Legitimar la violencia en Catalunya
En el juicio del procés demasiado a menudo parece que se esté juzgando no el derecho de los presos y las presas a actuar de acuerdo al mandato ciudadano del 20 de septiembre (frente a la Consejería de Economía, en defensa de nuestras instituciones) y del 1 de octubre (en colegios electorales, en defensa de nuestra organización ciudadana), sino hasta qué punto las fuerzas del orden pueden reprimir y en qué grado dichas manifestaciones de libertad y coordinación social. Parece que el derecho de los líderes y representantes políticos no sea cuestionable; parece que no lo tengan y punto. Y que lo que de verdad está en debate es hasta qué punto se pueden reprimir las aspiraciones de autodeterminación de un pueblo.
Hay quien piensa que con el nuevo gobierno el resultado del juicio puede variar. Y no debería ser así, pero sin duda lo es. Lo dijeron en campaña las mismas políticas y políticos que han utilizado Catalunya como tema central de campaña: No habrá indulto, decían; como si les competiera. De modo que no queda sino pensar que les compete. No porque las políticas y los políticos no mientan en campaña, sino porque aparentemente representan el sentir de un porcentaje elevado de la población que no quiere indultar a los presos y las presas políticas catalanas (ni a los jóvenes de Altasu, a los titiriteros de Madrid, etc). Que la justicia es política es tan evidente que resulta innecesario argumentarlo.
Es política desde el momento en que los jueces (y la única jueza) del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central son designados por los partidos. Es política desde el momento en que testigos y responsables omiten información pública durante el juicio. Y es política si tiene que ver no sólo con las aspiraciones genuinas de un colectivo político sino también con el ejemplo que genera reprimirlas. Juzgar el grado de proporcionalidad de los cuerpos de seguridad del estado (que como digo al principio parece demasiado a menudo lo que de verdad se está juzgando) es partir de que no tenemos derecho de organización, de manifestación y de expresión. Es decirle a la ciudadanía que sus aspiraciones de rebelarse ante una autoridad por la que no se siente representada es inútil y perjudicial para la sociedad en la que habita. Y es decirnos a todas nosotras, todos nosotros, que nos quedemos quietos, quietas, porque pueden hacernos cualquier cosa.
Los resultados de la urna han suavizado esta sensación de miedo. Pero esta capacidad y necesidad de decirle que no a un poder injusto no sólo emana de las urnas. Lo pensé el otro día cuando vi un documental que por ahora se difunde en Youtube y que deberíamos ver toda la ciudadanía de este país: 'Dormir con los zapatos puestos' (Dormir amb les sabates posades), que cuenta la represión que padecieron y están padeciendo dos jóvenes catalanes: Adri y Tamara. Sus casos son tan infames e impunes que todas y todos deberíamos ver de qué los acusan y con qué pruebas.
Pero más allá de verlo para argumentar la indignación, sobre todo, deberíamos verlo para saborear la capacidad de resistencia y dignidad de las personas que están acompañando a los dos jóvenes. Víctimas de un estado represor, que avanza a ciegas y que amenaza. Escuchar a los jóvenes amigos y amigas de Adri y Tamara es respirar. Ver que no los han callado y que sus argumentos y sus motivos son cada vez más justos y precisos. Son un ejemplo de lo que debería ser nuestra capacidad e intensidad para decir que así no. Que Adri y Tamara tienen derecho a tener una vida plena y en libertad, que el derecho a manifestación en Catalunya lo ejerció el pueblo y que seguiremos ejerciéndolo siempre que consideremos que sea necesario hacerlo. Y si ejercer la libertad no es todavía la base de nuestra sociedad, debería serlo. Los amigos y amigas de Adri y Tamara saben cómo.
