Herida de muerte al rural con los recortes en atención primaria

Decía Alberto Núñez Feijóo que esta era la legislatura del rural. También decía Mariano Rajoy que se prestaría especial atención al problema demográfico y por ello ha nombrado a un alto comisionado específico para impulsar la renovación demográfica. Pero son palabras que se lleva el viento y papel mojado viendo lo que sucede en el interior de Galicia y, en este caso concreto, en el Concello de Forcarei (Pontevedra), donde desde el año 2011 la pérdida de población se ha incrementado de forma notable.

La alarma saltó hace un año cuando el Servizo Galego de Saúde (Sergas) consideró que la pérdida de población en este municipio, de apenas 3.500 habitantes, del norte de Pontevedra, requería reajustes del personal de Atención Primaria e incluso el cierre de uno de los centros de salud en el municipio con más dispersión poblacional de la provincia; concretándose en la desaparición de una de las cuatro plazas de facultativos en la Atención Primaria.

El envejecimiento poblacional, las patologías de los enfermos, el elevado porcentaje de personas dependientes o  la ausencia de transporte público para dirigirse al centro de salud no importaron o no se valoraron porque, según el Sergas, la viabilidad de la sanidad solo se garantiza recortando servicios. Y la viabilidad del campo, ¿quién la garantiza?

El resultado de estos recortes ya se ha notado: mayores que prefieren irse con sus hijos a las ciudades para tener servicios garantizados y pérdida de la calidad asistencial de unos pacientes con pensiones bajas que cada vez se sienten más aislados y más desprotegidos ante estos recortes.

Los recortes en Atención Primaria suponen herir de muerte al rural. Difícilmente se puede fijar población en un municipio cuando los servicios de emergencias tardan más de 30 minutos en llegar al lugar de la alerta, donde no hay servicio de pediatría garantizado o donde las citas médicas han pasado de concederse en un máximo de 24 horas a concederse en un margen de 48 o incluso 62 horas.

Para fijar población no necesitamos altos comisionados que no sabemos lo que hacen, ni gerentes de servicios sanitarios que sólo buscan la rentabilidad económica a corto plazo ni políticos que nos dejan tirados porque piensan que al rural se le contenta con una farola o el asfalto en caminos en los que en breve no pasará nadie.  Necesitamos auténticos servicios de calidad en sanidad, en educación y en transporte público porque generan empleo y repercuten en nuestra calidad de vida facilitando el acceso a estos servicios BÁSICOS.

La sanidad y la educación no deben depender del territorio donde se vive, ya que la Constitución los reconoce como derechos básicos indistintamente del lugar del residencia. Por ello pedimos visibilidad a estos atentados silenciosos y continuos a nuestros derechos. Antes de que sea tarde.