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El ministerio de Defensa español y el Centro Sefarad-Israel han invitado a España a Dan Meridor, exministro israelí de Inteligencia, y Abraham Dichter, exministro de Defensa y exdirector del Shin Bet, es decir, los servicios secretos israelíes. Está previsto que este último participe hoy mismo en un seminario bajo el título La cultura de defensa en España e Israel: antiguos desafíos y nuevos retos en la sociedad del siglo XXI, que cuenta con financiación pública estatal y madrileña.
Abraham Ditcher dirigía la Agencia de Seguridad cuando en julio de 2002 Israel lanzó un ataque contra una zona densamente poblada de Gaza, que provocó la muerte de 15 personas –entre ellas, nueve niños– y heridas a otras 192. El objetivo de aquél bombardeo era Salah Shehade, líder de Hamás, que falleció junto a su esposa, su hijo y su hija menor.
El ataque israelí mató también a integrantes de otras dos familias: murieron Eman Ibrahim Hassan Matar –una mujer– y sus tres hijos, de 1, 3 y 5 años, así como la hermana de Matar –de 10 años–, su abuela y su sobrina, de dos meses; falleció también Muna Fahmi Al Huweiti –una mujer– y dos de sus hijos, de 4 y 5 años de edad. Entre los heridos, Marwan Zeino se quedó tetrapléjico.
Los responsables de aquella operación permanecen en libertad y Abraham Dichter ha sido ministro de Defensa Civil hasta este año. Aquel ataque que terminó en matanza fue concebido como un asesinato extrajudicial y es, por tanto, condenable por la vía judicial. Además, provocó lo que Israel llama eufemísticamente daños colaterales, es decir, otros catorce civiles asesinados. Pero el entonces primer ministro, Ariel Sharon, dijo que la operación había sido “uno de nuestros mejores éxitos”.
En 2005 el Center for Constitutional Rights, una organización no gubernamental estadounidense defensora de los derechos humanos, presentó una acción popular acusando a Abraham Dichter de la operación, como responsable único. En la demanda se recordaba que Israel ha matado a más de 700 personas solo a través de la práctica de los ‘asesinatos selectivos’, ilegales según el derecho internacional. El caso fue desestimado.
En 2007 Ditcher suspendió en el último momento un viaje a Londres, por temor a ser detenido, ya que cualquier ciudadano británico está legitimado para interponer una demanda por crímenes de guerra ante los tribunales. En 2010 Dan Meridor también se vio obligado a cancelar un vuelo a Reino Unido por la misma razón. Ese mismo año el Gobierno de Israel anunció que no enviaría más delegaciones a territorio británico debido “a la amenaza de arresto”.
Aquí, en España, la Audiencia Nacional aceptó en 2009 una querella presentada por varios familiares de las víctimas contra siete altos cargos del Gobierno israelí, entre ellos Ditcher. El juez Fernando Andreu continuó con la causa porque no había en Israel “ningún procedimiento dirigido a la investigación de los hechos” y recordó que el ataque “ocurre en Gaza”, territorio “que no forma parte del Estado de Israel”. Pero la Fiscalía se opuso y finalmente el pleno de la sala de lo penal acordó archivar la causa para que fuera Israel el que procesara a los responsables.
Poco antes, la ministra de Exteriores israelí Tzipi Livni había pedido a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, que impidiera investigaciones de crímenes de guerra, y él accedió a su petición, según ella misma relató a la prensa.
Ya se sabe que la justicia tiene diversas varas de medir, y cuando se trata de dirigentes de grandes potencias, los tribunales comienzan a toparse con obstáculos. Aquí el muro lo levantó el propio Congreso de los Diputados en 2009, que aprobó con mayoría absoluta, bajo el Gobierno del PSOE –y solo con los votos en contra de Izquierda Unida-ICV– limitar la Justicia Universal. Con ello, se cerró a los querellantes la posibilidad de recurrir el sobreseimiento del caso por el asesinato colectivo en Gaza.
La memoria es una valiosa brújula. Si al PSOE le da un día de estos por desempolvar la bandera palestina y sacarla de sus cajones, tendremos que recordar que, estando en el Gobierno, dio con la puerta en las narices no solo a las víctimas de Gaza, sino a otras muchas que, gracias a la jurisdicción universal, podrían haber tenido oportunidad de demandar en España a jefes de Estado responsables de crímenes cometidos en Irak o Afganistán, por ejemplo.
Como decía, hoy Abraham Dichter –Avi para los amigos– tiene previsto llegar a España. Por ello, la acusación personada en la causa de la Audiencia Nacional ha pedido que se reabra el caso y se proceda a su detención, aprovechando que a las cinco de la tarde el ministro israelí, si no cambia de opinión, estará dando una charla en el Paseo de la Castellana 61, donde la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina ha convocado una concentración a la misma hora. Hay suficientes razones para solicitar la reapertura del caso: el acusado estará en suelo español y, cuatro años después, Israel sigue sin procesar a los responsables.
Podemos pensar que con la situación a la que estamos sometidos en España ya tenemos bastante como para preocuparnos de asuntos presuntamente ajenos: nos asfixian los recortes, la merma de los derechos humanos y laborales, la corrupción, la desigualdad, la enorme diferencia entre los privilegiados y el resto de los mortales. Pero no nos engañemos. Todo forma parte de la misma impunidad.
Que España invite al que fuera uno de los máximos responsables de la seguridad israelí cuando se asesinó a 15 personas en Gaza, que proteja a un Estado que viola la ley internacional y los derechos humanos, es algo que nos incumbe y afecta. Hay en esta invitación a Dichter una contribución más a normalizar la imagen de un país que ocupa ilegalmente territorios y que discrimina de forma sistemática a los palestinos. Y al final, cuando se justifican los crímenes que otros cometen, se terminan legitimando los delitos propios. A no ser, claro, que en el último momento un juez trate de reivindicar la jurisdicción universal, para recordarles a los Gobiernos, de allá y de aquí, que no todo vale.
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