Eurodiputados piden el cese de la “criminalización de la solidaridad”

Un total de 18 eurodiputados enviaron una carta al vicepresidente del Parlamento Europeo (PE), Frans Timmermans, para pedir un cambio en las políticas migratorias de la Unión Europea (UE) que “criminalizan la solidaridad y la ayuda humanitaria”, según consta en la misiva.

Esta petición se formula en relación al caso del bombero Miguel Roldán, que está siendo investigado por la Justicia italiana por rescatar migrantes en el mar Mediterráneo.

El malagueño Roldán, de 32 años, y otros nueve compañeros -un portugués, una escocesa y siete alemanes- podrían enfrentarse a un máximo de veinte años de prisión por un presunto delito de cooperación con el tráfico de personas.

Los hechos ocurrieron en junio de 2017, cuando rescataron a cientos de personas en el mar Mediterráneo durante los veinte días que estuvieron a bordo del barco “Iuventa”, de la ONG alemana “Jugend Rettet”.

El caso se encuentra ahora en fase de instrucción y parte del sumario está bajo secreto hasta el verano y el juicio está previsto para finales de año.

En la misiva, los eurodiputados, la mitad de ellos españoles, destacaron que “la solidaridad en el mar no puede acabar entre rejas” y pidieron, entre otras cosas, cambios en las políticas de asilo.

También recordaron el parecido de este caso con el de los tres bomberos de la ONG “Proem-aid”, que fueron acusados por la Justicia griega de tráfico de personas, aunque finalmente fueron absueltos.

El eurodiputado Miguel Urbán (Podemos) señaló en declaraciones a la prensa que esta “criminalización de la solidaridad” no solo procede de la extrema derecha, también de la UE porque, afirmó, “la primera en señalar a los barcos humanitarios fue Frontex (la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores)”.

“Primero desapareció la campaña pública (de la UE) de rescate en el Mediterráneo, y después criminalizaron a las ONG”, añadió.

En este sentido, Urbán destacó que además del “Iuventa” operaban de media unas diez organizaciones; pero ahora no quedan barcos, por lo que cada vez hay menos “testigos incómodos” para aportar cifras sobre el número de muertes en el Mediterráneo.

Según Urbán, las fronteras se están trasladando del Mediterráneo al Sahel, donde se están cortando los pozos de agua para controlar las rutas migratorias.

Además, subrayó que Níger, el país más pobre de África, está recibiendo personas migrantes que huyen de Libia.

Por su parte, Miguel Roldán destacó el calvario al que se enfrentan las personas que se lanzan al Mediterráneo huyendo del “infierno” de Libia, que a menudo son saqueadas, apaleadas y violadas.

Respecto al juicio, Roldán explicó que no puede preparar su defensa hasta que se levante el secreto de sumario, pero se muestra convencido de que salvar vidas no es un delito: “Siempre estábamos a 17 millas de la costa libia, en aguas internacionales con jurisprudencia italiana, respetando las normativas hasta el punto de que tuvimos que ver gente morir”, explicó.

Roldán destacó que recoger cuerpos sin vida del agua cristalina es una de las partes más duras de las operaciones de rescate, y que las ONG en el Mediterráneo solo son “un parche”, y son las instituciones las que deben hacerse cargo porque “lo que se está produciendo allí es una masacre”.

“A día de hoy nos parece una barbaridad el Holocausto y han pasado los años y tenemos una situación igual y no estamos haciendo nada”, sentenció Roldán.

En 2018, desaparecieron 2.262 personas en el mar Mediterráneo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).