Legalidad internacional o barbarie

Tras la II Guerra Mundial que causó la muerte de más de 70 millones de personas, de ellas cerca de 50 millones de civiles, la mayoría de las naciones vieron la necesidad de crear una organización que velara por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de comprometerse contra las guerras, firmándose el 26 de junio de 1945 la Carta de las Naciones Unidas. 

Su preámbulo comienza subrayando que somos “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre”, “hemos decidido aunar nuestros esfuerzos” para tal objetivo.

A tal fin establece en su art. 2 el compromiso de todos sus miembros de abstenerse de “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, salvo expresa decisión del Consejo de Seguridad dirigida a “mantener o restablecer la paz y a seguridad internacionales” (art.42), e igualmente salvo el derecho de legítima defensa de un Estado frente a un ataque armado (art.51), defensa que deberá ser proporcionada.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, inicia afirmando que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” y que “es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho” así como promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, proclama en su artículo 28 que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

El mantenimiento de la paz, el rechazo de la guerra y la garantía de los derechos humanos constituyen el núcleo central de lo acordado con la creación de la ONU, ratificado por todos sus Estados miembros, incluidos Rusia, Estados Unidos e Israel. Todo ello constituye la ley, la legalidad internacional que obliga a todos los Estados, sin matices ni excepciones.

Del mismo modo, en Europa se crearon instituciones para preservar la paz y superar siglos de confrontaciones y guerras entre europeos. En 1949 el Consejo de Europa con el objetivo de promover tanto los derechos humanos como el Estado de Derecho y cuyo Convenio Europeo de Derechos Humanos se aprobó en 1950. Y más tarde la hoy Unión Europea, cuyo motor más potente ha sido el deseo de paz y la protección de los derechos humanos, así como el apoyo al multilateralismo.

El movimiento por los derechos humanos y la paz ha sido imparable, con convenios también en África, Asia y el continente americano.

La agresión militar de Trump y Netanyahu contra Irán, sin mandato de Naciones Unidas y sin defenderse de un ataque previo de esta última, supone que las reglas que rigen las relaciones entre los Estados de la comunidad internacional no solo han sido vulneradas de manera flagrante, sino que lo han sido con la desvergüenza de quien se ríe de ellas y las desprecia, porque es el más fuerte, que impone su ley, la propia, no la común acordada por todos. Nada justifica los salvajes bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, que han causado la muerte de miles de personas, incluidas ya 100 niñas iraníes asesinadas en su colegio, además de un millón de desplazados y una crisis humanitaria de incalculables dimensiones.

Cierta y lamentablemente, a lo largo de estos ochenta años se han producido numerosas y muy graves vulneraciones de la Carta de Naciones Unidas, en los últimos tiempos Rusia con la invasión de Ucrania y antes Estados Unidos en su agresión a Irak, además de Israel con el genocidio de Gaza. Pero nunca se había cuestionado su legitimidad y necesariedad para el mantenimiento del sistema multilateral cimentado en normas.

Pero el caso de Trump desborda todos los anteriores por la arbitrariedad que implica y el nulo intento de dar una justificación mínimamente coherente de la agresión, que no sea mostrar al mundo el desprecio del Derecho Internacional y del multilateralismo, junto con la pretensión de Israel de ser la única potencia de la zona. 

Esta escalada bélica está generando un incremento de la inseguridad global y también graves consecuencias económicas para la población mundial, especialmente la más vulnerable, además de “pingües” negocios a las petroleras y a la propia familia de Trump.

Nos encontramos en un momento en el que se hace imperativo reivindicar la defensa del multilateralismo fraguado en torno a la Carta de Naciones Unidas. No podemos legitimar la arbitrariedad. Rechazamos la Ley del más fuerte y reivindicamos un sistema internacional basado en el imperio de la Ley. 

Como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la paz y los derechos humanos en todo el mundo, reclamamos a la comunidad internacional y en especial a la Unión Europea un compromiso rotundo con la paz que conlleve la firme condena de esta agresión, el cese inmediato de las hostilidades en Oriente Medio y la búsqueda de una solución basada en la diplomacia y el diálogo. La Unión Europea debe ser consecuente en la defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas con un trabajo permanente en defensa del multilateralismo.

Porque, con independencia del profundo rechazo que nos produce la teocracia iraní, la alternativa a la legalidad internacional es la arbitrariedad y barbarie, la vuelta a la razón del más fuerte, es decir, a la brutalidad y al salvajismo, con el olvido de los derechos humanos y de los principios kantianos de la paz perpetua. 

Reivindicamos el valor del ser humano, de su dignidad intrínseca y de sus derechos como piedra angular del orden internacional bajo el auspicio de Naciones Unidas, porque la paz es más que la ausencia de guerra, es generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos.