Razones por las que una regularización de inmigrantes nos beneficia a todos

Desde que la pandemia del coronavirus decidió sin permiso formar parte de nuestras vidas, cambiar nuestras dinámicas por completo y traer el dolor a miles de familias, el presidente Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones que su Gobierno no iba a dejar a nadie atrás durante la crisis social y económica provocada por el virus. El vicepresidente, Pablo Iglesias, presume constantemente del “escudo social” para proteger a los más desfavorecidos y hacer las cosas de manera diferente a la crisis de 2008.

Es innegable el despliegue de medidas, cada una de ellas con mayor o menor efectividad, pero hay algunas preguntas que quedan en el aire, sobre todo tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital: ¿las ayudas están llegando a toda la población migrante? ¿qué está pasando con quienes no tienen papeles? Esta última cuestión es clave y lleva a plantear soluciones para los ciudadanos que no están reconocidos como tal por un Estado al que contribuyen. Ante ello creo que la única opción real es acometer una regularización de todos los inmigrantes, y aquí van varias razones para sostenerlo.

1. Garantizar la salud de unos es garantizar la de todos

La Comunidad de Madrid decidió repartir mascarillas a toda su ciudadanía a través de las farmacias. El procedimiento consistía en ir al local, enseñar la tarjeta sanitaria o la documentación y retirar la mascarilla. Pero hay un problema para la gente en situación irregular, que por este motivo no puede coger la que le corresponde y queda todo en lo que decida la farmacia de turno. El riesgo de no recogerla no es solo para ellos, sino para toda la sociedad a la que se obliga a llevar mascarilla, haciendo que esa desprotección aumente las posibilidades de transmisión del virus.

Este es solo un ejemplo de la importancia de garantizar la cobertura sanitaria para todo el mundo independientemente de su situación administrativa. Alejarse de propuestas como las del partido de Santiago Abascal de excluir a las personas migrantes del sistema sanitario con motivo del coronavirus, salvo que diga abiertamente que quiere que aumenten los contagios y las muertes. La única manera de garantizar la protección sanitaria para las personas sin papeles es acometiendo una regularización valiente que permita una verdadera sanidad universal.

2. Los empleos perdidos

España pudo disponer de médicos para trabajar en la pandemia, pero no quiso. También de mano de obra para el campo, no de una manera temporal como ha planteado el Gobierno, sino de forma permanente. Son dos ejemplos de utilitarismo, de pensar en la población migrante solo como trabajadores y trabajadoras, pero que sirven para señalar lo injusto que es no poder formar parte del mercado laboral, ya no por falta de capacidad, sino por la situación administrativa.

Al contrario de lo que proclama la extrema derecha, los inmigrantes no quitan el trabajo a nadie porque, como explicó el investigador Gonzalo Fanjul, “la economía es una tarta que va creciendo o reduciéndose, con la inmigración jugando un papel fundamental”. Se ha visto en esta crisis, con campos que podrían tener una mano de obra a la que se impide trabajar y con el fondo de la denuncia de las condiciones extremadamente precarias que se dan en estos empleos. Como explicó en una entrevista Serigne Mamadou, quien ha trabajado como temporero en varias provincias, “trabajamos doce horas por 25 euros”.

3. Una regularización masiva no es una novedad en España

En el año 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acometió una con los requisitos de acreditar una permanencia de dos años en el país, carecer de antecedentes penales y demostrar una relación laboral. En aquella ocasión, en plena bonanza económica, la idea era permitir que la mano de obra migrante saliera de los márgenes para poder cotizar y aumentar los ingresos del Estado.

En aquella medida trabajó Consuelo Rumí, secretaria de Estado de migraciones en la época de Zapatero y que volvió a ostentar el cargo en el primer mandato de Pedro Sánchez. No repitió bajo la supervisión del José Luis Escrivá, actual ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, pero tiene cerca a una persona con experiencia en la tarea.

4. Hay parches, pero falta una solución completa

¿Y cómo se puede acceder a ayudas por el coronavirus cuando ni siquiera tienes una cuenta bancaria? La pregunta tiene respuesta, y hay ejemplos de que con voluntad política se pueden implementar soluciones, como ha ocurrido en Canarias o Baleares.

El Govern balear decidió otorgar subvenciones directas a organizaciones sociales para que luego estas abonaran la cantidad equivalente a la renta social a las personas beneficiarias de la medida. Por su parte el Ejecutivo canario ha desarrollado un sistema que permite hacer el ingreso “por medio de una tarjeta prepago” o a través de entidades sociales, como en Baleares.

