La regularización: dignidad humana frente a xenofobia

Mientras Trump lleva a cabo una expulsión masiva y en muchos casos violenta de migrantes y mientras la derecha y extrema derecha votaban en el Parlamento europeo un nuevo Reglamento de retorno para la deportación de personas migrantes a terceros países de dudosa seguridad, el Gobierno progresista de España acaba de aprobar un Real Decreto para una regularización extraordinaria de aquellos que lleven en nuestro país más de cinco meses, no tengan antecedentes penales y estén en situación administrativa irregular. 

Son dos formas distintas de entender el fenómeno de la migración, en un caso, el español, poniendo el acento en la igual dignidad de las personas como sujetos plenos de derechos, y en el otro desde un enfoque xenófobo, de rechazo al diferente que viene a invadirnos y “sustituirnos”, en esa grotesca interpretación del “gran reemplazo”.  

La regularización es ante todo una respuesta a una situación real, la presencia desde hace tiempo en nuestro país de varios cientos de miles de personas de origen extranjero, que han venido huyendo del hambre, de la persecución o de las guerras y viven en situación de irregularidad administrativa, “sin papeles”, al no tener reconocida una condición jurídica que les permita disfrutar de derechos básicos como el resto de la ciudadanía. No pueden trabajar con derechos, haciéndolo en su caso en la economía sumergida, sometidos a situaciones de explotación y exclusión social y con dificultad de acceso a servicios públicos generales. 

Se trata de una decisión políticamente valiente del Gobierno, que tiene un gran apoyo social, cuyo origen se encuentra en una Iniciativa Legislativa Popular promovida por 700.000 personas con el respaldo de más de 800 entidades, entre ellas la Iglesia Católica, los empresarios y sindicatos y múltiples organizaciones de la sociedad civil, que fue admitida a trámite por una amplísima mayoría parlamentaria y que ahora adquiere vigencia a través de una reforma del reglamento de extranjería. 

Se estima por el Gobierno que servirá para regularizar a unas 500.000 personas migrantes que ya están entre nosotros y responde ante todo a una concepción humanista, de derechos humanos, basada en la común dignidad de todos, nacionales y extranjeros, como personas, así como en la convicción de que el acceso a derechos y deberes constituye un elemento esencial para la cohesión social y la convivencia democrática.

Las derechas han contestado con enorme dureza. De Vox era todo esperable, pues sus propuestas políticas se basan en la xenofobia y el odio al migrante, con un discurso estigmatizador que ha llegado a proponer la expulsión de ocho millones de extranjeros de nuestro país, lo que llaman un proceso de remigración, ligado a un concepto de pueblo de claro componente étnico.

Pero lo más grave es la asunción de ese discurso por parte del PP, cada vez más decidido a competir en este terrero con Vox y la extrema derecha europea. Feijóo, cuya única política es oponerse a cualquier decisión del Gobierno, ha descalificado la regularización extraordinaria considerándola “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, y en una vuelta de tuerca más ha llegado a decir que se va a regularizar a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Ya la portavoz del PP había vinculado la regularización al riesgo de presencia de terroristas en nuestro país, afirmaciones hiperbólicas que ni ellos mismos creen.

Porque la regularización no solo no es inhumana e injusta, sino todo lo contrario; lo que deshumaniza a las personas es precisamente su invisibilidad, no ser reconocidas como sujetos de derechos, y lo que es injusto en la sobreexplotación que lleva el trabajar en la economía sumergida, con menores salarios y sin poder protestar, así como no poder disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad. Y como bien sabe Feijóo, no se va a incluir a delincuentes ni va a aumentar la inseguridad.

Los datos de criminalidad son muy claros. En nuestro país, a pesar de haber aumentado en los últimos años en más de diez millones el número de personas de origen extranjero, no solo no se ha incrementado la criminalidad, sino que, si no consideráramos los nuevos delitos informáticos, ha disminuido, siendo España uno de los países europeos más seguros. Y es sabido que del proceso de regularización quedan excluidas las personas con antecedentes penales y, en algunos supuestos, las que en función de la información policial se consideren una amenaza para el orden público. Pero la criminalización del migrante, el engaño, con el objetivo de generar miedo en la ciudadanía, es ya una consigna no sólo de Abascal y su gente, sino lamentablemente también del núcleo duro del PP.

