Crisis política en Bélgica por la negativa del secretario de Asilo a dar visados a una familia siria

La negativa del secretario de Estado belga de Asilo, Theo Francken, a conceder visados humanitarios a una familia siria que intenta salir de Alepo, en contra de la opinión de los jueces, ha iniciado una crisis política en Bélgica, que preocupa también al poder judicial.

El origen de la polémica es el rechazo por parte de Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, a otorgar visados a una familia siria de Alepo con dos hijos de cinco y ocho años, después de que una familia belga de Namur (sur del país) aceptara su acogida.

La Justicia del país considera que el Estado belga está obligado a otorgar un visado a la familia siria.

La primera decisión judicial al respecto la emitió el Consejo de Contenciosos en materia de Inmigración el pasado 20 de octubre y ha sido después ratificada por otras dos instancias judiciales.

Sin embargo, el secretario de Estado cree que dar esos documentos crearía un “precedente peligroso” que haría perder a Bélgica “el control de sus fronteras”.

Como consecuencia, la Justicia reclama ahora a Francken una multa de 1.000 euros por cada miembro de la familia y cada día que pase sin que se ejecute la decisión judicial (es decir, 4.000 euros al día), aunque Francken ha advertido de que recurrirá a todas las vías legales existentes para no pagar la multa.

Muchos políticos de la oposición han mostrado su rechazo a la actitud del secretario de Asilo.

“Esperamos que se ajuste a una decisión de la Justicia, como cualquier ciudadano”, dijo hace unos días la socialista francófona Julie Fernández-Fernández.

El presidente de Valonia, el socialista Paul Magnette, llegó a anular recientemente una reunión con Francken como señal de ese rechazo.

El último capítulo de la polémica ocurrió este martes, cuando un agente judicial se personó en el despacho del secretario, para reclamarle la multa impuesta.

Por su parte, el colegio del Ministerio público belga denunció en un comunicado las declaraciones de Francken, al considerar que suponen un ataque a la separación de poderes, así como la campaña lanzada por el N-VA en apoyo del secretario de Asilo en las redes sociales.

Además, recordó que las reglas del Estado de derecho “se aplican a todos” y que el poder ejecutivo no puede inmiscuirse en las decisiones de la justicia ni cuestionar la imparcialidad de los miembros del poder judicial.