan avanzar en el descomunal esfuerzo de recuperación y reorientación de acciones que España debe emprender en estos ámbitos.

Queda pendiente, por cuestiones de procedimiento de la votación efectuada, la aprobación del dictamen del grupo de trabajo sobre aspectos económicos, que seguramente será aprobado, aunque por escaso margen, en algún momento de la próxima semana. Lamentablemente se ha rechazado el dictamen del grupo de trabajo sobre asuntos sociales y esto dejará un importante hueco en materia de acuerdos políticos sobre la agenda de transformaciones que habrá que acometer en los próximos años.

En resumen, el camino ha sido iniciado. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que estos dictámenes y los acuerdos políticos alcanzados que los respaldan son lo que son: consensos amplios que permiten avanzar. Ya que no tienen un carácter vinculante será importante que paulatinamente se vayan traduciendo en legislación que los implemente y en presupuestos que doten a las administraciones estatales y autonómicas de los recursos para llevarlos a cabo. Son pactos políticos que sientan bases para la acción y permiten anclar transformaciones y acciones necesarias en el corto, mediano y largo plazo.

Resulta significativo que estos acuerdos, respaldados por buena parte del arco parlamentario, se produzcan en el momento en que, junto al presupuesto septenal 2021-2027 se aprobó también ar el denominado Fondo Europeo de Reconstrucción de la Unión Europea que de manera solidaria mutualiza los impactos de la pandemia. Este Fondo se traducirá en un flujo de recursos de 140 mil millones de euros para España, que habrán de ser ejecutados en un marco europeo de inclusión social, economía verde y digitalización. Esto debería facilitar que, pese a las dificultades derivadas de la contracción de las economías nacionales se cuente con los recursos necesarios para emprender la agenda de transformación acordada.

En el ámbito de la sanidad y la salud pública, epicentro de las acciones emprendidas para contender con la Pandemia, resulta  fundamental haber alcanzado un acuerdo que permite, dar respuesta a las necesidades coyunturales generadas para responder a la COVID-19 y estar preparados para posibles nuevas oleadas epidémicas, o por otras pandemias, al tiempo que se   enfrentan  los cuellos de botella y los problemas estructurales que el Sistema Nacional de Salud (SNS) venía  acusando desde antes de la pandemia y que se han manifestado durante la crisis.

En materia de gobernanza, y resumiendo mucho, los acuerdos alcanzados reafirman los valores y principios del SNS; fortalecen la cogobernanza, la cooperación y la coordinación entre las Comunidades Autónomas, y entre ellas y el Ministerio de Sanidad; pretenden fortalecer los principios de buen gobierno y el papel del Ministerio en el marco de un sistema descentralizado, y proponen actualizar la legislación sanitaria estatal y autonómica.

En materia de recursos humanos, se propone mejorar los sistemas de contratación para acabar con la temporalidad y la precariedad; impulsar el desarrollo profesional; desarrollar actuaciones para afrontar el estrés postraumático de los profesionales tras la crisis del Covid-19; poner en marcha planes para afrontar epidemias; aumentar el número de plazas de formación sanitaria especializada allí donde se requiera; y establecer planes de refuerzo para situaciones especiales.

En atención primaria, entre otras cosas, se propone desarrollar e implementar el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria que fue aprobado mayoritariamente en su día por el Consejo Interterritorial del SNS, aunque tuvo algunas abstenciones y recibe aquí un buen refrendo; reforzar los recursos de la atención primaria como pilar esencial del Sistema; medidas para abordar la precariedad laboral y cubrir puestos poco atractivos; impulsar la enfermería comunitaria y la atención domiciliaria; reordenar la atención para cubrir los centros sociosanitarios mediante una mejor coordinación con los servicios sociales; así como reforzar los mecanismos de coordinación entre atención primaria, atención hospitalaria, dispositivos de urgencia, salud pública, los servicios sociales, los de atención primaria y los centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de cuidados integrales e integrados en una red de atención sociosanitaria.

En el ámbito de la salud pública se propone  implementar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; desarrollar con urgencia un Plan de Emergencias frente a epidemias y otras crisis sanitarias; fortalecer las estructuras y los servicios de salud pública a nivel central y en la Comunidades Autónomas; impulsar la formación de especialistas y la investigación; reforzar la presencia de la salud pública española en las organizaciones internacionales; avanzar en un sistema de información en salud pública incardinado en una red europea; actualizar la estrategia de equidad en salud, y aprobar un plan de salud y medio ambiente. Uno de los acuerdos más relevantes se refiere a la posibilidad de crear una Agencia de Salud Pública que puede venir a resolver con eficacia los nuevos desafíos de salud que situaciones como la actual pandemia generan a las sociedades actuales. 

