La justicia emana del pueblo

En 1978 entró en vigor una nueva Constitución democrática homologable a las de Europa Occidental, EEUU y Canadá. A partir de entonces intentamos que las estructuras de la sociedad se vayan adecuando a la letra y el espíritu de la Constitución. En particular, el sistema judicial en 1978 es el heredado del régimen anterior y no se democratiza de forma automática, son necesarias iniciativas políticas. El artículo 117 de la Constitución proclama que “la justicia emana del pueblo”, es decir, procede de la soberanía nacional expresada en las urnas y residente en las Cortes Generales (Congreso y Senado). La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, lleva a la práctica este principio de modo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiere legitimidad democrática en segundo nivel y los jueces del Tribunal Supremo a través de su nombramiento por el CGPJ.

Desde 1985 la renovación del CGPJ exige una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, lo que requiere acuerdos entre los partidos políticos, parte imprescindible de un régimen democrático. Se dice que “los partidos eligen a los jueces”, manipulación interesada, ya que el CGPJ es elegido por las Cortes Generales, única institución con legitimidad democrática directa.

Esta manipulación lleva a pedir que “los jueces elijan a los jueces”, afirmación equiparable a pedir que “los militares elijan a los militares”. Si estas afirmaciones se refiriesen a las elecciones en las asociaciones gremiales de estas profesiones serían aceptables, pero son un disparate si pretenden que “los jueces” dirijan el modelo social y político de nuestra sociedad, o que “los militares” dirijan la política militar. Un juez al iniciar su carrera adquiere una capacitación profesional, pero su legitimidad democrática es similar a la de un notario o un coronel. ¿Ganar una oposición hace que la justicia emane del pueblo?

En conclusión, defendamos la Ley Orgánica de 1985 del Poder Judicial como exigencia democrática fundamental. Refórmese, si conviene, manteniendo el principio de legitimidad democrática.

El retraso en la renovación de los órganos del sistema judicial es una violación extremadamente grave de la Constitución, que el Partido Popular (PP) está repitiendo con la manifiesta intención de sustituir el Poder Legislativo por organismos afines al PP. Y de hecho ya ha utilizado este fraude para modificar leyes básicas.

En estos momentos el PP parece querer evitar la renovación del CGPJ durante toda la legislatura. Apoyemos acciones que suavicen o supriman este atropello.

Nota. Conocemos perfectamente que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas no forman parte, en sentido estricto, del Poder Judicial. Aquí decimos “judicial” y “sistema judicial” para referirnos tanto al Poder Judicial como a esos otros organismos estrechamente ligados a él.