Todos contra todos en el juicio de Bankia

Rodrigo Rato.

Si el caso de las tarjetas black era el paradigma de cómo la clase política expolió las cajas de ahorro en su vergonzante provecho, el de la fusión y salida a Bolsa de Bankia, que comienza este lunes en la Audiencia Nacional, es la causa que refleja más fielmente las intrigas que se desataron en las entrañas del poder económico cuando, inmersos en lo peor de la crisis, el país se encaminaba al rescate bancario  que el Gobierno de Rajoy acabó pidiendo a Europa el 9 de junio de 2012.

El juicio, que se prolongará como mínimo hasta el próximo verano, tendrá que dirimir si los gestores de la entidad en 2011, con Rodrigo Rato al toque de campana, engañaron a sus accionistas al presentarles unas cuentas más vistosas que realistas, con el agujero creado por los activos tóxicos del ladrillo oculto en los balances.

La historia es conocida. Bankia, resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades más pequeñas, salió a Bolsa el 19 de julio de 2011 con unas cuentas que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros. Sus continuos problemas de solvencia, que se intentaron restañar con un plan de viabilidad avalado por el Banco de España en abril de 2012 y otro que el Ministerio de Economía rechazó al mes siguiente, provocaron la defenestración de Rato y la reformulación de las cuentas, que pasaron a reflejar pérdidas por valor de 2.979 millones. El rescate, que dejó una factura al Estado de 22.242 millones de euros, vino asociado con el desplome del precio de la acción, lo que provocó que miles de familias sin conocimientos financieros especializados -el 60 por ciento de los compradores frente a un 40 por ciento de inversores institucionales- perdieran sus ahorros. 

Pero, además de la lucha de quienes quieren recuperar su dinero por la vía penal —muchos ya lo han hecho por la civil—, el juicio pondrá de manifiesto la batalla que se libró a varias bandas entre los protagonistas del escándalo. Una batalla que ya tiene un perdedor: Rodrigo Rato, caído definitivamente en desgracia hace ahora tres años y medio, cuando un agente de Aduanas le puso la mano en la nuca para conducirle a un registro frente a una decena de cámaras, y preso desde hace un mes en Soto del Real por haber permitido el expolio de las tarjetas black.

En el juicio se desmenuzará lo que ocurrió en las horas críticas de aquel mes de mayo de 2012. El día 4 Rato presentó a su antiguo pupilo y entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, un último plan de saneamiento que podía salvar a Bankia de la quiebra pero necesitaba unas ayudas públicas de 4.665 millones de euros, según la versión que le dio al juez instructor del caso, Fernando Andreu. El día 7, la propuesta se rechazó, lo que provocó la dimisión de Rato y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri. Entre medias, De Guindos se reunió con los principales competidores de Bankia: Emilio Botín, del Santander; Isidre Fainé, de Caixabank; y Francisco González del BBVA. Los que participaron en ese encuentro aseguran que solo hablaron de la situación del sector pero Rato afirma que pactaron su salida y el precio del rescate de Bankia.

El exvicepresidente del Gobierno, tan acorralado que ha tenido que pedir perdón a la ciudadanía antes de ingresar en prisión, disparará en todas direcciones. Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por forzar la salida a Bolsa de la entidad, al de Mariano Rajoy y Luis de Guindos por provocar la reformulación de las cuentas de Bankia con la aprobación de un decreto que buscaba sanear los activos inmobiliarios en el sector financiero, y al socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, por poner objeciones menores a las cuentas mientras él fue presidente y prometerle un visto bueno que nunca llegó.

Celma, que también está entre los acusados, defiende que en marzo de 2012 planteó a Rato sus dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo y que éste no le escuchó. Con el número dos del Gobierno de Aznar también busca ajustar cuentas el propio De Guindos, quien llegó a señalar que, tras el relevo de “un político” como Rato, Bankia por fin dispuso de “una gestión profesional”. En esa línea, Goirigolzarri sostuvo, en la declaración como testigo que protagonizó durante la instrucción, que “tuvo que "partir de cero" en relación con los planes de su antecesor porque “seguir negando la realidad no llevaba a ningún lado”.

La otra escaramuza que encierra el juicio es la que De Guindos libra con el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que sitúa, sin olvidar la herencia recibida del Gobierno de Zapatero, como muñidor de la fusión de cajas que condujo al colapso. El antiguo responsable del supervisor, que se libró por los pelos de sentarse en el banquillo de los acusados por los informes de un inspector que alertaba de la “inviabilidad” de Bankia, ha acusado públicamente al exministro de Economía de convertir el rescate de la entidad en un “gran desastre” por forzar la salida de Rato cuando él intentaba convencerle de que se marchara. Rato se marchó y con él el dinero del rescate. Y a ninguno de los dos se les espera de vuelta.

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Publicado el
23 de noviembre de 2018 - 21:57 h

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