¡Imputados, dimisión!
Dice Magdalena Álvarez que ha dimitido de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no porque la juez Mercedes Alaya le haya imputado y la Audiencia de Sevilla confirmado la imputación, sino por “el daño irreparable” que para los intereses de España podía tener la decisión del Gobierno de “internacionalizar una cuestión interna”. Parece cierto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, en particular, su ministro de Economía, Luis de Guindos, han estado presionando a los miembros del Consejo de Administración del banco, e incluso a los gobiernos socios de la Unión Europea, para que empujaran a Álvarez a la salida. Pero tampoco han actuado así porque en el PP tengan una concepción de la limpieza política que les lleve a alejar drásticamente a sus imputados de los cargos públicos -tienen, sin ir más lejos, un puñado de diputados en esas condiciones en las Cortes Valencianas- sino porque querían colocar a uno de los suyos en el puesto que ocupaba la exministra.
Nada edificante en todo lo ocurrido. Ni la resistencia de la exministra a dimitir cuando los recursos que presentó contra los autos de Alaya habían fracasado, ni el empeño del Gobierno en “limpiar” de socialistas los cargos internacionales para que el “chollo” se quede en su casa. Da vergüenza ajena tanta desfachatez y es una muestra de que algunos políticos no se han enterado de que las cosas están cambiando. No parecen ser conscientes de que el personal anda muy irritado porque la gravedad de la crisis y, sobre todo, las medidas de austericidio adoptadas, han llevado, por ejemplo, a que España sea el tercer país, tras Rumanía y Grecia, en riesgo de pobreza de los trabajadores, de los que tienen empleo y cobran por debajo o igual que el Salario Mínimo Interprofesional, ya no de los seis millones de parados. Parecen no acabar de darse cuenta que la ciudadanía los ve como un grupo de personas con privilegios inmerecidos, cuando no directamente como corruptos.
Así que urge que los partidos se planteen ya un pacto para forzar a abandonar inmediatamente la política activa a aquellos de sus cargos electos o de libre designación que acaben siendo imputados. Con lo lenta que es la Justicia en España no se puede esperar a la apertura de un juicio oral y mucho menos a una sentencia firme, como defienden unos y otros partidos. Claro que hay que respetar la presunción de inocencia, pero no a costa de la garantía de que la política se ejerce de manera limpia, de que los recursos públicos se utilizan de forma honrada por quienes han sido elegidos por los ciudadanos para administrarlos.
Esa regeneración de la política cada vez es más imprescindible y más urgente. Y afrontarla permitiría evitar la imagen de que los partidos dan cobijo a sus propios delincuentes, mientras utilizan la corrupción ajena para desgastar al adversario. Una doble moral que hace que los ciudadanos vean la corrupción política como uno de los grandes problemas de España, junto al paro y la crisis, piensen que todos los políticos son iguales e incluso que los partidos se protegen unos a otros o están directamente conchabados.
