Los ricos desprecian la suerte de los españoles corrientes y encima se ríen de ellos
A mediados de 2003, Emilio Botín afirmó contundentemente: “No hay burbuja inmobiliaria”. A finales de 2009, cuando el desastre era ya formidable, declaró: “La crisis es como la fiebre de los niños. Sube mucho, pero baja enseguida”. A la luz de esos antecedentes, lo que el presidente del Santander acaba de decir en Nueva York –“estamos en un momento fantástico. A España llega dinero de todas partes”– podría perfectamente ser el anuncio de que nos esperan tiempos aún más terribles. Esperemos que sólo sea un engaño más de un personaje al que el poder, incluido el mediático, respeta reverencialmente, pero al que hace ya tiempo no debería creer ningún español de a pie.
Botín ha dicho que el capital extranjero está entrando en masa en la bolsa española, en nuestra deuda pública y que también está haciendo inversiones directas en empresas y sociedades de nuestro país. Hay claros indicios de que lo segundo no es estrictamente cierto, de que los bancos españoles siguen siendo, a fecha de hoy, los principales compradores de los títulos de nuestro Tesoro.
Pero esa verdad es casi clandestina: sólo aparece en recónditos espacios de algunas webs especializadas en la materia y prácticamente ninguno de los comentaristas económicos habituales la subraya jamás: porque no conviene a los bancos que, al ser los mayores acreedores del Estado español, son también los más expuestos a sufrir las consecuencias que tendría una eventual suspensión de pagos de ese mismo Estado al hacer frente a sus obligaciones, una hipótesis que aún no se ha descartado del todo.
Con respecto al primer argumento de Botín, parece ser que la llegada de capital de fondos extranjeros es una de las razones de la subida que nuestra bolsa registra ya desde hace algunos meses, en consonancia con la marcha positiva de los demás mercados mundiales. Pero ningún analista serio ha sido capaz de detectar cambios sustanciales en lo que se llaman los “fundamentos” de la evolución bursátil para explicar esa subida de las cotizaciones y, el que más o el que menos, la atribuye a un momento de euforia bastante irracional que podría desaparecer de la misma manera en la que ha llegado.
Eso sí, tras de que quienes hayan sabido comprar y vender en el momento justo se hayan forrado. Para esa gente sí que el momento debe de ser fantástico: por ejemplo, desde mediados de septiembre, cuando compró 27 millones de acciones del Santander Juan Miguel Villar Mir, el presidente del gigante de las obras públicas OHL, ha mejorado su inversión a razón de un millón de euros al día, que se embolsará cuando decida venderlas.
Al igual que para Villar Mir, el mayor aliciente que los fondos extranjeros encuentran hoy en la bolsa española es que sus precios están tirados tras años de descensos sistemáticos en las cotizaciones. Lo cual permite pronosticar que el día que éstas alcancen niveles difícilmente superables, lo que harán esos fondos será vender, llevarse el dinero. Hay quien prevé que eso ocurrirá en marzo. Otros creen que puede llegar antes. Entre tanto, hay tiempo para obtener pingües beneficios.
Tres cuartas partes de lo mismo valen para el tercer apartado de Botín, el de la inversión directa en empresas y sociedades españolas. Las informaciones más solventes coinciden en que el dinero que está llegando en este capítulo es, en su inmensa mayoría, especulativo. Acude allí donde los precios han caído más –particularmente en el sector inmobiliario– y para nada está destinado a reforzar la solidez financiera de esas empresas: sir ser, ni mucho menos, el único, el caso de Panrico es sangrante. Su crisis, que parece que no tiene solución, se debe a que hace un par de años un fondo extranjero se hizo con la empresa y ahora que sus cuentas se han puesto muy feas, entre otras razones, gracias al endeudamiento propiciado por el fondo mismo, dice que eso no va con él y se limita a esperar a cobrar su parte tras la liquidación de la sociedad.
Botín ha ocultado todo eso y mucho más. Es cierto que su viaje a Nueva York era una operación de relaciones públicas de su banco en el mercado norteamericano. Pero el hecho de que se hubiera hecho acompañar de representantes de los principales medios de comunicación españoles, posiblemente con los gastos pagados por el Santander, habla a las claras de que quería que su mensaje se oyera muy claro también por nuestros lares.
Ese mismo día el príncipe Felipe leía en la cumbre Iberoamericana de Panamá –por cierto, devaluada como nunca– un discurso redactado por el Gobierno en los mismos términos triunfalistas de los que pronuncia el ministro Montoro y que el heredero podría haberse negado a leer si mejorar su popularidad le preocupara más que llevarse bien con el poder político y económico. Lo cual hace pensar que el presidente del Santander se coordina con La Moncloa a la hora de las grandes declaraciones. Así ocurrió en 2003 con lo de la burbuja, y también en 2009 con lo de la “fiebre pasajera”.
Lo cierto es que en las últimas 48 horas, con la soflama de Botín de por medio, se han producido las siguientes noticias: se ha sabido que en agosto el sistema financiero español alcanzó un récord histórico de morosidad, con un 12,2%. El Gobierno ha desvelado que en 2014 y 2015, las autonomías y los municipios recortarán gastos y aumentarán impuestos y tasas por valor de 16.907 millones. La cifra de ventas de la industria española cayó a finales de agosto un 9,6% en tasa interanual. En ese mismo periodo, la cifra de ventas del sector servicios había caído un 4,5%. Los préstamos de los bancos a las pymes españolas han caído un 66% desde el inicio de la crisis y los créditos concedidos por el Santander a particulares y pymes cayeron un 7% en el último ejercicio.
Otras dos informaciones de las últimas horas son de muy distinto signo: una dice que en 20 días los grandes valores del Ibex han distribuido 4.500 millones de euros de beneficios entre sus accionistas: sólo los del Santander se llevarán 1.700. Y la otra dice que el Tribunal Supremo ha sentenciado que la empresa Castor –la responsable de los terremotos en la desembocadura del Ebro– tiene derecho a que el Estado le pague 1.700 millones de euros por el cese de la actividad a la que le ha obligado el Gobierno, aunque esta decisión se deba a “negligencias” por parte de la empresa: porque así figura, expresamente, en el contrato que Castor –una sociedad que está en la órbita de Florentino Pérez– firmó con el Gobierno Zapatero.
A la vista de informaciones que han llegado en un lapso tan breve de tiempo –y sin necesidad de hablar del paro o de la pobreza extrema que se ha doblado en un solo año–, hay que concluir que a la España “fantástica” de los ricos, que nuestros gobiernos secundan sin desaliento, les importa un bledo la de los ciudadanos corrientes, a los que ya no sólo ignora sino que también desprecia cada vez que abre la boca.
