Algo huele a podrido en Dinamarca

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La frase está en Hamlet y habla de política y políticos. La dijo Horacio en una de las más brillantes tragedias de Shakespeare: “Something is rotten in the state of Denmark”. Desde entonces, se utiliza para decir que algo raro está pasando. Tan extraño como que en tres semanas en España hemos sabido de un supuesto espionaje a 65 personas vinculadas al independentismo catalán y días después, de un pinchazo ilegal a los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa que ya investiga la Audiencia Nacional. Pegasus, un programa informático a priori sólo accesible para gobiernos y para la persecución del terrorismo y el crimen organizado, tiene la culpa. 

El escándalo ha abierto en pocos días una brecha -otra más- entre los socios de la coalición de gobierno, una crisis muy profunda entre el Ejecutivo y sus principales aliados parlamentarios y una zapatiesta entre los ministerios de Presidencia y Defensa por sacudirse la responsabilidad de la vigilancia en las terminales telefónicas de los miembros del gobierno. 

En el capítulo de hoy, la directora del CNI, Paz Esteban, ha confirmado que el Centro Nacional de Inteligencia espió legalmente -esto es con autorización judicial- a 18 de personas, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Nada dijo la jefa de los espías españoles sobre el resto de supuestos vigilados -hasta 65- que integran la lista de Citizen Lab que ha puesto patas arriba la política española y en jaque la estabilidad de la Legislatura. 

En la Comisión de Secretos Oficiales menos secreta de cuantas se han celebrado en el Congreso -al final trascendió gran parte de lo que Esteban contó ante sus señorías-, nada se habló tampoco del espionaje a los móviles del presidente y de la titular de Defensa. Con todo las explicaciones de la jefa de los servicios secretos convencieron a PSOE, PP, VOX y Cs, pero no al resto de formaciones políticas. Tampoco a Unidas Podemos, que forma parte de la coalición de gobierno. 

Algo tiene que ver este cierre de filas del bloque de la derecha con la falsa creencia de que cualquier sombra de sospecha sobre los servicios secretos es un ataque a la democracia. Pasa con el CNI, pero antes pasó con la Monarquía.  El caso es que, salvo los socialistas y las formaciones de derechas, todos salieron insatisfechos por la información recibida y mucho más preocupados de lo que habían entrado a la cita. Unos porque sospechan que lo escuchado es sólo la “punta del iceberg” de lo que esconde el escándalo. Otros, porque entienden que además del CNI, puede haber “elementos incontrolados” de otros organismos del Estado que se dedican al espionaje ilegal del adversario político -lo que se conoce por las cloacas- y alguno porque añade que “aún queda mucha tela por cortar” en todo este escándalo. 

Que el nombre Pere Aragonés estuviera entre los “espiados legalmente” cayó como una bomba de neutrones entre los republicanos aunque desde La Moncloa nieguen estar detrás de las vigilancias. Ni el presidente ni nadie del Gobierno, aseguran, “sabían ni tenían por qué saber” que el CNI espiaba con Pegasus a una veintena de independentistas sobre todo del entorno de tsunami democrátic, como reconoció la directora del Centro Nacional de Inteligencia en el Congreso. 

“Nadie del Ejecutivo sabía los nombres de los espiados ni podía saberlos, de lo contrario se caería el sistema y la independencia judicial. Es la base de la democracia. Todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad”, arguyen desde la fontanería monclovita. Entonces, si todo está bien y todo fue legal, ¿se da por garantizada la continuidad de Paz Esteban al frente de los servicios secretos? No saben/no contestan, salvo para decir que entienden la insistencia de partidos y medios en pedir responsabilidades políticas por lo ocurrido. 

Se entiende que hablan del agujero negro que se abre en la seguridad nacional cuando del móvil del presidente del gobierno han sido robados 2,6 gigas de datos y nueve megas del de la ministra de Defensa, y no de lo que haya podido ocurrir, y aún no sabemos, con los otros 47 presuntos espiados. Por ejemplo, si lo fueron o no y quién estaba detrás. “Que lo denuncien ante la Justicia, como ha hecho el presidente Sánchez nada más conocer lo ocurrido con su terminal. Todo lo demás, es contribuir a la ceremonia de la confusión”, sentencia la parte socialista del Gobierno, desde donde confían en cerrar esta crisis con “diálogo, diálogo, diálogo”. 

Demasiado confiar y demasiadas piezas aún por encajar. De momento Aragonés sólo ha exigido a Sánchez, que desclasifique “inmediatamente” la autorización judicial de su espionaje y que el Gobierno desvele “quién dio la autorización política y quién tenía constancia” de las intervenciones telefónicas. “Exigimos una respuesta al más alto nivel”, dijo.

Si esto fuera Hamlet, el final sería trágico.

La frase está en Hamlet y habla de política y políticos. La dijo Horacio en una de las más brillantes tragedias de Shakespeare: “Something is rotten in the state of Denmark”. Desde entonces, se utiliza para decir que algo raro está pasando. Tan extraño como que en tres semanas en España hemos sabido de un supuesto espionaje a 65 personas vinculadas al independentismo catalán y días después, de un pinchazo ilegal a los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa que ya investiga la Audiencia Nacional. Pegasus, un programa informático a priori sólo accesible para gobiernos y para la persecución del terrorismo y el crimen organizado, tiene la culpa. 