Y respecto a que la medida es insostenible, es también falso. Todos los estudios económicos de entidades españolas y de organismos internacionales vienen enfatizando que el dinamismo de la economía española en los últimos cinco años deriva en gran medida de la política de regularización e integración de migrantes que lleva que viene llevando a cabo el Gobierno de España, incorporando plenamente a la actividad productiva a personas de origen extranjero, a diferencia de lo que hacen otros países que los excluyen y expulsan. 

Además de lo que implica de incorporación al mercado formal de trabajo de varios cientos de miles de personas, que cotizarán a la Seguridad Social y pagarán más impuestos, favoreciendo de esa manera la mejor sostenibilidad del sistema de pensiones. También desde este punto de vista la regularización en marcha es una oportunidad para nuestro país.

Este cambio tan radical de posición del PP, que en su momento votó a favor de la tramitación de la ILP, expresa una vez más su profunda debilidad ideológica y su dependencia de su ala más dura, como Ayuso, y de Vox. Cabe preguntarse dónde quedan aquellas palabras de quien fuera portavoz del PP en 2024, Borja Sémper, defendiendo regularizar a cientos de miles de personas que estaban en la economía sumergida, asegurando que “hay que darles una salida, faltaría más”. Y dónde queda también la afirmación de julio de 2024 de Moreno Bonilla en el parlamento andaluz de que él no iba “a participar en la cacería del inmigrante”. Y cabe igualmente preguntarse dónde están los democristianos del PP, que se supone defienden un humanismo cristiano de acogida al migrante, como sí defendió la señora Merkel. Y podemos asimismo preguntarnos si las regularizaciones que llevó a cabo Aznar fueron también injustas, inhumanas e inseguras, o si sólo lo es la actual simplemente por el hecho de llevarla a cabo un Gobierno de mayoría socialista, aunque beneficie a España y a las personas migrantes.

Y por cierto, frente a lo que afirman estos pseudoprofetas de la derecha, ninguna de las anteriores regulaciones promovidas por los gobiernos de González, Aznar y Zapatero generó lo que mendazmente alegan de “efecto llamada”, pues tras ellas no se produjo ese efecto de incremento de la llegada de inmigrantes a nuestro país.

Dar la batalla cultura contra la xenofobia

La batalla de la extrema derecha, con el apoyo entre nosotros del PP, contra la inmigración es una batalla contra los valores ilustrados, que son los valores fundacionales de la Unión Europea, la igual dignidad de todas las personas cualquiera que sea su origen y procedencia, y el respeto y garantía de sus derechos fundamentales. La clave antimigratoria que ya no ocultan es la cultural, la defensa de la que vienen llamando la “identidad española”, una identidad cerrada y excluyente, que proclama su esencia blanca y cristiana, contraria al islam, y que consideran amenazada por la presencia de extranjeros.

Es, pues, necesario oponerse y movilizarse, promoviendo una batalla cultural contra la xenofobia y el odio al migrante, con base en un humanismo compartido, porque frente a la deshumanización y la criminalización de la migración lo que está en juego es la vida de las personas. Debemos defender la idea de ciudadanía democrática, que se construye sobre el pluralismo social y político, abierta a la integración de ciudadanos de distinto origen étnico y religioso. 

El recientemente fallecido Habermas afirmaba que “tenemos que superar la opinión de que los inmigrantes supuestamente deben asimilar los ”valores“ de la cultura mayoritaria y adoptar sus ´costumbres`”, entendiendo, por el contrario, que “no puede haber integración sin ampliación del propio horizonte, sin la disposición a abrirse a un espectro más amplio de olores e ideas”. Frente a las identidades cerradas y excluyentes se mostraba a favor de lo que llama “cultura constitucional”, es decir, el sometimiento a la Constitución y las leyes, con los valores que las sustentan, libertad, igualdad, derechos fundamentales, señalando que lo que el Estado liberal debe exigir a sus inmigrantes consiste en “aprender el idioma del país y respetar los principios constitucionales”. En definitiva, ciudadanía democrática frente a “cultura nacional” y xenofobia al diferente.