Salir de la crisis con igualdad

Cataluña suma 43 víctimas de la COVID-19, lo que sube el total a 11.554

La propagación del coronavirus en todo el mundo está teniendo unos efectos devastadores en las personas y supondrá un golpe sin precedentes para la actividad económica. El primer pensamiento es para las personas que han sufrido sus consecuencias, especialmente las que han perdido la vida o la de sus familiares. El segundo, para las que sufrirán la crisis social, ya que siempre sigue a toda crisis económica. A pesar de todo, hay que trabajar para que, cuando se retiren las medidas imprescindibles de protección, la recuperación que llegue a todos sea fuerte, distribuida convenientemente, y nos permita corregir los desequilibrios que ha sufrido nuestra sociedad ha sufrido durante muchos años.

Tanto la pandemia como la recesión han agravado las desigualdades. Las medidas adoptadas como consecuencia del confinamiento han sido menos efectivas para quienes tenían una peor vivienda; la pérdida de empleo ha comenzado por quienes tenían contratos más precarios, y la vulnerabilidad severa ha llegado antes a quien tenía una menor red social. Hay muchas personas en nuestro país que, aún teniendo edad y capacidad para trabajar, no tienen ninguna posibilidad de aspirar a un puesto de trabajo, precario o no, porque están en situación de irregularidad administrativa. Otros gobiernos de otros tiempos favorecieron su entrada en nuestro país para que nutrieran la economía sumergida y contuvieran la inflación. Recordemos que en la época de Aznar no menos de 400.000 personas entraron irregularmente en el Estado español. Pero hoy ni eso. El cojín de ingresos que suponía esta economía sumergida, que no es deseable para nadie, prácticamente ha desaparecido.

Insistimos: economía sumergida no deseable para nadie. Ni para quien la padece, porque trabaja sin derechos laborales, ni para las empresas que cumplen con sus deberes, ya que supone una competencia desleal. Ni para la sociedad en general, ya que debilita la capacidad recaudatoria, el ejercicio de la solidaridad fiscal y el sostenimiento de las políticas de bienestar.

Las personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa son, en primer lugar, vecinos y vecinas de nuestros barrios, familias de la escuela, son las que hacen los trabajos que nadie quiere hacer, las que nos han enseñado en esta crisis como son de imprescindibles, por ejemplo, para nuestros mayores. Pero no lo están, en cambio, las personas que puedan ejercer los derechos y deberes que otorga la ciudadanía.

Para salir de la crisis con igualdad necesitamos que todas las personas que viven en Catalunya tengan acceso a la autorización de trabajo y residencia.

Se nos dirá que una regularización administrativa puede atraer nuevos movimientos de población y consolidar la indeseable informalidad de nuestro sistema migratorio. Pero, hoy, las fronteras están cerradas y la movilidad prácticamente ha desaparecido. Otros esgrimirán que esta medida podría incrementar la competencia por existir recursos públicos escasos (una forma de decir que a "ellos" no les corresponde "nuestro" bienestar). Ello podría conllevar tensión social, pero es al revés. Si todo el mundo que consigue una oportunidad de trabajo la puede aprovechar y paga los impuestos correspondientes, los recursos públicos serán menos escasos. Además, la identificación con el igual es más alta que con el desigual: el reconocimiento mutuo de derechos y la empatía son más fuertes entre personas que se sienten iguales que entre personas a quienes la ley establece un ellos y un nosotros.

En Europa hay quien ya ha comenzado a marcar este camino. El Consejo de Europa pidió que se vaciaran los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y se reconocieran los derechos de las personas que estaban recluidas en estos centros. Portugal ha planteado una regularización de unas 150.000 personas como un acto de justicia social y humanitaria, pero también como una medida de impulso económico. En Italia se acaba de aprobar otro proceso de regularización para salvar sectores como el agrícola y el del cuidado de las personas, que se estima que beneficie directamente a 600.000 personas e indirectamente al conjunto del país. Y Alemania también ya hace tiempo que da permiso de trabajo a todo aquel que tenga durante nueve meses una orden de expulsión no ejecutada, condición que aquí cumplirían la inmensa mayoría de los que llegaron por el estrecho de Gibraltar.

No pedimos nada que sea un imposible jurídico. Es posible hacerlo. Basta con ver la dura realidad que se vive junto a nosotros, la de las personas que, por no estar empadronadas, quedan fuera del radar de las políticas sociales básicas. Basta con ser conscientes de que la mejor salida de la crisis para todos será la salida que se haga con igualdad.

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Publicado el
28 de mayo de 2020 - 22:49 h

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