El escándalo ha abierto en pocos días una brecha -otra más- entre los socios de la coalición de gobierno, una crisis muy profunda entre el Ejecutivo y sus principales aliados parlamentarios y una zapatiesta entre los ministerios de Presidencia y Defensa por sacudirse la responsabilidad de la vigilancia en las terminales telefónicas de los miembros del gobierno. 

En el capítulo de hoy, la directora del CNI, Paz Esteban, ha confirmado que el Centro Nacional de Inteligencia espió legalmente -esto es con autorización judicial- a 18 de personas, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Nada dijo la jefa de los espías españoles sobre el resto de supuestos vigilados -hasta 65- que integran la lista de Citizen Lab que ha puesto patas arriba la política española y en jaque la estabilidad de la Legislatura. 

En la Comisión de Secretos Oficiales menos secreta de cuantas se han celebrado en el Congreso -al final trascendió gran parte de lo que Esteban contó ante sus señorías-, nada se habló tampoco del espionaje a los móviles del presidente y de la titular de Defensa. Con todo las explicaciones de la jefa de los servicios secretos convencieron a PSOE, PP, VOX y Cs, pero no al resto de formaciones políticas. Tampoco a Unidas Podemos, que forma parte de la coalición de gobierno. 

Algo tiene que ver este cierre de filas del bloque de la derecha con la falsa creencia de que cualquier sombra de sospecha sobre los servicios secretos es un ataque a la democracia. Pasa con el CNI, pero antes pasó con la Monarquía.  El caso es que, salvo los socialistas y las formaciones de derechas, todos salieron insatisfechos por la información recibida y mucho más preocupados de lo que habían entrado a la cita. Unos porque sospechan que lo escuchado es sólo la “punta del iceberg” de lo que esconde el escándalo. Otros, porque entienden que además del CNI, puede haber “elementos incontrolados” de otros organismos del Estado que se dedican al espionaje ilegal del adversario político -lo que se conoce por las cloacas- y alguno porque añade que “aún queda mucha tela por cortar” en todo este escándalo. 

Que el nombre Pere Aragonés estuviera entre los “espiados legalmente” cayó como una bomba de neutrones entre los republicanos aunque desde La Moncloa nieguen estar detrás de las vigilancias. Ni el presidente ni nadie del Gobierno, aseguran, “sabían ni tenían por qué saber” que el CNI espiaba con Pegasus a una veintena de independentistas sobre todo del entorno de tsunami democrátic, como reconoció la directora del Centro Nacional de Inteligencia en el Congreso. 

“Nadie del Ejecutivo sabía los nombres de los espiados ni podía saberlos, de lo contrario se caería el sistema y la independencia judicial. Es la base de la democracia. Todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad”, arguyen desde la fontanería monclovita. Entonces, si todo está bien y todo fue legal, ¿se da por garantizada la continuidad de Paz Esteban al frente de los servicios secretos? No saben/no contestan, salvo para decir que entienden la insistencia de partidos y medios en pedir responsabilidades políticas por lo ocurrido. 

Se entiende que hablan del agujero negro que se abre en la seguridad nacional cuando del móvil del presidente del gobierno han sido robados 2,6 gigas de datos y nueve megas del de la ministra de Defensa, y no de lo que haya podido ocurrir, y aún no sabemos, con los otros 47 presuntos espiados. Por ejemplo, si lo fueron o no y quién estaba detrás. “Que lo denuncien ante la Justicia, como ha hecho el presidente Sánchez nada más conocer lo ocurrido con su terminal. Todo lo demás, es contribuir a la ceremonia de la confusión”, sentencia la parte socialista del Gobierno, desde donde confían en cerrar esta crisis con “diálogo, diálogo, diálogo”. 

Demasiado confiar y demasiadas piezas aún por encajar. De momento Aragonés sólo ha exigido a Sánchez, que desclasifique “inmediatamente” la autorización judicial de su espionaje y que el Gobierno desvele “quién dio la autorización política y quién tenía constancia” de las intervenciones telefónicas. “Exigimos una respuesta al más alto nivel”, dijo.

Si esto fuera Hamlet, el final sería trágico.

La frase está en Hamlet y habla de política y políticos. La dijo Horacio en una de las más brillantes tragedias de Shakespeare: “Something is rotten in the state of Denmark”. Desde entonces, se utiliza para decir que algo raro está pasando. Tan extraño como que en tres semanas en España hemos sabido de un supuesto espionaje a 65 personas vinculadas al independentismo catalán y días después, de un pinchazo ilegal a los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa que ya investiga la Audiencia Nacional. Pegasus, un programa informático a priori sólo accesible para gobiernos y para la persecución del terrorismo y el crimen organizado, tiene la culpa. 

El escándalo ha abierto en pocos días una brecha -otra más- entre los socios de la coalición de gobierno, una crisis muy profunda entre el Ejecutivo y sus principales aliados parlamentarios y una zapatiesta entre los ministerios de Presidencia y Defensa por sacudirse la responsabilidad de la vigilancia en las terminales telefónicas de los miembros del gobierno.