Atención policial 24h y facilidades en becas para las víctimas de violencia machista

Atención policial especializada las 24 horas o supresión del umbral académico para el acceso de las víctimas a becas, así como la desaparición de la atenuante de confesión para el maltratador son algunas de las 202 medidas que el Congreso acordó ayer plasmar en el futuro pacto de Estado contra la violencia machista.

Acuerdo que, aunque recibió el respaldo unánime de todos los grupos, no ha evitado que el PSOE, Podemos y Ciudadanos vayan a formular votos particulares en la Comisión de Igualdad que debe ratificar el pacto el próximo viernes.

Los socialistas pedirán al Gobierno que acorte los plazos de tramitación y active “ya” las partidas presupuestarias para comunidades y ayuntamientos, además de la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la dispensa de la obligación de declarar de la víctima.

Según la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, el acuerdo alcanzado es “un buen punto de arranque”, aunque cree que queda mucho camino por recorrer.

Palabras que han levantado la sorpresa del vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, que ha calificado de “injustificada” la “crítica” de los socialistas y ha advertido a “los que eligen la discrepancia para resaltarse a sí mismos” de que “no entienden bien lo que es un pacto de Estado”.

Mientras Podemos no ha especificado en qué sentido irán sus votos, Ciudadanos solicitará que se garantice la “total transparencia” en la concesión de fondos públicos a las asociaciones y entidades, así como un seguimiento y evaluación en el cumplimiento de objetivos, según han informado a Efe fuentes del partido.

Compromís, por su parte, ha celebrado que ayer se consiguiera arrancar un compromiso económico al Gobierno, comunidades y ayuntamientos, aunque cree que el texto es “muy básico” y no ha descartado emitir un voto particular.

El acuerdo de la subcomisión, que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha tildado de “hecho histórico”, tiene como ejes la sensibilización y prevención, la mejora de la respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia y protección a las víctimas y menores, la formación de todos los agentes implicados, el compromiso económico y el seguimiento del pacto.

Y lo hace desde distintos ámbitos como el de la justicia o la seguridad, ampliando el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer, aumentando los mecanismos que acrediten la condición de víctima o suprimiendo las atenuantes de confesión o de reparación del daño en este tipo de delitos.

Someter al maltratador a una libertad vigilada en los momentos en de mayor desprotección de la víctima, como la espera de la ejecución de la sentencia; excluir la relevancia del consentimiento de la mujer en los casos de quebrantamiento de penas o medidas cautelares o imponer la pulsera de control cuando estos se produzcan de manera reiterada son otras de las iniciativas contempladas.

El pacto propone además la adecuación de los juzgados para evitar el contacto de mujer y agresor, el diseño de un plan de acompañamiento y asesoramiento de la maltratada durante todo el procedimiento desde antes de interponer la denuncia o la prohibición de la mediación.

También evitar la custodia compartida, suspender el régimen de visitas cuando el niño presencie situaciones de violencia o prohibir las que realicen a su padre en prisión.

El paquete de medidas se complementa con otras de orden económico: subsidio de desempleo por 6 meses ampliable para las mujeres, prestación para todos los huérfanos y, para los que ostenten su patria potestad, desgravaciones fiscales en el IRPF y prioridad para entrar en programas de vivienda protegida.

Dentro del ámbito educativo, contempla incluir en todas las etapas formativas la prevención de la violencia de género, del machismo o de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad.

En el sanitario, destacan el uso de las consultas médicas, los centros o las farmacias como plataformas informativas, la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de la cirugía restauradora o la adopción de protocolos de cribado que permitan ayudar a la identificación de casos.

La batería de propuestas incluye una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital o desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes, entre otras muchas.