Carmen Calvo: “La sentencia de Estrasburgo no avala las devoluciones en caliente”

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asegura que el Gobierno no avala las devoluciones en caliente -una práctica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido en las fronteras españolas con Marruecos en los últimos meses- y tampoco cree que lo haya hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La dirigente socialista ha modificado el hasta ahora discurso oficial del Ejecutivo sobre ese asunto que ha levantado las suspicacias de sus socios de Unidas Podemos.

“Por mucho que se diga, la última sentencia no avala las devoluciones en caliente, no es verdad que avale las devoluciones en caliente”, ha afirmado Calvo en una entrevista en El Intermedio (La Sexta). El fallo de Estrasburgo levantó una condena a España por la devolución a Marruecos de un grupo de personas al entender que “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”.

La sentencia fue analizada con detalle por el Gobierno que en una primera instancia, a través del Ministerio del Interior, aseguró respaldaba el “gran trabajo de la Guardia Civil en la frontera” y, de hecho, sostenía que la sentencia daba “garantías jurídicas” a la actuación del instituto armado. En esa primera reacción, el Gobierno de Sánchez aseguró que acataría la sentencia y después suavizó el tono poniendo el foco en la necesidad de crear vías legales de entrada.

Preguntada por si entonces tampoco el Gobierno avala las devoluciones en caliente, Calvo ha contestado: “Evidentemente”. “Somos un Gobierno ejemplar en Europa”, ha afirmado la vicepresidenta, que ha explicado que se pone el énfasis en que no mueran personas que tratan de llegar a España por el Estrecho y también por la vía canaria. “Este es un Gobierno progresista con un compromiso absoluto con los derechos humanos”.

Calvo también se ha pronunciado sobre la tensión que ha surgido en el seno del Gobierno a propósito de la ley de libertades sexuales ante la preocupación del Ministerio de Igualdad de que se produjera un “bloqueo” de su tramitación. La principal discrepancia tenían que ver con la pretensión del departamento de Irene Montero de introducir el “solo sí es sí” en el Código Penal a través de esa nueva normativa mientras que los socialistas pretendían llevarla a cabo en una reforma integral de la legislación penal.

La presión de Unidas Podemos se ha trasladado a la primera reunión de la mesa de seguimiento del pacto y finalmente el Gobierno ha asegurado que había “consenso” en torno a esa normativa. El Ejecutivo da por zanjado el asunto y en Unidas Podemos entienden que el PSOE ha cedido. Calvo le ha restado importancia a esas fricciones.

“Cuando una ley entra en zonas de otros ministerios siempre hay ajustes, desajustes y necesidad de hablar. En todos los gobiernos del mundo. En este caso, al ser de dos partidos se le pone más foco pero es la normalidad absoluta”, ha explicado Calvo sobre la polémica.

La vicepresidenta primera también ha defendido la intención de Sánchez de modificar las penas del delito de rebelión porque considera que algunos tipos penales son “muy altos para determinadas circunstancias”, aunque ha desvinculado la decisión del hecho de que beneficiará a los condenados del procés. “Tenemos tipos penales que vienen del franquismo y de antes -ha expresado-. Hay que poner algunos tipos en el mismo plano que en Francia, Alemania o Italia”.

Calvo ha rechazado que suponga una debilidad que Sánchez haya aceptado que la mesa de diálogo con la Generalitat se reúna el 26 de febrero y no el próximo lunes como había planteado. “Hace casi nada estábamos incumpliendo leyes y procesando y en este momento ha sido un partido independentista el que ha procurado que no hubiera terceras elecciones”, ha dicho en referencia a ERC. La vicepresidenta considera que es “un cambio a mejor para todos”. No obstante, descarta que la negociación vaya a derivar en un referéndum de autodeterminación: “Estamos dispuestos a tener un acuerdo para que Catalunya siga estando en nuestro país, para que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido”.

La vicepresidenta primera ha anunciado que el próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros un decreto ley para paliar el conflicto del sector agrario con la que pretenden mejorar la situación de los agricultores con medidas relacionadas con la cadena alimentaria para evitar que vendan a pérdidas y también enfocadas a mejorar la situación respecto a las grandes distribuidoras.