La banalidad de llamarse Ernesta

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la toma de posesión de la segunda en enero de 2020.

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La paradoja de todo sistema inteligente es que no nos deja hacer lo que deseamos

Daniel Innerarity

Cientos de miles de mujeres que quisimos ser de niñas la Jorge de Enyd Blyton y, algo más tarde, la Jo de Mujercitas nunca tuvimos ninguna duda sobre nuestro sexo biológico, solo nos revolvíamos contra los estereotipos sociales que se asociaban a él. Con el tiempo muchas devinimos feministas y peleamos durante décadas por hacer implosionar esas limitaciones que la sociedad imponía a nuestro sexo. Hoy día para algunos Georgina/Jorge o Jo March no hubieran sido unas rebeldes contra la opresión social que sufren las mujeres sino una niña y una chica transgénero. Los tiempos cambian aunque, ya les adelanto, no siempre lo que parece tan moderno y transgresor es lo más revolucionario. 

No se me asusten si les parece que todo este debate les asoma a una especie de galimatías. Suele pasar. Los conceptos y teorías tan farragosas que solo parecen abiertas a la comprensión de los iniciados –o de los que reciben la luz– porque utilizan una jerga casi incomprensible y unos conceptos abstrusos suelen ocultar en muchos casos un pensamiento confuso y banal con ánimos de experimento social. En mi modesta opinión, la teoría queer es una "magufada" que pretende esconder bajo una terminología aparentemente académica un experimento sociológico que se aleja del pensamiento racional y entronca directamente con ese espíritu tan neoliberal y tan de nuestro tiempo en el que la subjetividad personal es la medida de todas las cosas. Yo soy ya mayor y me quedé en las luces de la razón. No me importa no ser moderna, prefiero ser lógica, no apartarme de la ciencia y la sensatez y ser humanista porque todas las personas sin ninguna distinción son para mí sujetos de los mismos derechos.

El martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto estrella de la ministra de Igualdad, la llamada Ley Trans, que sí que ha supuesto una tensión extrema en la coalición de Gobierno y que sí supone una mediana bajada de pantalones por parte de los socialistas para contentar a Montero y a Belarra. Digo mediana y no total porque el anteproyecto de ley que llega a la mesa del Consejo de Ministros no es ni por asomo el que se redactó inicialmente en Igualdad. De facto, ya no es una ley queer ni contiene muchas de las lagunas, errores y aberraciones jurídicas que contenía la propuesta por Montero aunque, eso sí, han tragado con su principal escollo que era y es la autodeterminación del sexo por la mera expresión del deseo del individuo y su aceptación inmediata registral y, por tanto, para el tráfico jurídico. 

El primer cambio logrado por el PSOE es haber unificado en una sola ley el proyecto de Ley LGTBI con el proyecto de Ley Trans. El segundo es una pequeña trampa jurídica para darle gusto a Montero y los suyos sin aceptar la papilla generista y queer. En la exposición de motivos de la ley que el Gobierno presentará se dice textualmente: ''El objetivo de esta ley es desarrollar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales'', es decir, LGTBI sin Q y aclara: ''En lo relativo a las personas transexuales (en adelante, personas trans)''. Deja así en la cuneta el concepto de transgénero que impregnaba todo el proyecto de Podemos jugando con que nadie se lee esas cosas salvo los jueces para interpretarlas. Si en todo ello está la mano de Carmen Calvo, si en la desaparición de las referencias a la paralización de la pubertad por medios químicos en menores hay que ver su influjo, no puede decirse que no haya conseguido grandes cambios. Hacer política es transaccionar y esta ley es una clara transacción entre los dos sectores del Gobierno.

Ahora bien, en el proyecto sigue vigente la medida más polémica y que más dudas suscita: aquella que permite realizar una rectificación registral del sexo con la mera expresión del deseo por parte del sujeto o sus representantes legales sin la exigencia de ninguna certificación o justificación ni médica ni psicológica ni de ningún tipo. Una mera comparecencia en el Registro mostrando la disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción será suficiente. A esto se le unirá un formulario en el que la persona elija un nuevo nombre propio ''salvo cuando la persona quiera conservar el que ostenta'' (art. 38), lo que viene a significar que si Ernesto Wilde decidiera cambiar su sexo a mujer podría seguir llamándose Ernesto Wilde. Tras una ratificación a los tres meses, la inscripción será efectiva y deberá llevarse a cabo en todos los documentos (DNI, títulos universitarios, escrituras de propiedad, por ejemplo). La reversión de todo el proceso puede volver a llevarse a cabo a los seis meses. En total, con toda comodidad, cualquiera puede probar a ser del otro sexo durante más o menos un año (solicitud + ratificación + tiempo de reversión) y todo ello sin alterar ni su nombre de pila, pero con derecho a entrar en vestuarios, módulos de prisión, competiciones deportivas del sexo elegido o listas cremallera. 

Las leyes no solo deben redactarse en la creencia de que el 0,1 o incluso el 2% de la población a la que se dirigen –la verdad es que no tienen datos– disfruten los derechos que les otorgan, sino también en las posibilidades de uso torticero que pueda darles el resto o en las complicaciones jurídicas que puedan derivarse de su aplicación. La otra gran cuestión es la seguridad jurídica, ya saben, el Derecho podría ser hasta injusto pero nunca puede ser incierto. Que si Ernesto Wilde mujer puede seguir llamándose Ernesto Wilde y no tiene que realizar ningún cambio externo en su figura de dandy, pero puede social y jurídicamente operar como mujer, probablemente estemos abriendo un campo de problemas mayor que el que intentamos superar. 

Miren que ni siquiera estoy entrando en el argumento de la banalización del hecho de ser mujer que se desprende de llevar a una ley este planteamiento –no nos engañemos: esa transexualidad revestida de transgenerismo tiene casi siempre el mismo sentido de la marcha– y tampoco de las consecuencias que puede tener para las políticas de discriminación positiva implementadas con tanta lucha. Tampoco voy a incidir ahora en la anormalidad y la incongruencia que supone que jurídicamente uno venga obligado a certificar y demostrar sus cambios de domicilio o de estado civil y no los de sexo, ni siquiera en el hecho de que haya una resistencia visceral a que alguien pueda cambiar su nacionalidad –¿hay mayor constructo social que este?– de española a vasca o catalana en el Registro, por gusto, porque así se siente y se autoidentifica. 

Basta quedarse con el problema jurídico y constitucional que se deriva de la aceptación por los socialistas de ese empeño inamovible del activismo transgenerista y de la ministra Montero. De ese y de otros que plantea la ley, como la inversión de la carga de la prueba si eres acusado de discriminación con ''indicios fiables'' ante la Administración porque será la parte demandada la que tendrá que demostrar y justificar que no fue así (art. 61). No estoy de acuerdo con estos rasgos del mismo, aunque me satisface que se hayan pulido tantas y tantas cuestiones y se hayan rectificado cosas inaceptables como la desaparición de la palabra madre o padre del Código Civil (ahora se propone ''la madre o progenitor que conste como gestante''). 

Observen que no he adjetivado a nadie ni he usado ni una descalificación a persona alguna en este texto en el que solo rebato ideas y propuestas legislativas que no me gustan y que van a traer los mismos problemas que ya han llevado a los países que entraron en este ''posmoderno'' planteamiento que pretende que del hecho de proclamar que la transexualidad no es una patología mental se derivan toda una serie de consecuencias jurídicas que resultan dudosas y quizá no constitucionales.

Sugiero que todos nos mantengamos en el mismo plano aunque, si no es así, ya les aviso de que eso no influirá en mi postura ni en mi deseo de hacerla pública.

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