Traidores

Pablo Casado conversa con el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

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No sé si al cierre de esta columna la derecha ya habrá acusado de cómplice de traición al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por haber dicho, sobre los inminentes indultos a los condenados del procés, que "si hacen que las cosas se normalicen, bienvenidos sean". O al vicepresidente del Cercle d’Economia catalán, Jordi Gual, por haber manifestado ante Pablo Casado, en un acto en Barcelona, que "es probable que no resuelvan el problema, pero son un inicio del diálogo". En cualquier momento les llega la denuncia. Ya Isabel Díaz Ayuso ha avisado a Felipe VI que, si firma el decreto de los indultos, se convertirá en "cómplice". Qué más da que la Constitución obligue al rey a refrendar los decretos del Ejecutivo; pues circunválese el artículo 62 del Título II de la Carta si es menester. Una cosa es ser una ferviente militante del bloque constitucionalista. Eso se lleva en la sangre. Lo que no se puede permitir es que se consume la traición.

El PP comienza a verse desbordado por los traidores. Están por todas partes. Incluso, quizá, en sus propias filas. Pese a tener 869.535 militantes declarados y más de cinco millones de votantes, el partido solo ha conseguido 300.000 firmas contra los indultos. ¿Y el resto? ¿Es que no les importa que España esté a punto de saltar en pedazos? ¿Por qué no se han lanzado en tromba a estampar su firma ante la magnitud de la catástrofe que anuncian día tras día sus líderes? 

En realidad, lo que sucede es que la gente es por lo general más sensata de lo que creen los estrategas del PP. Los empresarios quieren tranquilidad, porque, con independencia de cuáles sean sus sentimientos íntimos sobre los eventuales indultos, saben que un clima de sosiego y estabilidad es más propicio para los negocios que uno de confrontación. El rey, por su parte, no solo es consciente de que la Carta Magna lo obligaría a refrendar las eventuales medidas de gracia, sino que no ha dado señales de que le inquietaría cumplir con su obligación constitucional. Y resulta evidente que la mayoría de los votantes conservadores, por rabia que sientan hacia el Gobierno y hacia los secesionistas, tienen la sindéresis suficiente para no dejarse arrastrar ciegamente por los discursos apocalípticos del PP. 

Es cierto que los indultos son un trago difícil de digerir para muchos ciudadanos, no solo de derechas. Es cierto además que Pedro Sánchez se podría beneficiar políticamente de las medidas de gracia, por cuanto le garantizarían la estabilidad parlamentaria que necesita para agotar su mandato, una perspectiva que naturalmente exaspera al PP. Pero también es verdad que estamos frente un asunto de conveniencia pública. Estas dos últimas palabras no son mías: las utilizó en 1993 la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo al pronunciarse en favor del indulto al golpista Tejero, que finalmente no concedió el Gobierno de Felipe González. Pese a que el condenado no había expresado la menor señal de arrepentimiento, los magistrados consideraron en aquel momento que había que contribuir al “olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”. 

Si entonces se apeló a la conveniencia pública, con más razón cabría hacerlo ahora. Por una parte, sin entrar en debates jurídicos sobre la condena del procés, es evidente que el denominado ‘problema catalán’ está cada vez más enmarañado y no se va a resolver por la vía penal. Más bien al contrario: su tendencia es a enquistarse y agravarse con el tiempo. Por la otra, algunos de los líderes que abanderaron el referéndum ilegal han comenzado a dar señales de distensión que no deberían desdeñarse en las actuales circunstancias. Los independentistas parecen haber entendido, esta vez en serio, los riesgos de las aventuras unilaterales. Y seguramente tienen bien grabado en la memoria que el socialista Sánchez, a quien el PP acusa hoy de traidor, apoyó sin fisuras a Rajoy en la aplicación del artículo 155.

En esta coyuntura compleja, la pregunta no es qué va a hacer el rey, como pretende Ayuso, sino qué va a hacer Casado. El líder del principal partido de la oposición sigue a la deriva, intentando sortear la presión cada vez más intensa que ejercen sobre él la baronesa madrileña y el líder de Vox, Santiago Abascal. Casi a rastras participó en la reciente manifestación de la plaza de Colón, a sabiendas de que era un acto para mayor gloria de sus dos rivales. Entre tanto, los empresarios han asumido la voz de la moderación y han comenzado a indicar al presidente del PP que existen caminos alternativos a la beligerancia y el acoso permanentes para abordar el tema catalán. A propósito: resulta llamativo que, hace 18 años, el PP se refiriera al entonces candidato socialista Zapatero como "el hombre pancarta" por haber participado en una protesta por la Guerra de Irak, a la que se oponía el 80% de la población, y ahora el candidato Casado se las pase dando tumbos de manifestación en manifestación por causas sin duda menos graves que una guerra ilegal que dejó cientos de miles de víctimas.

Por supuesto que el líder del PP puede oponerse a los indultos, ni más faltaba. Pero su reto es encontrar un modo de hacer oposición que lo distinga de Ayuso y Abascal, a menos que quiera terminar deambulando como un zombie por los caminos de la amargura. Debería comenzar por dosificar las acusaciones de traición. No solo para evitar frivolizaciones con un término que reviste tanta gravedad, sino para minimizar el riesgo, muy común en la política, de que la acusación se le pueda volver algún día en su contra. Que aprenda de lo que le acaba de pasar a la diputada de su partido Carmen Riolobos, quien, imbuida del lenguaje incendiario de sus líderes, llamó traidor al ministro Alberto Garzón por implantar el etiquetado francés Nutri-Score en España… y resultó, para su pasmo, que hace tan solo un año el PP había presentado esa misma propuesta en el Congreso para que se implantase "a la mayor brevedad". 

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17 de junio de 2021 - 22:28 h

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