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La rebelión de los Mossos

Josep Lluís Trapero, a su llegada al Tribunal Supremo.

Alfonso Pérez Medina

La declaración al unísono de los mandos de los Mossos d'Esquadra en el juicio del procés defendiendo la dignidad del cuerpo y atacando a los responsables políticos a los que obedecían ha puesto en evidencia que, en mitad del ensueño nacionalista en el que todavía vive una parte de la sociedad catalana, al menos los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley permanecían despiertos.  

Con un testimonio medido al milímetro, supervisado por su abogada y que no tenía la obligación de realizar porque su causa es la que le sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, probablemente antes del verano, el major Josep Lluís Trapero ha tratado de salvarse de la quema y reivindicar la labor de una institución que ha quedado carbonizada por los manejos de los dirigentes independentistas. 

La declaración de Trapero, acusado por sus detractores de poner una vela a dios y otra al diablo, es un ajuste de cuentas a sus antiguos superiores diseñado con la clara intención de desvincular la actuación de los Mossos del proyecto político de Puigdemont y Junqueras.  Además, encaja con la estrategia diseñada por el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que formuló cuidadosamente las preguntas con las que el major dejó caer la bomba de que, dos días antes de que el Parlament proclamara la Declaración Unilateral de Independencia emanada del referéndum que Trapero no pudo o no quiso impedir, ya manejaba un plan para detener al Govern en pleno si la autoridad judicial se lo solicitaba. Diligente, según su testimonio, se ofreció al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior, José María Romero de Tejada, para cumplir una orden que nunca llegó a producirse. 

La línea de defensa de Melero pasa por presentar al exconseller de Interior como una especie de Doctor Jekyll y Míster Forn, que por la mañana garantizaba la independencia de los mandos para que cumplieran su labor como policía judicial y al que por la tarde la única independencia que le importaba era la de Catalunya. Contra la promesa de Forn de que los Mossos siempre estarían junto a la mayoría del pueblo catalán también se ha rebelado Trapero, que no dudó en calificarle de “irresponsable” por generar “malestar e inquietud” entre los agentes que tenía al cargo y dar una imagen de la policía catalana que no era real y que todavía hoy está pagando. 

Sin embargo, la declaración de Trapero es un arma de doble filo para los acusados. Por un lado, confirma la revelación ya realizada por los comisarios de Información y Planificación, Manel Castellví y Emili Quevedo, de que Puigdemont y Junqueras mantuvieron el referéndum a pesar de que la cúpula de los Mossos les había advertido en dos ocasiones de que se iban a producir incidentes violentos en los colegios electorales. Uno de los argumentos en los que la Fiscalía sustenta su acusación por rebelión es la utilización de la violencia para lograr la independencia. Pero al mismo tiempo desmonta otra de las patas de ese discurso que levantaron el juez instructor, Pablo Llarena, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la acusación popular de Vox: la convicción de que el proceso independentista catalán contaba a su disposición con 17.000 hombres y mujeres armados que, al menos, habrían tenido un poder intimidatorio contra todo aquel que se hubiera opuesto a sus deseos. 

Es la paradoja que encierra la declaración de Trapero, que mata políticamente a Puigdemont y Junqueras, a los que sitúa como máximos responsables de un Gobierno que antepuso su proyecto político al mantenimiento del orden público, pero podría debilitar la acusación por rebelión al limitar la violencia del proceso independentista a los desórdenes públicos que tuvieron lugar en los colegios electorales. 

El 1 de octubre Trapero se enfrentó a la endiablada tesitura de tener que elegir entre impedir el referéndum, que ahora califica de “ilegal”, y obedecer a sus jefes, que lo promovían. Según su testimonio, se puso del lado de la ley pero las imágenes de aquellos días demuestran que lo hizo de perfil y agarrándose al encargo de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Mercedes Armas, que reprodujo teatralmente durante el juicio: “Actúen en todo momento con paciencia, contención y garantizando la paz social”. 

Su relato, que flojea en esta parte, atribuye a la falta de efectivos la táctica de solventar el dilema con una pareja de agentes en cada colegio que, tras comprobar que la muchedumbre no estaba dispuesta a abandonar sus posiciones, se daba media vuelta y levantaba acta. Aunque reconoce que se equivocó al rechazar la ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Trapero sostiene que las instrucciones de la Fiscalía -precintar todos los colegios o blindarlos en un perímetro de 100 metros a la redonda- eran imposibles de cumplir y que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de todo el dispositivo, rompió de manera unilateral la coordinación de los tres cuerpos al ordenar intervenciones a primera hora de la mañana. Esa actuación no sólo no detuvo el referéndum sino que propició escenas que están siendo utilizadas por las acusaciones para sustentar el delito de rebelión y por las defensas para mantener el discurso de la represión. 

Ahora llega la hora de despertar. El hombre, al que tras los atentados de Las Ramblas el universo independentista llegó a divinizar con el apelativo de 'Trap-hero', tenía que elegir y lo ha hecho. Y su elección es intentar librarse del delito de rebelión rebelándose contra sus antiguos jefes.

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