Liberan a cuatro de los condenados por la masacre de 2012 en Paraguay

Cuatro personas condenadas el lunes a cuatro años de cárcel por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de seis policías y once campesinos y el cese del presidente Fernando Lugo, recuperaron hoy su libertad al cumplir su pena con la reclusión preventiva que mantienen desde ese año.

Los once acusados por el caso fueron condenados este lunes a penas de entre 4 y 30 años de prisión en relación con la muerte de los policías, mientras que la Fiscalía nunca investigó la muerte de los once labriegos muertos.

Alcides Ramírez, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori y Juan Carlos Tillería, sentenciados a cuatro años de prisión por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, pusieron fin hoy a los cuatro años de encierro acumulados desde 2012, confirmó a Efe el abogado defensor Pablo Darío Aguayo.

Además de ellos, las tres mujeres procesadas, Fany Olmedo, de 23 años, Dolores López, de 26 años, y Lucía Agüero, de 28 años, retornaron hoy a su hogares en el distrito de Curuguaty (este), bajo custodia policial y para cumplir dos años de arresto domiciliario.

Las tres fueron condenadas a 6 años de pena privativa de libertad, ya que el tribunal las consideró cómplices del homicidio doloso de los seis policías que fallecieron durante la masacre de Curuguaty, y sobre cuyas muertes versó la investigación fiscal.

El tribunal consideró que desde 2012 hasta hoy las tres mujeres ya cumplieron con cuatro años de su pena, que completarán con otros dos años de arresto en sus domicilios, a los que se desplazaron junto a sus hijos.

Aguayo precisó que, debido a que ya han cumplido con dos terceras partes de su condena, durante la que siempre han manifestado “muy buena conducta”, queda abierta la posibilidad de tramitar su libertad condicional.

El resto de procesados como coautores de homicidio doloso, Luis Olmedo, condenado a 20 años de cárcel, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, condenados a 18 años, fueron trasladados al penal de Emboscada, próximo a Asunción.

Por su parte, Rubén Villalba, considerado autor de homicidio doloso consumado y sentenciado a 30 años de prisión y 5 años de medidas de seguridad, regresó a su celda del penal de Tacumbú, en Asunción, donde guarda reclusión desde el año pasado, cuando fue condenado a 7 años de cárcel por una causa de 2008.

Aguayo manifestó su “profundo dolor y decepción” con la actuación de la Justicia paraguaya, que “masacró de forma pública, alevosa y pornográfica las garantías constitucionales, al condenar sin pruebas a personas inocentes”.

“El órgano acusador de la Justicia paraguaya mantiene su careta democrática, pero en realidad oculta toda la violencia estatal que se utilizaba en la dictadura”, dijo.

El abogado añadió que “las oficinas de Augusto Montanaro y Pastor Coronel, dos represores en la dictadura (1954-1989), se han trasladado al Ministerio Público, que acusa y planta pruebas fuera de las reglas del debido proceso”.

Advirtió de que la sentencia contra los campesinos “todavía no ha quedado firme” y desde el próximo lunes los defensores tendrán diez días para tramitar su nulidad ante la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá, a la que corresponde la jurisdicción de Curuguaty, o por casación directa ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Si se agotan estas vías, los defensores plantean trasladar el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos).

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).