La caza es violencia legalizada

Convocada por la plataforma NAC (No A la Caza), la sociedad pacífica ha salido un año más a las calles a luchar contra la violencia legalizada que es la caza. A gritar su no a la caza con galgos y otros perros, su rotunda oposición a esa práctica cruel. Un año más en el que retumbaron en las conciencias los bramidos de dolor de las víctimas, sus aullidos de angustia, sus berridos de pánico, sus gemidos agónicos. Como retumban impunemente el estruendo de los cartuchos, el crujir del cuchillo que se adentra en la carne, el chasquido de las botas sobre la tierra entristecida de sangre, herida de plomo, envenenada.

Un año más los pasos de esa sociedad pacífica han ido impulsados por miles de patas rotas, de patas desgarradas, de patas ensangrentadas, convulsas, atadas, arrastradas, para decir en las calles que es un crimen rebanar un cuello que palpita, que es un crimen decapitar un cuerpo que se resiste a morir, un cuerpo que no nos pertenece, que siente, que padece. La sociedad pacífica salió a gritar que cazar es sembrar el terror. Y que quienes llevan a cabo esas prácticas sanguinarias son también quienes abandonan después en las carreteras a los perros que han usado de herramientas. O les pegan un tiro en el monte. O los arrojan vivos al abismo de una zanja. O los cuelgan de un árbol.

La sociedad pacífica salió a recordar que es delito matar. Que ese crimen solo se permite y está legalizado porque las víctimas son diferentes. Que justificar en esa diferencia la matanza de otros individuos solo es supremacismo. Y que, así como la Historia ha condenado a quienes imponían la violenta superioridad de una raza sobre otra o de un sexo sobre otro, la Historia condenará el supremacismo de nuestra especie sobre las otras especies que habitan la Tierra, y condenará el supremacismo de los escopeteros sobre la sociedad pacífica contra la que atentan.

Un año más esa sociedad se paró a gritarlo ante el Congreso de los Diputados, casa última donde el pueblo en democracia dirime sus problemas y expresa sus anhelos. Porque con la caza tenemos un problema, y deben afrontarlo los diputados y diputadas, el presidente del Gobierno, el vicepresidente, las vicepresidentas, las ministras y ministros, los directores generales. Porque tenemos el monte espantado de disparos, la calma del campo mancillada de sangre, el equilibrio ecológico vulnerado, la justicia conculcada, la vida despreciada.

Y también hay un anhelo: acabar con esa barbarie y con las mentiras y falacias en las que se sustenta. Por eso la sociedad pacífica ha exigido al nuevo Gobierno que cumpla con su deber moral de defender la paz en todo el territorio y para todas las criaturas que lo habitan. Ha exigido que defiendan los derechos humanos frente a la violencia de los cazadores, que defiendan los derechos de los animales frente a la violencia de los cazadores, que defiendan los derechos del medio natural, del campo, de los ecosistemas frente a la violencia de los cazadores.

Este año debiéramos poder clamar por la paz con más confianza que nunca porque se ha iniciado una etapa política que se define progresista. Y las personas en este Gobierno debieran responder: ¿nos defenderán ustedes de esa violencia?, ¿se pondrán del lado de las víctimas o protegerán a los verdugos? Defender la paz es su obligación moral y política, y no podrá decir que es progresista mientras no combata el sufrimiento animal y ecológico, el crimen social y cultural que denuncia cada año la Plataforma NAC y, con ella, la sociedad pacífica.

El nuevo Gobierno debe combatir la violencia de la caza con la convicción a la que le obligan sus presuntos valores de justicia y de paz, y con la determinación que ha de otorgarle el hecho de que la barbarie se ha sentado en el escaño de al lado, haciendo enseña, precisamente, de la violencia contra los animales, del negacionismo sobre la emergencia ecológica y de un machismo que representan, mejor que nada, las escopetas de los cazadores. El lobby de la caza, consciente de que su tiempo está acabando, trata de hacerse fuerte en las instituciones a través de la ultraderecha y de la derecha ultra. ¿Va a permitirlo el Gobierno progresista? ¿Van a distinguirse de los violentos o su silencio será cómplice de su violencia?

Si el Gobierno progresista no quiere que la sangre se derrame sobre las alfombras del hemiciclo; si no quiere que las columnas del Congreso tiemblen, ateridas de crueldad, como tiemblan los huesos de los galgos; si no quiere que sus ideas de justicia caigan abatidas por los disparos de su propia traición; si se dicen ecologistas y feministas y han recogido por vez primera la reivindicación animalista en la gran noticia que supone la creación de una Dirección General por los Derechos de los Animales, han de recoger el grito de la sociedad pacífica y actuar en consecuencia a su repulsa a la violencia legalizada que representa la caza.