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La ley de memoria y la memoria sin ley

Familiares de víctimas se suman al inicio de la excavación de la fosa en el cementerio de Paterna. (Archivo)
5 de octubre de 2022 22:52 h

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En octubre de 2022, 47 años después de la muerte de Franco, 44 desde la aprobación de la Constitución Española, 83 transcurridos desde el final de la Guerra Civil, con cada vez menos supervivientes entre las víctimas, sucedidas varias generaciones de hijos, nietos y bisnietos… en España se aprueba una ley de memoria democrática. Y yo estoy temiendo el momento en que, mañana mismo, me llamen los habituales periodistas europeos que siempre me llaman para pedirme mi opinión sobre el tema, que a la prensa extranjera le excita mucho eso de que los españoles sigamos a vueltas con la memoria tantos años después.

Mi primera sensación con la aprobación de la ley, y sobre todo con los debates previos, ha sido un ‘déjà vu’ que imagino han sentido muchos: esto ya lo hemos visto antes. En concreto, 15 años antes, cuando la ley de memoria de Zapatero. De hecho, algunas medidas ahora incluidas llaman la atención porque ya estaban en discusión hace quince años, y hasta las habíamos dado por resueltas. Las fosas, por ejemplo. ¿En serio seguimos en el mismo punto 15 años después? ¿Cómo se lo explico a los periodistas europeos?

La nueva ley promete cumplir todo lo que en su día dimos por hecho con la ley anterior, y que quince años después comprobamos que no, que sigue pendiente. Sobre el papel, las medidas suenan bien, incluso muy bien. Luego desciendes al detalle, la letra pequeña, y te encuentras mucha “comisión técnica” que estudiará el asunto, aplazamientos de temas por concretar, fórmulas indefinidas, y ausencias que explican la resistencia de algunos socios de gobierno, y la decepción de las asociaciones de memoria y de familiares de represaliados.

Pregunto a mi amigo Emilio Silva, que algo sabe de memoria desde que hace más de veinte años exhumara la primera fosa desde la Transición. Me confirma su decepción: no cree que la ley sirva para investigar y en su caso perseguir a los responsables de los crímenes franquistas, ni confía en que el Estado vaya a hacerse cargo de las exhumaciones. Ve mucha falta de concreción, echa en falta medidas de reparación que llevan tantos años esperando, y lamenta que las víctimas del franquismo sigan siendo “víctimas de segunda” para la democracia española.

Por su parte, los partidarios de la nueva ley celebran y subrayan avances de gran importancia para la normalidad democrática, y que en efecto están en la ley: reconocer la ilegalidad del franquismo y de sus sentencias, la creación de una fiscalía para los crímenes de la dictadura, un banco de ADN de víctimas, la apología del franquismo como causa para extinguir fundaciones franquistas, más contenido democrático en la enseñanza…

¿Es una ley ilusionante o decepcionante? ¿Pondrá fin de una vez a la vergüenza de las fosas comunes, o seguirá siendo una tarea lenta, dependiente de la voluntad de los familiares y asociaciones, y a merced del ayuntamiento o el juzgado de turno? ¿Responde a la demanda de verdad, justicia y reparación, o hará falta otra ley de memoria dentro de otros quince años? ¿Qué le digo al periodista alemán que mañana me preguntará qué pasa con el franquismo en España?

Le diré lo que digo siempre: que por suerte la memoria democrática de este país no depende de que se apruebe una ley. La memoria democrática de España se viene levantando desde hace décadas, algunas veces gracias a las leyes, pero más a menudo a pesar de las leyes. Son todas esas mujeres y hombres, víctimas, hijos, nietas, bisnietos, compañeras, miembros de asociaciones, profesoras, investigadores, antifascistas y demócratas todas, que llevan décadas reparando, dignificando, construyendo memoria, con sus propios medios, contra todo tipo de obstáculos, con poca o ninguna ayuda de las administraciones y a veces obstaculizadas por estas.

Si la nueva ley ayuda, bienvenida sea. Y si no, tengamos la tranquilidad de que la memoria democrática, que no es algo del pasado sino fundamental en este presente regresivo, no la fija el BOE, ni depende de mayorías parlamentarias o cambios de gobierno, sino de toda esa gente que lleva años peleándola. Ha sido durante mucho tiempo una memoria sin ley y, ahora que tenemos ley nueva, seguirá yendo muy por delante, forzando sus límites, llegando más lejos. Gracias.

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