Menos trabajo, más beneficios
En 2017 se cumplen diez años de la crisis de las hipotecas subprime que, con su transmisión a los mercados financieros, supuso el detonante de la recesión económica internacional de 2008. La economía española despertó entonces de una burbuja crediticia que había alimentado el sobreendeudamiento de empresas y hogares, acumulando desequilibrios macroeconómicos cuyos efectos todavía perduran.
No cabe aquí una revisión exhaustiva de estos diez años, pero sí es posible atender al comportamiento de la renta per cápita y a su distribución primaria (qué parte se destina a remunerar el trabajo asalariado y qué parte al capital), dos indicadores que permiten medir la evolución del progreso económico.
La evolución de la renta per cápita es suficientemente reveladora de lo que ha supuesto esta crisis. Ha sido necesaria una década para que el PIB per cápita de la economía española retorne a su situación de partida. Aunque exista una diferencia sobresaliente entre los niveles de renta per cápita de los años treinta y los actuales (además de un sistema de protección social que no admite comparación), es preciso remontarse a la Guerra Civil para encontrar en las series históricas de contabilidad nacional una convalecencia tan prolongada.
Durante este tiempo, la economía española ha perdido el paso de la Unión Europea. Si en 2007 nuestra renta per cápita en paridad de poder de compra equivalía al 98,3% del promedio de la UE, se estima que equivaldrá al 93,6% al cierre de 2017. Para hacerse una idea de lo que suponen los 4,7 puntos de convergencia perdidos con la UE en estos diez años, basta recordar que el progreso alcanzado en los veinte años precedentes había sido de 11,4 puntos. Así pues, la última década ha echado por tierra buena parte del esfuerzo en convergencia realizado en las dos décadas precedentes.
En cuanto a la distribución primaria de la renta, los últimos diez años se han caracterizado por una contracción notable de la remuneración de los asalariados. El desempleo y la moderación salarial, que han traído consigo un incremento sustancial de la productividad por hora trabajada, explican esta evolución. Cuando los salarios crecen a menor ritmo que la productividad, la remuneración del capital incrementa su peso en la renta nacional. Y, en la medida en que el capital se concentra en hogares con un mayor nivel de renta, la reducción del peso de los salarios en el PIB incide negativamente en los indicadores de desigualdad personal.
Si nos ceñimos exclusivamente a la evolución de la renta empresarial, que el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales asimila al concepto de beneficio corriente antes de impuestos, las cifras son elocuentes. Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2016, la renta empresarial del conjunto de las sociedades no-financieras de la economía española se incrementó en unos 57.900 millones de euros corrientes(1). Una buena parte de este aumento procede del ahorro por el menor pago de intereses y otra procede de la reducción de los costes salariales, de manera que entre ambos flujos compensan sobradamente la reducción neta experimentada por las restantes partidas contables. El destino de estos 57.900 millones no ha sido ni la inversión ni los impuestos, que se han contraído durante el periodo, sino la amortización de deuda y la distribución de dividendos.
De todos los movimientos contables que permiten explicar el incremento de los beneficios empresariales desde el inicio de la crisis, tres cifras son especialmente significativas: el conjunto de empresas españolas ha reducido en 9.800 millones de euros su contribución al PIB, soporta 32.200 millones de euros menos en costes laborales y distribuye unos 20.900 millones de euros más en dividendos.
Es posible contestar estas cifras argumentando sobre el valor inter-temporal del dinero, el periodo de referencia, los efectos composición entre distintos sectores productivos, la propia metodología empleada en la elaboración de las cuentas nacionales o la consulta de diversas fuentes estadísticas igualmente solventes, entre otras críticas fundamentadas. Pero parece difícil concluir algo sustancialmente distinto.
En estos diez años, la evolución de la renta empresarial de la economía española se ha caracterizado por un intenso proceso de desendeudamiento, por la contracción de la inversión y del empleo, y por el sostenimiento de los dividendos. La corrección de la posición exterior de la economía española, que ha pasado de -10 a +2 puntos de PIB en la última década, da buena muestra del impacto de la devaluación interna sobre el cuadro macro de la economía española. La reducción de la masa salarial ha facilitado la supervivencia y el saneamiento de buena parte del tejido empresarial, pero también ha contribuido de manera notable al deterioro de la distribución de la renta.
En realidad, la disminución del peso de los salarios en la renta nacional es un fenómeno que se viene observando en la mayoría de las economías desarrolladas desde hace tres décadas. El problema encierra la paradoja de que el incremento de la productividad en el largo plazo estaría teniendo por efecto un deterioro secular de la distribución personal de la renta, actuando el mercado laboral como correa de transmisión.
¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir en sociedades más eficientes obligadas a convivir con elevadas tasas de paro y aumentos de la desigualdad? ¿O debemos razonar a la Kaldor-Hicks, de modo que las ganancias de eficiencia permitan que lo que ganan los que ganan compensen efectivamente lo que pierden los que pierden? ¿Debe esa compensación articularse en torno a prestaciones por desempleo y otros esquemas de transferencias directas de rentas o, además, debemos plantearnos un reparto de la actividad? ¿A través de qué incentivos y a instancias de qué instituciones (nacionales o supranacionales) deben abordarse estas cuestiones?
Ahora que nuestro PIB vuelve al punto de partida conviene saber a dónde hemos llegado. El número de ocupados se ha reducido en más de dos millones de trabajadores. Y muchos otros han visto cómo se han deteriorado sus condiciones laborales. O la desigualdad se trata como un problema económico de primera magnitud, asumiendo el coste de las externalidades que genera, o corremos el riesgo de que se desboque como problema social. Es de justicia. Y no sólo es de justicia.
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(1) Nota: la renta empresarial de las Sociedades No Financieras se obtiene a partir de las Cuentas Trimestrales No Financieras de los Sectores Institucionales (INE).
