¿Gestión pública o corralito particular?

Hace no mucho tiempo, y a través de las redes sociales, se informaba que ADIF, ente público dependiente del Ministerio de Fomento, con su pretendido cambio de modelo de gestión ha sacado y va a sacar la explotación de determinadas terminales para ser gestionadas por el sector privado y se afirmaba sin el correspondiente concurso público.

Esta afirmación parecería gratuita, si la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia), no estuviera tras la pista de este tipo de actuaciones, bajo la sospecha de realizar prácticas colusorias.

Claro el hecho de que la Comisión Nacional del Mercado de la competencia esté en un estado vigilante, nos parecería normal, pero hete aquí, la Presidenta avisa al Director General de Negocio y Operaciones Comerciales de cuales van ser las actuaciones de la CNMC, indicándole que sobretodo pretende investigar la presentación a los concursos de empresas grandes asociadas con pequeñas mediante la fórmula de UTE (Unión Temporal de Empresa), con el resultado de que casi siempre acaban concurriendo las mismas empresas.

En un pasado muy reciente, esta comisión sancionó en este caso a Renfe con 65 millones de euros por distorsionar la competencia a través de acuerdos restrictivos con varias empresas. ADIF, por otro lado, se vio involucrada en otra sanción de la CNMC, que impuso a 15 empresas la sanción de 118 millones de euros, y a directivos de las mismas, con 660.000 euros, por formar un cártel para repartirse los concursos. Su estrategia consistía en constituir distintas UTEs con el acuerdo, entre ellas, de indemnizar a las empresas que no resultasen adjudicatarias por parte del resto de empresas.

Las sanciones impuestas obedecen a denuncias de ALSTON, que al parecer no estaba conforme con los repartos. De todas formas, estos comportamientos irregulares, al parecer, no levantaron sospechas, ni fueron apreciados por ADIF, que de manera continuada seguía adjudicando obras a las empresas sancionadas.

La gravedad del asunto hace que por primera vez la Comisión active el procedimiento para que dichas empresas no puedan contratar con la administración, aunque de momento siguen las contrataciones.

Actualmente, es conocido que la comisión está detrás de identificar estas prácticas en los contratos de obras, arrendamiento, locales comerciales y muy especialmente en los llamados contratos de “Riesgos y Ventura” promovidos por la Dirección de Servicios Logísticos, mediante los cuales privatiza el servicio en las terminales de Mercancías o Centro de Servicios Logísticos.

Creo que este tema merecería por sí solo un artículo aparte, al igual que el tratamiento que se está dando a aquellos inmuebles procedentes de la Orden Ministerial, mediante la cual se pretendía potenciar el tráfico ferroviario, cediendo a Renfe determinados inmuebles en usufructo, que la opinión pública merece saber.

Hace unos días que en el Centro de Can Tunis (Casa Antúnez en castellano), se produjo un incendio en una nave que ocupa la UTE denominada Transportes Portuarios / Comsa Rail Transport, en el que intervino una gran dotación de Bomberos, los Mossos de Escuadra, así como la policía Municipal, hecho que evidentemente no ha trascendido a la opinión pública y que podría haber ocasionado graves consecuencias personales y bienes materiales.

Este hecho podría ser un incidente sin mayor trascendencia si no concurrieran una serie de circunstancias como son el hecho de que dicha UTE se dedica al almacenamiento de papel reciclado, carece de los correspondientes permisos de las autoridades locales y autonómicas, y que dicha actividad viene desarrollándose desde hace cuatro años sin tomar ninguna medida contra incendios.

Los mismos Servicios de ADIF, entre ellos los de Seguridad y Protección Civil, han manifestado el alto riesgo que comporta la instalación de esta actividad. En igual sentido se han manifestado los Servicios de Prevención de Riesgos laborales y los trabajadores.

De esta situación es conocedora la Subdirección de Servicios Logísticos Noreste en Barcelona, la Subdirección Comercial, cuyo titular antes de incorporase al ADIF fue Gerente de ALSA Rail y Jefe de Proyectos de Comsa Rail Transport, y la Dirección de Servicios Logísticos, estos últimos en los servicios Centrales de ADIF en Madrid.

La Dirección de Servicios Logísticos de ADIF está permitiendo este tipo de actividades industriales, cuya implantación en cualquier otra instalación logística, como es el puerto de Barcelona, es directamente desechada.

Veamos que dice el “Código ético de ADIF” en esta materia:

“NUNCA COMPROMETEMOS NUESTROS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. La seguridad de nuestras personas, de nuestras instalaciones, y de quienes las rodean constituye el primer factor que consideramos a la hora de tomar cualquier decisión. Bajo ningún concepto tomamos decisiones que puedan suponer una degradación de nuestros estándares de seguridad.”

Esto nos demuestra una vez más la forma de actuar, en lugar de hacer cumplir las disposiciones legales en materia de prevención y protección civil, obligando a dicha UTE a instalar los medios necesarios para evitar situaciones de riesgo, que además están previstas en contrato, el propio Subdirector de Servicios Logísticos Noreste toma la “alegre decisión” días antes del incendio, del levantamiento de la red contra incendios del Centro Logístico de Can Tunis, todo ello justificado por el coste elevado del mantenimiento de la misma.

Los bomberos se encontraron que las instalaciones incendiadas y ocupadas por la UTE (Transportes Portuarios/Comsa Rail Transport) carecía de red contra incendios propia y no disponía de ninguna otra medida que no fuera una manguera de riego. ADIF tampoco disponía de la red contra incendios de Can Tunis, que aunque consta en los planes de autoprotección, alguien había decidido no mantenerla.

Dicha UTE, no es que no que tenga los permisos oficiales, es que desde el pasado día 31 de Mayo de 2019, no tenía contrato en vigor con ADIF, ya que su vigencia había finalizado.

Pero esto es lo de menos, ya que el Director de servicios logísticos se ha apresurado a establecer un nuevo contrato con fecha 1 de Julio de 2019, aunque la firma la ha plasmado en el mes de Septiembre de 2019 y dando vigencia con carácter retroactivo desde el 1 de Junio, para dar continuidad al contrato, a pesar de que parte de la estructura comercial territorial, había propuesto no prorrogar dicho contrato y sacar un nuevo concurso público que acabase con dicha situación de incumplimiento manifiesto.

Pero todavía es más asombroso que, días después del incendio, la información al respecto es que ya se ha dado el visto bueno para una prórroga de dos años más, después de dos intentos abortados por los Servicios Jurídicos de la compañía.

¿Qué pretenden estos directivos con estas actitudes o qué ocultan? Todo el “mundo” sabe, que la empresa no es una organización o escuela de democracia, por tanto impera la orden y el acatamiento de la misma, pero toda orden dada tiene su límite o línea roja que no se debe traspasar, y que no es otra que esta no violente derechos fundamentales, como el derecho al honor, la integridad física y moral de las personas o el hecho de que esta pudiera contravenir determinados preceptos legales, ya sea la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, la ley de la Competencia o romper con los principios de transparencia, concurrencia y publicidad.

A fecha de hoy, el responsable de la Jefatura Comercial, denunciante de este tipo de actuaciones, ha sido cesado por el Director de Servicios logísticos, el Sr. Luis Vicente Moreno Espi, “alma máter” del nuevo modelo de gestión.