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El Gobierno tiene ya el "sustento jurídico" para sacar a Franco del Valle de los Caídos

Pedro Sánchez tiene ya en su mano decidir "cómo y cuándo quiere hacerlo", según fuentes gubernamentales

El Ejecutivo había enfriado la expectativa de retirar los restos del dictador en julio: el horizonte temporal ahora es "durante o al final del verano"

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El Gobierno de Sánchez dice que "hay acuerdo" con familia Franco, según El Mundo

Vista del Valle de los Caídos. EFE

Pedro Sánchez tiene ya en su mano decidir "cómo y cuándo quiere" sacar a Franco del Valle de los Caídos. Según fuentes gubernamentales, el Gobierno ya tiene el "sustento jurídico" necesario para sacar los restos del dictador y llevarlos a otro lugar a pesar de no contar con el visto bueno de la familia ni con su voluntad de hacerse cargo, al menos por el momento, del cadáver. 

"Estamos en condiciones de aportar todo el sustento jurídico en cuanto Moncloa tome la decisión que estime conveniente", señalan fuentes del Ejecutivo. El Ministerio de Justicia trabajaba en informes que dieran respuestas legales a las posibles "complicaciones" que surgieran en el proceso de retirar a Franco, sobre todo a raíz de la negativa de su familia a proceder a la exhumación. 

Presidencia del Gobierno tiene ya sobre la mesa las opciones posibles, que por ahora se guardan con celo. Ahora corresponde a Sánchez decidir el camino que toma; pero en el Ejecutivo están convencidos de que han logrado sortear las complicaciones. 

El Gobierno admitió a  principios de esta semana que tenía aún dificultades para llevar a cabo la promesa de Sánchez de retirar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos. José Luis Ábalos reconoció en una entrevista en El Mundo sus dudas de que la exhumación pudiera llevarse a cabo en julio, como inicialmente pretendía Moncloa. Ahora el horizonte temporal es "breve", como dijo Sánchez en el Congreso este martes, pero más indeterminado: "Se hará a lo largo del verano o al final del verano", señalan fuentes oficiales de Moncloa.

El principal escollo que se ha encontrado el Gobierno para llevar a cabo el mandato del Congreso ha sido la oposición de la familia del dictador, que  ha llevado incluso al prior del Valle de los Caídos a atrincherarse esgrimiendo un acta notarial firmada por los siete nietos del dictador con la que amenaza con denunciar al Gobierno por profanación de tumbas si toca el cadáver. 

Sin embargo, el Gobierno sostuvo desde un inicio que llevaría a cabo la exhumación aunque no contara con el visto bueno de la familia, pero quería tener todos los cabos atados. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, admitió en una entrevista en la Cadena SER que si la familia hubiera aceptado la recepción de los restos de Franco, todo habría sido más sencillo y más rápido; pero insistió en la intención del Gobierno de iniciar el procedimiento. 

Con la negativa, el Gobierno tendría que encontrar una nueva ubicación en la que  depositar los restos. No obstante, fuentes gubernamentales creen que aún cabe un cambio de última hora en la familia "para hacerse cargo" del cuerpo. 

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