Imbroda, satisfecho por archivo del TS, se querellará contra los denunciantes

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Supremo de archivar las actuaciones contra él al descartar prevaricación y malversación de caudales públicos en el reparto de la publicidad institucional en la Ciudad y ha anunciado que se querellará.

En rueda de prensa, Imbroda ha dicho que ha estado “cinco años aguantando” a que llegara el final de este caso para “meterle una querella” al exdiputado de Populares en Libertad (PPL) Julio Liarte, autor de la denuncia interpuesta en marzo de 2013, después de que el Tribunal de Cuentas resolviera que “no había lugar a nada y todo era legal”.

Según Imbroda, Liarte “estaba buscando cárcel” al afirmar en su denuncia que los hechos eran “extraordinariamente graves” porque revelaban “una actuación irregular de la Administración” y parecían “encubrir el pago de servicios no prestados y la consecución de fines ajenos al interés público”.

“Esto es muy gordo. Ahora me va a decir en un juzgado dónde está el pago de los servicios no prestados, porque este individuo nos decía que dábamos dinero a los medios de comunicación a cambio de nada. Lo peor de lo peor”, ha aseverado Imbroda.

El presidente melillense ha subrayado que el Supremo ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones por no ser constitutivos de ilícito penal alguno, una decisión por la que se ha mostrado satisfecho, aunque ha admitido que la esperaba porque así lo apuntaban también informes técnicos de la Ciudad Autónoma y la Fiscalía.

De todos modos, también ha dicho ser consciente de que esto “es una batalla más” y que no ha ganado “la guerra” emprendida hace unos años por algunos “para derrotar al PP no por la vía de las urnas, porque no pueden soportar que desde el año 2000 esté ganando todas las elecciones y tienen que buscar medios espurios para que esto se equilibrara”.

Ha lamentado que, aunque haya ganado la batalla, este caso haya tenido sus “víctimas”, entre ellas la propia Ciudad Autónoma y los medios de comunicación con los que tenía suscritos convenios para la inserción de publicidad institucional, a los que debe 775.000 euros de servicios no pagados tras tener que paralizar el trámite a raíz de la denuncia.

Ha insistido en que los convenios con los medios de comunicación no eran subvenciones ni la publicidad insertada era propaganda y ha reiterado que se hicieron basándose en un dictamen del Tribunal de Cuentas, de modo que dichos convenios “eran lícitos” y, si no fuera así, “tendrían que llevarse por delante a muchas comunidades y ayuntamientos”.

A juicio de Imbroda, el auto del TS es “un monumento para dejar las cosas claras” en cuanto a las condiciones que se deben dar para que haya un delito de prevaricación, y sobre todo respecto a que “elevar las disputas y dudas administrativas a la categoría de lo penal es un absurdo”.