La Fiscalía pide a periodistas peruanos entregar audios que incriminan a jueces

El fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez pidió hoy a los periodistas Gustavo Gorriti y Rossana Cueva entregar los audios originales de las conversaciones que incriminan a varios jueces y magistrados peruanos con presuntos actos de corrupción, así como revelar las fuentes de dicha información.

El fiscal Rodríguez le dio a los directores del portal IDL-Reporteros y del programa Panorama, respectivamente, un plazo de tres días, pues de lo contrario los comunicadores serán acusados por desobediencia a la autoridad, según los oficios remitidos hoy por su despacho.

“Obviamente, no vamos a decir quién es la fuente”, respondió Cueva y anunció que el próximo domingo habrá nuevas revelaciones sobre los audios comprometedores que han generado un escándalo en el sistema judicial peruano y un anuncio de reforma integral por parte del Ejecutivo.

“Me llama la atención que la torpeza la pueda cometer un fiscal supremo, que está al tanto de todo. Si en tres días no se cumple, se nos acusará de un delito”, agregó la experimentada periodista.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió una alerta en sus redes sociales con el anuncio de que “la Fiscalía suprema amenaza con procesar” a IDL Reporteros y al programa Panorama, “si no revelan sus fuentes”.

Ambos periodistas eludieron hoy acudir a una citación que les hizo la comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga los presuntos actos de corrupción y prevaricación denunciados contra los magistrados, acogiéndose a su derecho a proteger a sus fuentes.

Las grabaciones de conversaciones telefónicas difundidas por IDL-Reporteros desvelan negociaciones e intercambio de favores entre jueces y altos funcionarios de la magistratura para repartir puestos judiciales y fiscales e intervenir en procesos penales.

Esto implica al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, César Hinostroza, a quien se le escucha ofrecer la absolución para un condenado por violación a una menor de 11 años, entre otras negociaciones irregulares.

También involucra al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y a tres miembros del Consejos Nacional de la Magistratura a los que el Congreso puede denunciar constitucionalmente para despojarlos de sus cargos.

El pasado martes, el fiscal adjunto anticorrupción Rodrigo Rurush se presentó sin previo aviso en la sede de IDL-Reporteros para una diligencia de exhibición e incautación.

Tras la visita del fiscal, su director Gustavo Gorriti explicó a otros periodistas que la intención de incautar sin autorización judicial el material de la investigación periodística “representaba una violación a los principios fundamentales de libertad de prensa protegido por leyes internacionales y por las propias leyes peruanas”.

El periodista consideró que la diligencia “tenía todos los visos de ser una acción coercitiva, por la forma en que se hizo”, dado que todavía hay documentos pendientes de publicar que pueden empeorar la situación de los magistrados implicados.