En investigación, se pretende impulsar la I+D+i en salud, incrementando los recursos y favoreciendo su utilización ágil y eficaz; reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica, biotecnológica y otras que ofrezcan soluciones basadas en evidencias contrastadas; fortalecer las capacidades de investigación de los centros del SNS integrando científicos en sus plantillas; poner en marcha una estrategia de transformación digital del SNS; favorecer la transferencia de conocimiento del sistema público de investigación mediante la propuesta de proyectos de cooperación de estas instituciones con empresas innovadoras del ámbito de la salud y con otras que pudieran dar servicios al sistema de salud; aumentar la capacidad estructural de la investigación clínica, donde España es líder; elaborar un mapa tecnológico de, y poner en marcha un Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria; y crear un nuevo Fondo de Innovación Sanitaria, para financiar entre otras, terapias tuteladas y medicamentos de alto coste.

Muchas otras medidas componen este importante acuerdo parlamentario, por ejemplo, en materia de política farmacéutica o en materia de financiación; así en financiación hay una apuesta clara por incrementar recursos con un aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura. También se propone crear un Fondo de Reconstrucción Sanitaria plurianual de carácter finalista, así como un Fondo de innovación sanitaria para financiar los medicamentos de alto coste y dotar adecuadamente al Fondo de Cohesión Sanitaria para hacer frente a los gastos derivados de los Centros Servicios y Unidades de Referencia, así como para afrontar las desigualdades en salud. Todo ello en el marco de la revisión del sistema de financiación autonómica de acuerdo con los criterios fijados en la conferencia de presidentes de 2017: solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos.

En conjunto, las 71 recomendaciones aprobadas constituyen una agenda amplia, pertinente y ambiciosa, que, sin embargo, no se pondrá en marcha por generación espontánea. Se precisan varios pasos adicionales para hacer posibles las aspiraciones recogidas en el dictamen aprobado.

El primer paso debe ser la aplicación inmediata de aquellas medidas urgentes que se requieren para seguir haciendo frente a la pandemia. En este sentido, la convocatoria conjunta por el Gobierno y diversas Comunidades Autónomas de la mayor licitación pública de nuestra historia para constituir una reserva estratégica de EPIS y pruebas diagnósticas frente a la pandemia camina en la buena dirección y debería de ser seguida por otras iniciativas similares. Por ejemplo, en el refuerzo de los dispositivos de salud pública y de atención primaria que se requieren para hacer frente a los actuales rebrotes, en la atención a la situación de estrés que viven muchos profesionales de la salud, o a la previsible situación de sobrecarga generalizada del sistema que se producirá con la llegada de la próxima temporada de gripe estacional.

En segundo lugar, muchas de estas propuestas, y no solamente las referidas explícitamente a la financiación, requerirán su articulación en el presupuesto de 2021 que el Gobierno se propone presentar al Congreso en septiembre, el cual va a ser sin duda un excelente banco de pruebas de la firmeza de los compromisos políticos adquiridos por los distintos grupos.

En tercer lugar, conviene recordar que un programa tan ambicioso no podrá desarrollarse en el plazo de un solo año. Por ello, se requiere la rápida formulación de un Plan de Acción que dé una respuesta factible y periodificada en el tiempo a las recomendaciones aprobadas. Una hoja de ruta pragmática y realista, consensuada con los actores relevantes, elaborada por el Ministerio de Sanidad y los responsables sanitarios de todas las Comunidades Autónomas. Dicho Plan deberá ser una expresión madura de cogobernanza y sinergia que permita operacionalizar los amplios acuerdos políticos alcanzados en el Parlamento. Sin duda el gobierno central deberá asumir el liderazgo a este respecto y convocar, a través del Consejo Interterritorial, a las Comunidades Autónomas, a participar en un ejercicio eficiente de cocreación de la carta de navegación que habrá de guiar los esfuerzos de reconstrucción del sector, de responder a las necesidades sanitarias de la población y de producir los mejores resultados en salud posibles durante los años venideros con el máximo consenso profesional e institucional.

El trabajo que resta será arduo y requerirá seguir construyendo consensos al mismo tiempo que se definan con claridad las acciones transformadoras que refuercen la salud pública y la asistencia sanitaria y se dimensionen los recursos necesarios para llevarlas a cabo. La tarea es ahora del Sistema Nacional de Salud en su conjunto y demanda generosidad de todos los actores para cerrar filas e impulsar la gran transformación que le de vigencia y vigor a la sanidad pública en España que, tal como hemos aprendido, es un factor esencial de seguridad y de cohesión social, y una de las más nobles construcciones de la democracia de las últimas décadas. La implicación final de la Conferencia de Presidentes daría la solidez necesaria a este acuerdo que podría convertirse así en un verdadero Pacto de Estado por la Sanidad. 

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Publicado el
23 de julio de 2020 - 22:41 h

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