Las ayudas del Gobierno, el milagro español

La subida del salario mínimo de esta misma semana es la última de una larga serie de medidas que el Gobierno, con el consenso de las partes sociales o sin él, ha venido aprobando desde hace dos años y que han evitado la catástrofe económica que podía haber provocado la pandemia. No existe precedente en democracia de un esfuerzo de gasto tan amplio y consistente como el que ha venido decidiendo, paso a paso, pero sin pausa, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, la izquierda de nuestros días.

La última subida del SMI es corta, pero muy simbólica. No solo porque ha alcanzado los 1.000 euros, sino sobre todo porque indica que el Gobierno sigue en su empeño de que su política esté marcada por una impronta de mejoras sociales, en línea con sus promesas. Se desconoce cuál será el siguiente paso, pero es muy probable que lo haya.

No es fácil discernir la clave de este proceso, dónde está el motor que ha empujado las medidas. Pero seguramente habrá que ir a lo obvio para descubrirlo. Y ahí la voluntad de Pedro Sánchez de propiciar ese empuje aparece como inevitablemente protagonista. Como ideador o como autor político de las iniciativas, la diferencia no es grande en la práctica, sin una voluntad decidida por parte del presidente del Gobierno, estas no habrían salido adelante.

El que Sánchez haya aceptado, en todo o en parte, las propuestas de gasto que Unidas Podemos y, en particular, la ministra Yolanda Díaz, le haya venido haciendo, contribuye a reforzar esa idea. Al tiempo que habla muy a las claras del papel muy positivo que UP ha desempeñado en la conducción de los asuntos públicos, cuando menos, en el contexto socioeconómico.

En poco más de tres años, el salario mínimo ha pasado de 735 a 1.000 euros. Directamente unos dos millones de trabajadores se han beneficiado de ello. Pero seguramente otros tantos, si no son más, se habrán visto afectados positivamente en aumentos de sus salarios, bien porque han presionado directamente animados por la subida del SMI o indirectamente por el efecto emulación que la misma ha tenido. Es un efecto que los economistas han estudiado desde hace ya tiempo. Sabido es que el SMI es la única herramienta de la que un ejecutivo dispone para intervenir en este capítulo. El Gobierno de coalición ha decidido utilizarla a fondo, pese a las dudas que eso generaba en su propio seno al principio y las admoniciones agoreras sobre sus consecuencias que una y otra vez han lanzado al respecto empresarios y portavoces de la derecha. Y, que se sepa, las reiteradas subidas no han tenido impacto apreciable alguno en la evolución del empleo.

Otra de las medidas estelares de la acción social del Gobierno han sido los ERTE, las disposiciones mediante las cuales el Estado se hacía cargo del 70% de los salarios de los trabajadores cuyas empresas estaban amenazadas por el cierre como consecuencia del impacto de la pandemia en la actividad económica. Se sabe que en algún momento de estos dos últimos años hasta casi 3,5 millones de trabajadores estaban sometidos a ERTE. A ellos cabe sumar el millón de trabajadores autónomos que se han beneficiado de subvenciones estatales por cese o grave reducción de su actividad, otro nuevo mecanismo que este Gobierno inventó para hacer frente a la crisis social. Lo que no se sabe, entre otras cosas porque todavía es pronto para hacer un cómputo final, es cuántos puestos de trabajo y cuántas empresas se han salvado gracias a esas políticas.

Con toda la polémica social y las muchas movilizaciones que el asunto había generado en los últimos años, no se ha valorado suficientemente otra iniciativa gubernamental de calado como ha sido la subida, hace pocos meses, de las pensiones a tenor del aumento del IPC. Si se hubieran dejado las cosas tal como estaban al final del mandato de Mariano Rajoy y su salvaje ley de pensiones, estas habrían crecido únicamente un 0,25 al comienzo de 2022. Ahora subirán lo que los precios todos los años.

Las muchas ayudas a las pymes, las medidas para la suspensión de desahucios, las moratorias para el pago de alquileres e hipotecas, al bono social eléctrico, el salario mínimo vital deben figurar asimismo en la lista de iniciativas que este Gobierno ha adoptado para hacer que la crisis fuera menos dramática entre los que peor están. Todas y cada una de ellas tienen sus pegas. Y no es la menor la lentitud con que la administración tramita esos expedientes.

Reconocer ese giro de la política social es imprescindible para entender lo que está pasando en España. Y lo que puede pasar más adelante, cuando haya elecciones. Está claro que Pedro Sánchez y su Gobierno han sabido responder con una prontitud sin precedentes a la catástrofe que el COVID ha provocado. Y eso debería figurar en su haber. Para hacerlo adecuadamente han tenido que hacer frente a poderosas resistencias. Y, además, convencer a Europa de que ese camino era justo y necesario, por muchos peligros que comportara. En Bruselas han debido entenderlo, porque no paran de elogiar al Gobierno español, aunque Pablo Casado se niegue a aceptarlo.

Está claro que todo ese esfuerzo de gasto –solo los ERTE y las ayudas a los autónomos suponen 5.500 millones al mes– no han hecho sino aumentar el ya muy alto monto de la deuda pública española. Hasta el momento eso no es un problema porque el Gobierno consigue financiarla a costes relativamente asequibles en los mercados. La pregunta es si eso seguirá ocurriendo si, como empieza a temerse cada vez con más intensidad, el BCE decide subir los tipos de interés para hacer frente a una inflación que no cede. Todo indica que la Reserva Federal norteamericana podría proceder a esa subida incluso el mes que viene.

La situación puede empeorar, en efecto. Habrá que ver cuándo y cuánto. Y eso no está ni mucho menos claro. Porque el BCE hará todo lo que pueda para que sea lo más tarde y lo menos intenso posible. Porque el riesgo de encarecimiento de la financiación de su deuda no es exclusivo de España. Es tanto más grave en Francia. Y mucho más grave en Italia.

No es pues momento para asustarse, sino para tomar medidas adecuadas para esa eventualidad. Y para que el PIB siga creciendo. Como parece que lo va a hacer con fuerza este año.