Lo único que no puede tumbar el Congreso es una huelga de alquileres

Dentro de dos semanas voy a estar viviendo en un hotel de las islas frisias holandesas. No de vacaciones, creo que se entiende. Me voy porque en España, en el año 2026, me resulta más barato pagar una habitación en un archipiélago del Mar del Norte que acceder a un alquiler en mi propio país, porque en mi país, que es España, ha decidido priorizar que unas cuantas sanguijuelas puedan vivir de mi salario antes que yo mismo. Hay frases que se ensayan mentalmente durante días antes de escribirlas, porque suenan a cosa que no puede ser verdad. Esta es verdad. Detrás de esas frases solo queda un silencio que se ha ido instalando entre lo que cuesta vivir y lo que se puede ganar honradamente.

El alquiler en España subió un 8,5 por ciento el año pasado. En Valencia, en cinco años, ha subido un 70 por ciento; en Barcelona un 55 por ciento y en Madrid un 45 por ciento. Estos números ya no sorprenden a nadie, que también es la peor forma de sorprender. Nos hemos acostumbrado a que las cifras sean obscenas porque llevan tanto tiempo siéndolo que han perdido su capacidad de escandalizar. Decir que el alquiler ha subido un 70 por ciento en cinco años en una ciudad española suena, a estas alturas, a meteorología. A mí me suena a la voz metálica de la megafonía de un aeropuerto.

El Gobierno aprobó hace unos meses un Real Decreto que decía, en esencia, que si tu contrato termina este año o el que viene, podías pedir dos años más al mismo precio, con una subida máxima del 2%. Nada del otro mundo, lo mínimo. Lo mínimo de lo mínimo, de hecho, porque ni siquiera tocaba lo que de verdad destroza a la gente: el precio de la mensualidad; lo que te piden cuando llamas por un piso y todavía no has firmado nada y ya te han descartado, porque si algo nos ha enseñado el capitalismo es que seas quien seas siempre hay alguien más desesperado que tú y dispuesto a pagar lo que sea. 

A mí, personalmente, ese decreto no me habría salvado porque a mí ya no me salva nada dentro del mercado actual. Con todo, el Congreso votó el decreto este martes y se encargó de enterrarlo, por si acaso. Lo han enterrado, juntos, el PP, Vox y Junts, que son tres partidos que no tienen nada en común excepto que ninguno de sus diputados tiene que buscar piso este año.

Bustinduy ha dicho que volverán a intentarlo las veces que haga falta, y yo se lo agradezco, pero los ministros tienen la capacidad de hablar siempre en futuro mientras los demás vivimos en un presente que nos aplasta. Y lo que necesitamos, en realidad, no es otro decreto de mínimos que proteja a los que ya tienen contrato; que también. Lo que necesitamos es que alguien ponga un techo a los que te pueden ofrecer un techo. Lo que necesitamos es que el mercado no pueda pedirte lo que le dé la gana solo porque hay alguien dispuesto a pagar lo que sea porque vivir en la calle no es una opción. Pero eso no estaba en el decreto. Eso no está en ningún sitio.

Lo que sí está, en cambio, es la sensación de que uno ya no sabe muy bien qué hacer con el enfado. El enfado es una cosa rara cuando se alarga durante años. Al principio escribes sobre ello, lo hablas con un amigo, discutes en una sobremesa, le explicas a algún imbécil en Twitter por qué no tiene razón y después te cansas. Después te das cuenta de que ese imbécil tampoco tiene la culpa, que ese imbécil también paga un alquiler, que en realidad estáis los dos discutiendo sobre quién va a salir peor parado de una pelea que ninguno de los dos va a ganar. Y te callas porque estás cansado. 

Delante de un contrato de trabajo en neerlandés es donde uno empieza a pensar cosas que hace cinco años no pensaba. Cosas que quizá tengan mala prensa o que resuenan a cántico del Viña Rock; cosas que un columnista responsable evitaría pronunciar. Pero los columnistas responsables llevan veinte años evitándolas y los alquileres han subido como un viaje de popper, así que igual la responsabilidad dialéctica ha consistido, todo este tiempo, en evitar hablar de lo que deberíamos empezar a planificar como una acción coordinada.

La historia tiene tres respuestas para cuando la ley no es justa y ninguna de ellas es cómoda para quienes tienen mucho que perder. La primera es que si el Contrato Social no nos protege, no le debemos nada; la segunda es que un alquiler que no se puede pagar es un alquiler que, antes o después, no se paga. Y la última de ellas es que el día que dejemos de pagarlo todos a la vez, no va a ser una catástrofe, va a ser, por fin, una negociación.