En Comú denuncia “trato de favor” del Gobierno de Rajoy al colectivo de registradores por una normativa

La confluencia catalana se refiere en concreto a una normativa que el Gobierno de Rajoy aprobó el 21 de marzo, para regular los nuevos modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su presentación.

La principal novedad de dicha normativa, según explica el portavoz adjunto de Justicia de Podemos-En Comú-En Marea, “radica en la exigencia de identificación del titular real de las sociedades cuando dicha titularidad real corresponda a una o varias personas físicas”.

Dicha normativa introduce cuestiones que, según En Comú, apuntan a un “trato de favor” del Gobierno hacia el colectivo del que Rajoy ha vuelto a formar parte, al recuperar su plaza como registrador de la propiedad tras dejar la política cuando perdió la Presidencia del Gobierno.

En concreto, Moya se refiere al hecho de que el Gobierno de Rajoy otorgara al Registro Mercantil la tarea de recabar la nueva información requerida de las sociedades, a pesar de que la directiva europea a la que da cumplimiento “no concreta qué tipo de Registro Público debe recoger” esa información, “y que en el Estado ya existe una base de datos pública en el Consejo General del Notariado”.

CRÍTICAS DE LOS NOTARIOS

Moya señala que, “frente a ello, se han levantado diversas voces críticas, entre ellas, la del Consejo General del Notariado, que considera que la nueva normativa deja en entredicho el derecho a la intimidad de las personas que aparecen identificadas como titulares reales”.

“En este sentido, se apunta también un trato de favor por parte del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en favor del colectivo de Registradores, dentro del cual el anterior presidente del Gobierno ha vuelto a ejercer personalmente”, añade.

Por todo ello, el diputado de En Comú pregunta ahora al Gobierno si “considera que la modificación supone un trato de favor para el colectivo de registradores, en perjuicio del de notarios” y también, si tienen previsto “revisar parcial o totalmente dicha normativa”.

Asimismo, Moya pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare si cree que la nueva normativa “garantiza la protección de la privacidad de la identidad de los titulares reales de las sociedades”, y si considera que “el depósito de estos datos junto con las cuentas anuales es la medida más adecuada a la necesidad de control del blanqueo de capitales”.