Ambas medidas son parches para cubrir una necesidad que se da no solo en esos dos territorios, sino a nivel nacional. Por diversos motivos, entre los que la falta de documentación ocupa un papel central, la población migrante vive en peores condiciones que el resto, lo que hace que el impacto de esta crisis sea especialmente virulento. Garantizar la supervivencia va más allá de la solidaridad de vecinos y vecinas, o de la labor de organizaciones como el Comité de Emergencia Antirracista o la Red de Cuidados Antirracista en Barcelona, sino que tiene que partir de un Gobierno que con sus herramientas del Estado debe ocuparse de no dejar a nadie atrás como ha prometido.

5. Más de 1.000 entidades lo están pidiendo

La petición de una regularización es un clamor social que el Gobierno debe atender. Desde el inicio de la pandemia más de 1.000 entidades sociales, muchas de ellas que trabajan con la población migrante en primera línea y que conocen el tema profundamente, se han sumado a la campaña #RegularizaciónYa. Sostienen que su objetivo es “defender una sociedad que ponga la vida y los cuidados de todas las personas en el centro sin que la situación administrativa irregular suponga una exclusión”.

Entre sus propuestas, además de una regularización “extraordinaria, amplia, urgente y de carácter permanente” para las personas en situación administrativa irregular, está la petición de la resolución favorable de las autorizaciones de residencia en trámite o la liberación de las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) para garantizar su salud. Como se ha documentado, Interior mantuvo solo en el CETI de Melilla a más de 1.600 migrantes, en condiciones de hacinamiento, expuestos a un grandísimo riesgo de contagio.

6. Reconocer una realidad que ya existe

La igualdad de derechos de todos los ciudadanos va más allá de lo que dicte un Gobierno, sino que forma parte de los derechos humanos. Hoy en día para ejercer en plenitud todos los deberes y obligaciones sociales es imprescindible tener una situación administrativa regular. A pesar de ello, la población migrante sin papeles ha seguido dando muestras del compromiso ciudadano, también durante la pandemia.

El ejemplo más visible lo ha protagonizado el Sindicato de Manteros de Barcelona. Desde el inicio del brote que nos llevó a encerrarnos en casa y a poner nuestra suerte en manos de los profesionales sanitarios, este grupo de manteros se puso manos a la obra para aportar su grano de arena. Lo hicieron fabricando batas y mascarillas que donaron a hospitales catalanes.

Cuento esto no porque piense que este tipo de acciones sean las que deban valorarse para otorgar la ciudadanía, sino para mostrar cómo desde el Estado no se permite ejercer una ciudadanía que en todos los ámbitos se da. Pasa con el voto, un derecho fundamental que está usurpado para muchos migrantes, que a pesar de cumplir con todas sus funciones no pueden elegir a los representantes políticos. Regularizar es reconocer legalmente la realidad existente, no crear una nueva.

7. Hechos ante una derecha hiperventilada

En las últimas elecciones el PSOE ganó, se alió con Unidas Podemos y ambos partidos elaboraron un programa de gobierno poco concreto respecto a la migración. Y ya desde la anterior legislatura, solo con los socialistas en el poder, algunas medidas prometidas como la eliminación de las concertinas en la Frontera Sur se transformaron en un aumento de la altura de la valla en un 30%. El Ejecutivo incluso cogió los argumentos usados por el PP para justificar las devoluciones en caliente que terminó por avalar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A un lado el Gobierno progresista ha ofrecido poco respecto a la migración, con acciones que como ya hemos visto firmaría el PP. Al otro tenemos a una derecha hiperventilada que no duda en enarbolar la migración no precisamente como un favor, sino para difundir continuos bulos y proponer políticas criminales. Entre medias, una población que apenas puede ejercer los derechos y sufriendo en sus pieles un racismo al que por desgracia le queda todavía recorrido en la sociedad.

El discurso por la migración está acaparado por la extrema derecha, pero el Gobierno tiene la vía de los hechos a su disposición, y ese es el mejor jarabe para hacer frente a las proclamas contra la inmigración. Una regularización que reconozca la ciudadanía y permita ejercer derechos es la vía perfecta para plantarse ante quienes se aprovechan de esta situación de los extranjeros para hacer política y ser racistas sabiendo que tendrán impunidad.

8. Las palabras no cambian vidas, una regularización sí

En un mitin proclamado en Murcia poco antes de los últimos comicios, Pedro Sánchez dijo lo siguiente: “Mucha gente se pregunta, ¿cómo parar a la ultraderecha, el machismo, la xenofobia, la homofobia, el centralismo, el franquismo? Es lo más sencillo del mundo: basta con levantarse el domingo y votar por un Gobierno fuerte y progresista”.

Los que pudieron votaron y la extrema derecha no llegó al poder, pero para combatir todos esos males que dinamitan la sociedad, y en este caso en referencia al racismo y la xenofobia, se necesita mucho más. La pandemia nos ha puesto el valor de lo esencial ante nuestros ojos, y la población migrante lo es, pero para valorarlo se necesita ir más allá de palabras y aplausos reconociendo los derechos con medidas como una regularización.